En relación al veredicto del caso Luchsinger - Mackay que finalmente procesó a tres comuneros, el Instituto Nacional de Derechos Humanos señaló que es preocupante la aplicación del delito de tipo terrorista, ya que nunca se ha conocido una definición clara de lo que se entiende por terrorismo. "En Chile no hay situación de terrorismo" y por ello "la autoridad debe derogar la Ley Antiterrorista o abstenerse de usarla" añadió la institución.
Trescientos computadores fueron entregados a 26 establecimientos educacionales administrados por la Municipalidad de Temuco, para ser usados por los estudiantes de la comuna, cuya inversión fue superior a los 142 millones de pesos. La actividad se llevó a cabo en el liceo Gabriela Mistral y la ceremonia fue encabezada por el alcalde Miguel Becker quien se mostró contento por la entrega de los modernos equipos.
El senador de Renovación Nacional, José García Ruminot, solicita información sobre Centros de Formación Técnica (CFT). Asimismo, el parlamentario pidió aclarar los montos asignados a cada alumno beneficiado por gratuidad para los próximos años 2019-2022.
Las inquietudes se enmarcan en la discusión en la Comisión de Educación del proyecto de ley que busca extender la gratuidad a los Institutos Profesionales y CFT.
Tres agrupaciones de víctimas de la violencia rural exigen diferentes medidas para la entrega de la glosa de más de 3 mil millones de pesos que fue aprobada el año pasado en el Congreso. Cómo serán destinados y qué piden las víctimas son las preguntas que hasta la fecha no han sido respondidas desde los ministerios de Interior y Desarrollo Social.
En el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet se estableció un catastro de víctimas desde el 1 de enero de 2014 y 31 de diciembre de 2017, sin embargo, ahora el Ejecutivo pidió que se realice un catastro desde el año 1997, cuando se registró el primer ataque incendiario. Por el momento, es la primera señal concreta para las víctimas.
"Hay algunos avances pero nunca son suficientes", dijo Ruth Hurtado, vicepresidente de Mujeres por La Araucanía. "Por lo mismo, nosotros hemos entregado al ministro Moreno un escrito con cinco peticiones relacionadas con la subsidiaridad y el origen de la tributaciones de quienes son afectados".
Hurtado aclaró que se trata de un seguro para las pequeñas y medianas empresas (Pymes) que se active automáticamente cuando ocurra el atentado. En segundo lugar, es que se permita la prórroga del IVA, del Pago Provincial Mensual (PPM) y de las retenciones de dos a seis meses. "No queremos que no se pague, sino que simplemente se piense en quienes están con deudas y no pueden pagar de inmediato las contribuciones", aclaró.
La tercera medida se trata de un subsidio de empleo, dijo Ruth Hurtado, parecido al Subsidio Empleo Joven (SEJ), cuya finalidad no es la entrega de dinero, sino que de herramientas para que no se necesite despedir a quienes trabajaban con las víctimas.
"Otra de las peticiones es que a los parceleros no se les cobre el impuesto territorial, que se "congele" porque la deuda aumenta", aclaró. Y por último, la dirigenta sostuvo la necesidad de un crédito, "no el del Banco Estado, que es complejo de adquirir", agregando que lo ideal es obtener un crédito blando.
Sobre la glosa de los 3 mil millones de pesos sostuvo que se trata de un tema aparte. "Imposible que ese monto cubra las necesidades. Lo que pedimos es independiente de la glosa", puntualizó.
La Asociación de Víctimas de la Provincia de Malleco la integran 57 familias. La presidenta de la organización, Marilí Vallejos, insistió en la necesidad de que el Gobierno "escuche a los afectados de Malleco. En el gobierno anterior en Malleco no se entregaron subsidios. Si no se pueden entregar más recursos que entreguen otras condiciones".
Según las cifras de la Intendencia, la glosa de los 3 mil millones fue destinada a 65 afectados: 38 pertenecientes a la provincia de Malleco y 27 a Cautín.
Alejo Apraiz, presidente de la Asociación de Víctimas de Violencia Rural (AVVRU), en tanto, sostuvo que permanentemente han sido victimizados "sobre todo con el gobierno anterior. Siempre está la sensación de impunidad o que no estamos siendo considerados por el Estado, el cual ha dejado de cumplir y no hay Estado de Derecho. Si bien es cierto no se podrá ayudar en todos los aspectos, pedimos que no se victimice a las víctimas. Ya lo vivimos con el Ejecutivo anterior".
Apraiz insistió en el punto de que el dinero otorgado para las víctimas es casi "absurdo", ejemplificando que al "Fondo de Tierras le entregarán 16 mil millones y para la reparación de las víctimas, 3 mil. Ese tema ya se habló con el Gobierno".
Apraiz precisó que de las 200 familias que han sido víctimas "ninguna" - dijo - ha recibido, hasta la fecha, este beneficio.
son las medidas que entregó Mujeres por La Araucanía al Ministerio de Desarrollo Social. 5
fueron las víctimas subsidiadas durante el 2017. Apraiz llamó a no cometer el error de "victimizarlas". 65
es el año donde se comenzará a catastrar a las víctimas de violencia rural, según informó el Gobierno. 1997