Andrea Arias

Ni simple ni rápida. Así ha sido la tramitación legislativa de la Ley Antiterrorista, en donde hasta hace unas semanas existían tres proyectos, pero luego que se rechazara el de la Cámara de Diputados quedaron los dos del Senado, iniciativas que fueron refundidas en marzo de 2015 y que buscan describir de manera objetiva los delitos terroristas, junto con registrar su accionar como medio probatorio.

Una de estas iniciativas fue elaborada por el Ejecutivo y la otra es una moción que pertenece a un grupo de senadores de RN, cuyo autor es Alberto Espina.

Plazos

Muchas han sido las voces en La Araucanía, desde los fiscales hasta los gremios, que piden con urgencia una nueva legislación que deje atrás la Ley 18.314, sin embargo, el trámite legislativo que busca determinar las conductas terroristas, su penalidad y modifica los Códigos Penal y Procesal Penal está contra el tiempo.

Así lo cree el senador Alberto Espina (RN), quien además es miembro de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado. "Hay dos proyectos, uno es del Gobierno de la época de Peñailillo y el otro es de los senadores de RN, ambos fueron refundidos y aprobados en general, es decir, la idea de legislar, y ahora lo estamos viendo en particular en la comisión", dijo.

Consultado Espina si es que existe la posibilidad de que la iniciativa vea la luz durante este Gobierno, considerando la fuerte carga legislativa que enfrenta la comisión, asegura que es "imposible".

Y al respecto explica que "ya venció la etapa de las indicaciones y ahora se están votando en la comisión artículo por artículo (...) si pones diez proyectos urgentes es imposible votarlos todos. Aquí es el Gobierno el que no le puso el acelerador como debería haberlo hecho, no ha querido sacar esto rápido", acusa Espina, quien de paso criticó que no se haya aprobado en la Cámara el proyecto que buscaba fortalecer la actual Ley Antiterrorista vigente.

Dicha iniciativa es de autoría del diputado Germán Becker y al respecto Espina dijo que "lo rechazaron de forma inaceptable".

En cuanto a las expectativas de la futura ley, para el senador Jaime Quintana (PPD), lo que debe surgir del Senado "es una legislación que sea eficaz, que favorezca la prueba, no estigmatice a ningún sector de la población y cumpla con los estándares de derechos humanos".

El senador Eugenio Tuma (PPD), por su parte, reconoce que la iniciativa no está "en mis prioridades, no creo que La Araucanía resuelva sus problemas con la Ley Antiterrorista".

En tres meses

A diferencia del senador Alberto Espina, el diputado Fernando Meza (PRSD), quien contó que se reunió con el subsecretario Aleuy para ver este tema, es bastante más optimista en cuanto a la tramitación del proyecto.

"Yo sabía que existía esta iniciativa que es el reemplazo completo de la Ley Antiterrorista del gobierno militar, por eso me abstuve en la Cámara cuando se rechazó el otro proyecto que estaba lleno de fallas", acota Meza, junto con advertir que "los parlamentarios de la Nueva Mayoría que adscribieron lo hicieron con una actitud populista para aparecer como que estaban por endurecer la ley vigente".

Es, precisamente, este acuerdo entre el Gobierno y los senadores de oposición que permitió que se refundieran ambas iniciativas, y donde Meza asegura que aportó con su granito de arena, lo que tiene optimista al parlamentario, al punto de confiar que antes de las elecciones habrá una nueva Ley Antiterrorista.

"Conseguí que se le pusiera urgencia con el Ejecutivo, así es que entrando a la Cámara, esto es Ley de República dentro de los próximos tres meses, porque como ya existe un acuerdo previo con el Gobierno, ahora sí que ningún parlamentario oficialista va a oponerse a un acuerdo que ya existe. El camino ya esta pavimentado", recalca Meza.

Nueva ley

El proyecto refundido mejora la definición del delito terrorista y establece los medios probatorios intrusivos como es el agente encubierto, lo que significa que las policías pueden infiltrarse en una organización terrorista autorizado por un juez de garantía.

Así el delito terrorista se concibe como una forma de asociación ilícita grave que busca destruir el orden institucional, imponer exigencias a la autoridad o infundir temor generalizado en la población respecto de la privación de derechos fundamentales.

Según Meza, su aporte fue, precisamente, incluir la indicación de que el temor podrá ser una de las finalidades que persiga el delito terrorista, cuyas sanciones van desde los 10 años hasta los 20.

Los senadores incluyeron la categoría de "terrorista individual", es decir, quien realiza delitos terroristas, pero sin pertenecer a una organización.

Por último, la innovación del proyecto radica en las reglas de investigación, ya que agrupa todas las técnicas (de drogas, lavado de activos, entre otras) y las agrupa en el Código Procesal Penal.