Lorenzo Lovera Seguel

En siete oportunidades el Estado de Chile ha sido demandado por víctimas del conflicto mapuche en La Araucanía. Todas esas acciones legales han pretendido que el Fisco les cancele sumas que ascienden a $6.253 millones desde el año 2011 a la fecha.

Eso sí, los distintos juzgados y tribunales de la Región y el país, sólo han encontrado mérito en dos de ellas - Matías Catrileo y Francisca Linconao - obligando al Estado a cancelar $130 y $30 millones respectivamente por la vulneración de derechos por parte de agentes del Estado. En el primer caso, la madre y hermana del joven asesinado en 2008 donaron el dinero a una fundación.

En los otros casos como los del agricultor Pío Seco; la viuda del cabo Héctor Gallardo Aillapán, Carmen Roa, el agricultor Edgardo Fonseca y el transportista Alejo Vielma - que en total suman $2.093 millones - sus causas han sido denegadas o aún están en trámite, como lo es en el caso de Vielma, quien perdió siete máquinas el 1 de enero de 2015.

Todas esas causas han sido tramitadas por el abogado Gaspar Calderón, quien sobre los procesos comentó que para ganarlas "tenemos que esperar que se dé un cambio tiene que darse una conversión política de franqueza, porque aquí todo el mundo, políticos, dirigentes, autoridades, buscando fama se alían a una causa que es indefendible; aquí la violencia no puede seguir ocurriendo".

Calderón hizo hincapié que en países como Colombia, España y Francia "los actos terroristas han sido castigados y han sido indemnizadas las víctimas. El único país donde esto no ocurre es aquí, en Chile, en La Araucanía".

Último Antecedente

El 21 de diciembre pasado, los cuatro hijos del matrimonio Luchsinger-Mackay ingresaron una demanda por daño moral contra el Estado por $4.000 millones, la que fue acogida por el 2° Juzgado Civil de Temuco.

Consultado el abogado que patrocina la causa, Fabrizio Sobino Montalba, éste indicó que las resoluciones adoptadas hasta la fecha no les complican, ya que "desde el punto de vista legal estimamos que existen las pruebas y esas se van a rendir en el término probatorio respectivo, que se está tramitando en el 2° Juzgado de Civil de Temuco por daño moral en contra del Estado".

Sobino, por último, precisó que el monto solicitado por cada uno de los cuatro hijos del matrimonio Luchsinger-Mackay alcanza los mil millones de pesos - en total $4 mil millones - y aseguró que la demanda se sustenta "en la falta de servicio de los órganos de la administración del Estado".

La machi

Uno de los últimos antecedentes favorables - y que también se enmarca en la causa Luchsinger-Mackay - encontró razón en la denuncia hecha por la machi Fransica Linconao Huircapán en abril del año 2014 luego de que carabineros allanara su vivienda el mismo día de la muerte del matrimonio.

Según se expuso en la demana, esa jornada, los efectivos policiales "desarrollaron el operativo con mucha violencia, pasaron solos el portón de acceso al hogar y cuando salió a recibirlos su hermana, la apuntaron inmediatamente con unas armas de fuego largas".

Ese y otros argumentos fueron acogidos en octubre de 2015 por la jueza del Primer Juzgado Civil de Temuco, Sandra Valenzuela, quien ordenó al Estado a pagar la suma de $30 millones por concepto de daño moral, basándose entre otras cosas ya que los efectivos de la Sipolcar actuaron "sin mediar respeto alguno en su condición de autoridad del pueblo mapuche, la detuvieron y con ello, afectaron su dignidad".

Indh

Desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos, ven de manera favorable que el Estado repare el daño en caso de acreditarse los hechos demandados.

Eso sí, Federico Aguirre, indicó que en los casos relacionados a la machi Linconao y Matías Catrileo "es evidente que la responsabilidad es distinta. Hay una participación en tanto han participado agentes públicos del Estado en la ocasión de los daños y ahí hay una responsabilidad directa".

Acto seguido, Aguirre precisó que el Estado puede ser responsable por omisión, indicando que "cuando entre particulares se suscitan conflictos y el Estado no es capaz de resolver adecuadamente puede surgir la responsabilidad en materia de Derechos Humanos, aún cuando se trate de una situación entre particulares", concluyó.

"Tiene que darse una conversión política de franqueza, porque aquí todo el mundo, políticos, dirigentes, autoridades, buscando fama se alían a una causa que es indefendible".

Gaspar Calderon, abogado víctimas conflicto"

millones ha sido el monto que la justicia ha obligado a pagar al Estado en compensaciones a las víctimas del conflicto mapuche en La Araucanía. $160