Con el objetivo de discutir los hechos de violencia que afectan a las regiones de La Araucanía, así como también en el Bío Bío y Los Ríos, y la implementación del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas de la Organización Internacional del Trabajo, integrantes de la Asociación de Municipalidades con Alcaldes Mapuche (Amcam) se reunieron en Santiago con el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, a quien también expresaron su rechazo a la petición de decretar Estado de Excepción en aquellas regiones, según lo solicitado por la Confederación de Producción y del Comercio.

Una investigación de carácter desformalizada es la que está llevando a cabo el fiscal Roberto Garrido en contra de quienes resulten responsables tras un incidente ocurrido el pasado 21 de septiembre al interior de la Policía de Investigaciones de Temuco.

Según explicó el propio Garrido, la investigación vigente tiene su origen en un "proceso administrativo que está desarrollando la PDI ya que, se estimó que correspondía formular una denuncia por hechos que eventualmente podrían ser constitutivos de delito y se inició la investigación para el esclarecimiento de esos sucesos".

Los antecedentes fueron puestos a disposición de la Fiscalía por el propio Departamento Quinto de la PDI, el pasado 1 de marzo y dicen relación con un altercado entre los comisarios Bárbara Carrasco y Héctor Arriagada que terminó con la primera constatando lesiones leves.

La discusión se habría originado por una eventual grabación sin consentimiento por parte de Arriagada hacia Carrasco, quien al darse cuenta, increpó al policía sin que el aludido reconociera los hechos.

Aquello motivó que ambos le comunicaran por escrito al prefecto regional, Luis López Leiva, quien le aplicó una sanción de cinco días de arresto a la comisario Carrasco, medida que fue posteriormente dejada sin efecto por el Departamento Quinto de la misma PDI.

Declaraciones

Consultado el fiscal Garrido por quienes han prestado declaración, éste refirió que los involucrados han entregado sus versiones, no así el prefecto regional, Luis López, aunque luego aclaró que de momento "no tenemos antecedentes que nos permitan formular una imputación concreta en contra de nadie", sentenció el persecutor de la Fiscalía Local de Temuco.

Como una pésima señal calificó el diputado UDI Gustavo Hasbún, la sentencia dictada por el Tribunal de Juicio Oral de Temuco en contra del tractorista José Pedro Cañete Paredes, quien fue condenado a cinco años y un día por la muerte de un comunero mapuche en el fundo Nilpe en el año 2014 en Galvarino, Región de La Araucanía.

"Al parecer en nuestro país sólo existe justicia para delincuentes, y terroristas que constantemente atacan a gente esforzada y trabajadora. La condena a José Cañete es una pésima señal para nuestro país, la justicia chilena hoy ha perdido toda imparcialidad, justificando lo indefendible", aseguró el diputado Gustavo Hasbún.

El parlamentario fue enfático en señalar que "la condena que han hecho los jueces, no sólo demuestra que no están impartiendo justicia, sino que también demuestra la falta de objetividad al momento de sancionar drásticamente a quienes cometen delito. Queda demostrado que las víctimas están siendo condenadas y los delincuentes quedando en libertad".

Hasbún manifestó que José Cañete actuó en defensa propia cuando era atacado por un grupo de encapuchados, e intentó huir en su tractor para no ser agredido. "Este es el mundo al revés, este es un mundo donde nuestros jueces están más preocupados de defender los derechos de los delincuentes, defender a terroristas que defender a aquellas personas que están siendo víctimas de la violencia política, de los grupos subversivos que operan en la Región de La Araucanía".

El legislador declaró que "esta es una señal tan negativa que solamente vuelve a generar un manto de impunidad tremendo que va a afectar sin duda, no sólo la fe pública sino que desde ahora los violentistas se van a sentir amparados y protegidos por los jueces, quienes no están impartiendo justicia en forma objetiva sino que lo están haciendo con un sesgo político importante".

Lorenzo Lovera

El fiscal jefe del Biobío, Julio Contardo, cerró el pasado 25 de enero la investigación en contra de su colega, Miguel Ángel Velásquez, por el presunto delito de obstrucción a la investigación del caso Hagan y tras ello, llegó a la convicción de que no hubo delito alguno y solicitó audiencia para discutir el sobreseimiento del persecutor que investigó la muerte de la psicóloga.

Tras cinco meses, el persecutor Contardo no encontró razones fundadas para acreditar lo que en su minuto denunció el abogado de Domingo Cofré, Javier Jara Müller, de que Velásquez no puso en conocimiento de los intervinientes un peritaje huellográfico que aportaba más antecedentes a la causa que conmocionó a Temuco en septiembre de 2014.

Respecto de aquello, el fiscal jefe del Biobío explicó en un escrito fechado el 29 de enero de 2016 que "los hechos denunciados no son constitutivos de delito" agregando a renglón seguido que "en la acusación no se ofreció como prueba de cargo el referido informe pericial, el que había sido recepcionado en Fiscalía el 19 de mayo", tres días antes de presentar dicha acusación.

Acto seguido, Contardo refiere que "el fiscal Velásquez no estuvo en condiciones de conocer la existencia del referido peritaje antes de deducir la acusación y que, no obstante a lo anterior, quedó incorporado físicamente en la carpeta de investigación y a disposición de los demás intervinientes".

Por lo mismo, desde el Ministerio Público solicitaron fecha para la realización de una audiencia y debatir dicho sobreseimiento, situación que fue zanjada el pasado 4 de marzo cuando, la jueza Caroline Guzmán, fijó para el próximo 22 de abril, en el Juzgado de Garantía de Temuco la sesión para acoger o no lo solicitado por el Ministerio Público.

Defensa cofré

Extrañeza causó en el abogado Javier Jara la noticia de que la Fiscalía del Biobío solicitó una audiencia para alegar el sobreseimiento definitivo del persecutor jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad, Miguel Ángel Velásquez, quien investigó desde el primer momento el crimen de la psicóloga al interior del colegio Bautista de Temuco.

Sobre aquello, Jara Müller aseguró que "no fui notificado por parte del fiscal a cargo y el asistente respecto del sobreseimiento definitivo" y que eso "puede afectar los derechos del denunciante".

El aún defensor de Cofré explicó que dichas explicaciones deben hacerse efectivas por transparencia y probidad pública, precisando además que si lo resuelto por el fiscal Julio Contardo "está en conformidad a derecho, no tenemos nada que decir de la conducta del señor Velásquez como lo denunciado en este caso", sentenció.

Consultada la Fiscalía Regional de La Araucanía por la resolución del órgano del Biobío, éstos manifestaron que no se iban a referir ya que era una investigación que no se originó en la jurisdicción.

25 enero la Fiscalía del Biobío cerró la investigación contra el fiscal jefe de la Fiac, Miguel Ángel Velásquez.