Carolina Torres Moraga
Un 72% de la población usuaria del sistema de salud consideraría que el uso de licencias médicas injustificadas es un hecho frecuente o muy frecuente, según reveló la Encuesta de Percepción de Fraude por Licencias Médicas en la Región de La Araucanía.
El interesante estudio elaborado por la empresa Inmune, compañía que desde el 2009 gestiona el impacto de las licencias médicas y ausentismo laboral en organizaciones, arrojó valiosa información en el marco del cumplimiento de los 6 años desde la promulgación de la Ley 20.585 que regula el otorgamiento y uso de las licencias médicas, estableciendo sanciones respecto de las conductas fraudulentas, ilegales o abusivas relacionadas con dicho instrumento.
Otro dato revelador apunta a que el 85% de los encuestados considera que por culpa de quienes presentan licencias médicas injustificadas, el sistema es mucho más estricto con quienes sí necesitan de este subsidio de salud. A juicio de Rodrigo Varela, gerente legal de Inmune, "esto es muy cierto, porque el mal uso de una licencia médica genera además de un perjuicio económico al sistema de salud, una desconfianza que es muy natural en las contralorías médicas tanto del sistema público como del privado; por lo tanto las más perjudicados pasan a ser las personas honestas que sí hacen un correcto uso".
Penas de cárcel
De acuerdo a la Ley 20.585, quien haga mal uso de este instrumento arriesga penas de cárcel que van desde los 61 días a los 3 años, además de multas que alcanzan los 3,5 millones de pesos. La ley sanciona de igual forma al profesional que emite una licencia sin fundamento médico o que simplemente la vende, como al paciente que la recibe o la compra.
"En este punto, más que el conocimiento de que se castiga con penas de cárcel, creemos que es más importante informar a la población que el mal uso de una licencia médica es un delito", apuntó Varela, quien a la vez agregó que "es relevante enseñar a toda la gente el correcto uso de la licencia y las consecuencias del mal uso de este instrumento porque hay que partir de la base que es un derecho con ciertas obligaciones y dentro de estas obligaciones está el hacer un buen uso de las licencias".
Específicamente la tipificación penal como un delito del uso indebido de estos subsidios, sólo es conocido por un 41% de los encuestados. Frente a esto, un 80% está de acuerdo o muy de acuerdo con que existan duras penas contra facultativos que emitan licencias sin justificación y un 72% está de acuerdo o muy de acuerdo con que se sancione de la misma manera a los pacientes.
En particular, sobre la encuesta de Inmune, el agente regional de la Superintendencia de Salud, Marcelo Campos, dijo desconocer su contenido. Pese a ello, puntualizó que "cuando la isapre o Fonasa reducen o rechazan una licencia médica, los pacientes deben presentar sus respectivas apelaciones en la Compin. Si eventualmente la Compin falla en contra del afiliado ya sea de isapre o Fonasa, les queda una última instancia que es apelar ante la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) que es el organismo rector de las licencias médicas en Chile", expresó.
Al mismo tiempo, Campos recalcó que el rol de la Superintendencia de Salud entra a tallar "si la Compin o la Suseso fallan a favor del afiliado y la isapre no quiere pagar; ahí nosotros podemos instruirle a la isapre a que efectúe el pago, porque el fondo ya está resuelto".
En materia de apelaciones, la encuesta en La Araucanía arrojó resultados positivos en cuanto a que un 90% tiene conocimiento de que las licencias médicas se deben apelar en la Compin. Sin embargo, un 7% cree que se debe hacer en la isapre y otro 3% no sabe o no responde.
Acerca del financiamiento del subsidio, el 61% de los entrevistados tiene conocimiento de que se financia con el 7% de las cotizaciones de todos los chilenos, pero el 20% cree que se hace con fondos del Estado. En cambio, el 8% indica que se financia con fondos de las isapres, el 7% con los recursos del empleador y el 4% no sabe o no responde.
El gerente legal de Inmune concluyó indicando que la compañía "actualmente trabaja con más de 50 empresas de distintas industrias; estamos impactando a más de 160 mil trabajadores donde educamos y orientamos legalmente a las personas cuando sus licencias médicas son rechazadas".
"El mal uso de una licencia médica provoca desconfianza, que es muy natural, en las contralorías médicas tanto del sistema público como privado".
Rodrigo Varela,, gerente legal de Inmune"
