En un arduo y extenso debate, la Cámara Alta rechazó la idea de legislar sobre el proyecto de reforma constitucional sobre el dominio y uso de las aguas.
La votación terminó con 24 votos a favor y 12 en contra, por lo que la norma fue rechazada por la Sala, puesto que se requerían dos tercios para su respaldo, vale decir, un total de 29 votos a favor.
Dentro de los 12 votos en contra se encontraron las preferencias de los senadores por La Araucanía Carmen Gloria Aravena (Ind) y José García Ruminot (RN).
Al respecto, Aravena insistió en que el agua ya es un bien nacional de uso público de acuerdo a la legislación vigente en el Código de Aguas. "El proyecto que se pretendía aprobar en el Senado resultaba contradictorio y descoordinado respecto de la reforma al Código de Aguas que actualmente discutimos en la Comisión de Agricultura", afirmó.
La senadora añadió que "el proyecto que se quería aprobar solo planteaba temas genéricos, muy lejos de la bajada técnica que le ha incorporado el sinnúmero de personas y profesionales que han participado del trabajo que se ha realizado para regular cada temática relacionada con el uso del agua en nuestro país".
Aravena puntualizó que "considero necesario que se nos permita terminar con la regulación de este nuevo Código de Aguas y, posterior a esto, se pueda discutir una posible modificación constitucional del mismo".
Legislación
El senador José García Ruminot, en tanto, afirmó que "hoy día nuestro Código Civil establece que las aguas son un bien nacional de uso público, cuya administración corresponde a la Dirección General de Aguas".
El parlamentario detalló que "para una mejor administración de las aguas, el Senado trabaja intensamente en un proyecto de ley que modifica el Código de Aguas".
García Ruminot aclaró que en medio de tal discusión se presentaron proyectos de reforma para llevar a la Constitución el carácter de bien nacional de uso público.
"Yo no tengo problema con eso porque simplemente es elevar a rango Constitucional lo que ya dispone nuestra legislación. El inconveniente está en que se declaran de interés público todas las actuales concesiones de agua, paso previo a la expropiación. Y recalco, todas, porque ello incluye los derechos de agua de nuestras comunidades indígenas, de nuestros comités de agua potable rural y de nuestros agricultores", precisó el parlamentario.
El senador afirmó además que "la expropiación de aguas tiene un costo enorme para el país, recursos que no están. Asimismo, el riego es cada vez más vital para la agricultura y soy partidario de que los pequeños, medianos y grandes agricultores tengan inscritos sus derechos de agua".
"No soy agricultor"
Al ser consultado, el senador García Ruminot aclaró: "No soy agricultor, no tengo derechos de agua y no tengo ningún conflicto de interés. Actúo con la convicción de lo que es mejor para el desarrollo de la Región y para que Chile sea una potencia agroalimentaria. Asegurar los derechos de agua para nuestra agricultura es vital, y para nuestra Región de La Araucanía, cuya principal actividad económica es la agricultura, también lo es".
