Si recorrer el paisaje arrasado por el fuego en la Reserva Nacional China Muerta es devastador, más triste aún es hacerlo en compañía de un pehuenche. La gente del pehuén, la gente de la araucaria o del piñón, como algunos les llaman, depende casi exclusivamente de lo que la naturaleza les entrega año a año a través del árbol araucaria araucana, declarado monumento natural en 1990 y que tiene total prohibición de ser cortada o explotada en el territorio nacional.

Los pehuenche basan su economía familiar en el aprovechamiento ecológico y sustentable de su entorno cordillerano, utilizando el piñón para el comercio y su alimentación, o el follaje que crece junto a araucarias y árboles nativos para pastorear sus animales en sectores llamados "veranadas", una vez que la nieve se ha ido. Pero hoy, el fuego que ya ha sido declarado bajo control, no sólo amenaza el entorno natural y su patrimonio, sino también la subsistencia familiar y en el caso de la localidad de Quinquén, toda una tradición de cuidado del medio ambiente, que parte en su pequeña escuelita y se replica en cada hogar. Por eso que a los 15 "brigadistas", contratados por Conaf para combatir el incendio que se acercaba desde China Muerta, se sumaron además 20 voluntarios que -dicho sea de paso- se encontraban sin trabajo, ya que aquí el desempleo cala hondo. Sin embargo, y sólo con la implementación entregada, la alimentación diaria y sin seguro en caso de accidentes -a diferencia de otros voluntarios que llegaron-, decidieron salir a combatir en la línea de fuego el incendio que amenazaba su hogar. Y lo lograron, aunque no sin la pérdida milenaria que ya es evidente, tanto en la fauna nativa, como en los miles de árboles que se quemaron.

La vida en la cordillera no es fácil y una vez que llegue la nieve, a la soledad y el abandono de estas zonas inhóspitas, se sumará la desesperación de las madres pehuenches que este invierno no tendrán su sustento habitual. Sus araucarias ya no están, y así tampoco los piñones que son base de su economía familiar. Una reacción oportuna de las autoridades -a diferencia de la que tuvieron al comenzar este incendio- sería implementar una ayuda extraordinaria a las familias afectadas, un "bono pehuenche" que les permita continuar con su vida normal, conservar sus tradiciones y seguir haciendo patria en una de las fronteras más agrestes de nuestro territorio nacional.

Ricardo Barría,

En cada una de las catástrofes que han azotado al país -y que son varias y regulares en el tiempo-, es habitual que los municipios sean los que primero reaccionan, dentro de sus ajustadas atribuciones y recursos, para intentar llevar socorro a los damnificados y normalizar complejas situaciones atravesadas por la tragedia, el desamparo y las carencias de alimentación y servicios básicos. Salvo que el aparato municipal no haya sido prácticamente anulado por completo por algún terremoto, tsunami, aluvión u otro, son los alcaldes los primeros representantes del aparato estatal en los territorios amagados, a quienes la comunidad empieza a implorar, primero, y a exigir, después, una rápida respuesta institucional para regresar a la normalidad. Se vio en los terremotos del 27 de febrero de la zona central y en el del norte, en abril del año pasado; y se está viviendo desde hace un par de semanas en la Región de Atacama con el impresionante desborde de los ríos.

Quienes han expuesto claramente este tema son los jefes comunales de Melipeuco y Lonquimay, que acudieron esta semana a una sesión de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado que está discutiendo la creación del Sistema Nacional de Emergencias y la Agencia de Protección Civil. Ambos contaron ante los parlamentarios la experiencia que tuvieron frente al desastre ecológico provocado por el mega incendio de la Reserva Nacional China Muerta y del Parque Nacional Conguillío, que durante tres semanas quemaron poco menos de siete mil hectáreas de bosque nativo.

Los dos alcaldes coincidieron en la necesidad de traspasar a los municipios, en virtud de estar en la primera línea de cualquier catástrofe, mayores atribuciones y recursos para reaccionar con prontitud y eficacia, pues hasta ahora dependen en demasía de las decisiones que toma el Estado desde aparatos que usualmente se encuentran demasiado centralizados, como la actual Onemi o Conaf. Para una mejor respuesta, qué duda cabe, requerirán de más personal, recursos y facultades. Y con esto, como es lógico, más responsabilidades.

En concreto, cualquier nueva institucionalidad para la gestión de emergencias debe incluir, necesariamente, a los municipios del país.