Días después de que el Ministerio Público lo citara a declarar como imputado en la investigación del caso SQM, el director ejecutivo del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, Ricardo Brodsky, decidió presentar su renuncia ante el directorio de la entidad.

Tras una reunión sostenida durante la noche del martes, Brodsky entregó una carta de renuncia al resto del directorio, junto con responder algunas preguntas de las demás autoridades, instancia en la que habría negado todos los cargos que se le imputan, según publicó ayer La Segunda.

De acuerdo con ese medio, se investiga a Brodsky como facilitador de boletas a SQM para la campaña municipal de la actual alcaldesa de Santiago, Carolina Tohá.

De igual modo, por haberse reunido en septiembre de 2015 con el periodista de la edil, Claudio Canales, quien también trabajó en el Museo de la Memoria, a quien habría incitado a falsear su testimonio ante la justicia, según declaró Canales a la Fiscalía.

"Lo hago convencido de mi inocencia", dijo Ricardo Brodsky respecto de su decisión.

En tanto, uno de los miembros del directorio de la fundación expresó que "teníamos que resguardar el bien del museo" y aseguró que la entidad ya había decidido pedirle la renuncia antes de que él mismo la presentara. La alcaldesa Tohá, miembro del directorio del museo, no asistió a la reunión.

Una querella por Ley de Seguridad Interior del Estado interpuso el ministro del Interior (s), Mahmud Aleuy, a raíz del ataque que seis encapuchados perpetraron la mañana de ayer en contra de seis camiones en Tirúa (Región del Biobío). La autoridad dijo que la decisión se produjo "tras analizar los graves hechos ocurridos en un comité policial extraordinario". El ataque fue calificado como "gravísimo" por la autoridad, ya que además de disparar armas largas y lanzar bombas molotov a un convoy de camiones, este iba escoltado por Carabineros. "Esperamos que la acción policial, en coordinación el Ministerio Público, pueda dar con el paradero de estos delincuentes", agregó.

A un día de su entrada en vigencia, sostenedores y apoderados de colegios particulares subvencionados lanzaron una campaña en contra de la Ley de Inclusión, que prohibe el lucro, termina con el copago y pone fin a la selección, y sobre la cual acusan "falta de información" y "vacíos". "¿Por qué nos obligan a cambiar algo que estaba funcionando bien?", dice una apoderada de uno de los colegios ligados a la Conacep en un video donde piden cambios a la normativa. Uno de los principales puntos que critican es el instructivo que emitió la Superintendencia de Educación que señala que ningún estudiante podrá ser suspendido o expulsado por su presentación personal.