Fue un peritaje realizado por el Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones (PDI) el que terminó por confirmar que Camilo Catrillanca Marín (24) y el menor de 15 años que lo acompañaba (de iniciales M.P.C.) nunca estuvieron armados ni presentaban signos de haber manipulado armas en los instantes previos a que un grupo de Carabineros del "Comando Jungla" abriera fuego contra ellos.
Las muestras biológicas de las dos víctimas del ataque policial fueron recolectadas entre siete y 11 horas después de ocurridos los hechos por personal de la Brigada de Homicidios de la PDI de Temuco, siendo encapsuladas y enviadas como evidencia para el análisis de trazas metálicas.
El análisis fue realizado el 18 de noviembre en el Lacrim de La Serena por el perito químico Luis Chávez Reyes, quien tras someter las muestras los parámetros de espectroscopía y absorción atómica pudo concluir que "no se detectan" evidencias de plomo, bario, antimonio o cualquier elemento químico asociado a residuos de disparo.
Análisis a los jungla
En el mismo conjunto de evidencias que fueron remitidas desde la Brigada de Homicidios de Temuco al Lacrim de La Serena, se enviaron las muestras biológicas de todos los miembros de la patrulla J-040 del Gope que componían el grupo del "Comando Jungla" que estuvo involucrado en el fatal operativo.
Con respecto a ellos, los análisis de las muestras dan cuenta de residuos de disparos en las manos del suboficial Patricio Sepúlveda Muñoz, el cabo primero Gonzalo Pérez Vargas -quien no fue formalizado porque iba solo manejando la patrulla- y el sargento primero Carlos Alarcón Molina, a quien la Fiscalía identificó como autor del disparo que le llegó a Camilo Catrillanca en la cabeza y le causó la muerte.
De la misma forma se encontraron concentraciones de trazas metálicas relativas a disparos en las muestras nasales del sargento segundo Raúl Ávila Morales, quien según el Ministerio Público también efectuó al menos un disparo hacia el tractor.
Disparo injustificado
En la audiencia de formalización, el fiscal Roberto Garrido, de la unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Regional de La Araucanía, recalcó que los efectivos -que ahora están cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva- realizaron un uso indebido de sus armas de servicio.
"No hay ninguna situación que hasta ese momento justificara el empleo de armas de fuego", dijo en audiencia el fiscal Roberto Garrido.