Lo ocurrido el pasado domingo en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso, en el marco de la definición del Campeonato de la Primera División del Fútbol Profesional chileno, fue sencillamente escandaloso y una muestra más de que la delincuencia se ha impuesto sobre la voluntad de la autoridad para erradicar la violencia en los estadios.
Un plan de seguridad mal diseñado, sin respuestas a tiempo y con un descontrol brutal por parte de un grupo de antisociales dejan en evidencia que las estrategias, tanto del Gobierno como de los mismos clubes que participan en la competencia nacional, han fracasado.
El Plan Estadio Seguro, que nació con el fin de terminar con la violencia en los recintos deportivos y que las familias volvieran a ser parte de la actividad deportiva, como lo fue tradicionalmente en antaño, salvo algunas pinceladas no ha tenido la eficiencia para la cual fue fundado.
El Plan debutó en abril de 2011, bajo la promesa de "recuperar los estadios como lugar de sana recreación y esparcimiento para las familias y los verdaderos hinchas del fútbol". Esta política nació al alero del programa "Chile Seguro", de la naciente Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Sin embargo, hasta el momento, los resultados no son los esperados.
Y lo registrado en Valparaíso, entre las barras bravas de Colo Colo y Santiago Wanderers, deja en evidencia que falta mayor rigurosidad y medidas más efectivas por aplicar.
Tras los incidentes de vandalismo, la autoridad ha señalado que los partidos de alta complejidad se jugarán sin público, como advirtiendo en esa decisión una solución al problema. De acuerdo a la experiencia en países desarrollados, la solución no pasa por este tipo de resoluciones, en donde se afecta al hincha de verdad, a aquel que asiste al estadio con el único afán de disfrutar el espectáculo.
Si se llega a esa decisión el único ganador será el delincuente. Lo aquí falta es la aplicación rigurosa y efectiva de la ley.