En fallo unánime, el pleno de la Corte de Apelaciones de Temuco confirmó la sentencia que condenó a tres carabineros en retiro, a la pena de 5 años de presidio como encubridores del delito de homicidio calificado del dirigente social Guillermo Hernández Elgueta, perpetrado en la comuna de Nueva Toltén, en octubre de 1973.
Dos adolescentes de 15 y 17 años fueron detenidos por Carabineros, acusados de integrar una banda dedicada al robo de especies desde el interior de vehículos.
Los menores de edad fueron sorprendidos merodeando los vehículos estacionados en Claro Solar con Las Heras, siendo fiscalizados, lo que permitió descubrir que mantenían en su poder herramientas artesanales adaptadas para abrir puertas de vehículos o romper sus vidrios. A pesar de su corta edad, los detenidos poseen un amplio prontuario por delitos contra la propiedad.
Una audiencia llevada a cabo a las 11:45 horas de ayer en el Juzgado de Garantía de Collipulli terminó abruptamente tras la agresión que sufrió el fiscal Enrique Vásquez, quien se encontraba en medio de procedimiento abreviado seguido en contra de dos comuneros mapuches por infracción a la Ley de Bosques.
Las cámaras de seguridad del Poder Judicial registraron los violentos incidentes, el que incluyó un golpe de puño que recibió en la espalda el fiscal Vásquez por parte de una mujer que ingresó a la zona del estrado. El hecho reveló una nueva falta de seguridad al interior de tribunales, tal como el ocurrido el martes 21 de febrero de este año, en Temuco, cuando se registró una riña en el hall de acceso al Juzgado de Garantía.
"Quiero manifestar nuestro repudio categórico a lo acontecido en el Juzgado de Collipulli", manifestó el fiscal regional, quien indicó además que "esta situación no es tolerable, ya lo dijo la Corte Suprema en el año 2016 a propósito de agresiones y eventos que acontecían en tribunales de la región. Esta situación socava el Estado de Derecho, la autoridad de la jurisdicción debe ejercerse en forma pacífica".
Junto con la agresión al persecutor, el hecho se vio agravado por los destrozos que ocasionó el grupo perteneciente a la comunidad Autónoma de Temucuicui, quienes ingresaron violentamente al sector del estrado. Junto con el daño al mobiliario destrozaron los equipos computacionales que allí se encontraban.
Durante el procedimiento policial destinado a desalojar el tribunal resultó detenida una persona que agredió a un funcionario de Gendarmería. "Fue detenido en flagrancia tras haber sido identificado por la víctima", precisó el comandante de Carabineros, Ernesto Ibacache. El detenido es un joven de 27 años de edad que no registra antecedentes delictuales.
El fiscal regional además indicó que "afirmo a la comunidad que no nos amedrentarán. Nuestros fiscales continuarán desarrollando su trabajo en la misma forma con estricto apego a la legalidad y objetividad, tendiendo a proteger a víctimas y testigos".
El jefe del Ministerio Público en la Región sostuvo que los daños sufridos en el Juzgado de Collipulli no solo afectaron la integridad y la seguridad de las personas que se encontraban en la sala de audiencia sino que la seguridad de la propia jueza Sandra Nahuelcura.
Los hechos ocurrieron durante la mañana de este miércoles, cuando el fiscal Vásquez comunicó en una audiencia la decisión de no perseverar en la causa por el presunto secuestro y aplicación de tormentos cometido en 2016 en contra del lonco de la comunidad de Temucuicui, Víctor Queipul.
Los argumentos de la Fiscalía para terminar la causa consideraron que la víctima, pese a hacer la denuncia, se negó a colaborar con la indagatoria, a lo que se sumó que los querellantes no solicitaron diligencias durante el transcurso de la investigación. Aun así, la abogada querellante pidió la reapertura de la investigación, lo que fue rechazado por el tribunal.
La defensa del lonco indicó que la información de la carpeta investigativa sólo contiene las declaraciones que se han tomado a algunos carabineros y que no se ha realizado una reconstitución de la escena.
A través de un comunicado, la hija del lonco, Vania Queipul, indicó que "hoy nos queda demostrado una vez más que para nosotros los mapuches no existe justicia (...) Si ellos no nos quieren dar justicia habrá justicia mapuche. Hay una negación de justicia para el pueblo mapuche por parte del Estado".
Finalmente, el fiscal regional sostuvo que "cuando nos vemos enfrentados a una campaña en redes sociales en la que se afirma con liviandad una serie de cosas que no son verdad, se contribuye a que se instale un clima enrarecido y de violencia", refiriéndose a declaraciones previas hechas por miembros de Amnistía Internacional.
La directora ejecutiva de Amnistía Internacional, Ana Piquer, se refirió a las declaraciones del fiscal regional. "Nos parecen gravísimas... nos está acusando de hechos que son falsos y nos revela que hay quizás cierta ignorancia sobre la labor que hacemos. Estamos haciendo una crítica legítima, a nuestro parecer, respecto al actuar de la Fiscalía en esta causa y sobre su cierre. Esto es parte del trabajo que realizamos en defensa de los DD.HH. y no veo de qué manera se pude conectar con instigar a hechos de violencia", expresó la directora ejecutiva de Amnistía Internacional.
Quien también mostró su público reproche por la situación fue el presidente de la Corte de Apelaciones de Temuco, ministro Julio César Grandón, quien aseveró que "la Corte de Apelaciones de Temuco repudia estos hechos, considerando que se puso en riesgo la integridad de muchas personas y solidariza especialmente con el fiscal Vásquez, que fue agredido verbal y físicamente en el cumplimiento de sus funciones. Asimismo, estamos preocupados de la seguridad e integridad de todos nuestros jueces y funcionarios", sostuvo el presidente".
Grandón agregó que el pleno de la Corte "reafirma su compromiso con la función a la que estamos llamados, de administrar justicia con independencia y celeridad, resguardando los derechos y garantías de todas las personas".
El ministro agregó que se constituyó en el tribunal "para tomar contacto con los jueces y manifestarles mi respaldo"
En tanto, desde la Asociación de Fiscales de Chile, su presidenta, Trinidad Steinert, envió una carta dirigida al fiscal nacional Jorge Abbott, donde expresa su preocupación por la labor de los fiscales en La Araucanía.
"Se requiere con urgencia que se tomen medidas inmediatas, como la permanencia en cada sala de audiencia de al menos tres gendarmes, se restrinja el ingreso de público por audiencia y se prohiba la entrada con cualquier objeto contundente", indicó.
"No nos amedrentarán. Nuestros fiscales continuarán desarrollando su trabajo".
Cristian Paredes,, fiscal regional"
En Angol se conoció que un hombre sometido a prisión preventiva y que es investigado por el delito de violación en contra de una mujer con discapacidad, ya había sido condenado por delitos similares en otras dos ocasiones contra la misma víctima. El hecho actual ocurrió en el domicilio de la mujer en un sector rural.