Rodrigo Zamorano C.
En los últimos tres años de Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, el Ministerio del Interior ha recalificado un total de 8 querellas donde en un principio se invocó la Ley Antiterrorista en la Región de La Araucanía.
La última de las querellas en ser recalificada a delito común es la acusación contra los cuatro comuneros mapuches imputados por el ataque incendiario a la Iglesia del Señor, hecho ocurrido en junio de 2016.
Sin embargo, la medida no es nueva en el equipo jurídico del Ministerio del Interior, ya que con anterioridad se bajó la querella por Ley Antiterrorista en la instalación de una bomba en la cárcel de Temuco, en enero de 2016.
Asimismo, la Presidenta Bachelet, a pocos meses de haber asumido en su segundo periodo, en abril de 2014, anunció que recalificaría 6 querellas por Ley Antiterrorista por delitos ocurridos entre los años 2009 y 2014 en la Región.
Dentro de estos casos se encuentra el incendio forestal en Carahue, el que cobró la vida de siete brigadistas, en 2013. El descarrilamiento de un tren de carga en Collipulli, también en el año 2013. Y el incendio intencional a la casa del agricultor Jorge Pooley, ocurrido en Temuco en 2014.
En aquella oportunidad, la decisión del Gobierno se basó en que había sido una de las promesas del programa de Gobierno de Michelle Bachelet.
Pese a ello, con el correr de los años el Gobierno volvió a invocar la Ley Antiterrorista en cinco ocasiones, entre ellas los ataques incendiarios a la empresa de Transportes Calafquén, ocurrido en agosto de 2017 y al atentado contra Forestal Mininco, en el sector de Pumalal, hecho registrado en septiembre de este año.
Por ambos casos hay 8 detenidos que se encuentran en prisión preventiva tras la ejecución de la denominada Operación Huracán.
EFICACIA
Richard Caifal, director de Enama, sostiene que "nuestra tesis dice relación con la inutilidad de dicha norma, la eficacia judicial es cuestionable y reprochable desde el punto de vista de los organismos de Derechos Humanos".
Caifal aseguró que no se evidencian condenas efectivas a la fecha, "salvo el caso de Raúl Castro Antipán, quien resultó ser una suerte de agente encubierto de Carabineros", dijo el abogado.
Caifal finalmente indicó que la recalificación de la última querella por Ley Antiterrorista "lo único que trae para la Región es un escenario de incertidumbre, incluso podríamos decir que podría haber un objetivo electoral, espero que no sea así".
El senador José García Ruminot, en tanto, indicó que las decisiones del Gobierno están "dejado solo al Ministerio Público en la persecución de delitos, como la quema de la Iglesia Evangélica del sector Niágara".
El congresista agregó que "en lugar de terminar con la impunidad, el Gobierno, con su decisión, la impulsa. La señal es muy mala".
GREMIOS
Desde la Multigremial de La Araucanía, su presidente Luciano Rivas, aseveró que la recalificación de las querellas "es una pésima señal por parte del Gobierno, ya que en este caso claramente se buscó infundir terror además de vulnerar el derecho a culto que es un derecho humano y donde lamentablemente jamás hemos visto al INDH preocupado por estos feligreses".
Rivas agregó que "es una ley que se ocupa en casos excepcionales y solo cuando el acto se configura como terrorista (...) nuestra opinión es que hay terrorismo, y se debe aplicar la ley vigente en nuestro Estado de Derecho".
Mientras que Juan Araya, presidente de los dueños de camiones (CNDC), indicó que "por una parte hemos visto la detención de elementos de células extremistas en los últimos días y por otra, ceder a presiones de huelgas de hambre por parte de acusado de actos terroristas"