Gobernación de Cautín tramita ocho solicitudes de desalojo en tomas de terrenos
CAMPAMENTOS. Dirigentes de la toma de Pichicautín ingresaron un requerimiento ante la Contraloría para que se investigue el desalojo ocurrido el pasado miércoles.
La Gobernación de Cautín actualmente se encuentra tramitando ocho solicitudes de desalojo en distintas tomas de terrenos ubicados en el radio urbano de Temuco.
Las peticiones, corresponden a instituciones públicas en cuyos terrenos se han instalado familias que buscan una solución habitacional por medio de las tomas.
De las ocho solicitudes de desalojo con el uso de la fuerza pública, cuatro corresponden a terrenos cuyo propietario es la Municipalidad de Temuco y cuatro sitios que están bajo el dominio del Estado a través del Ministerio de Bienes Nacionales.
Las solicitudes de desalojo fueron ingresadas en los últimos días a la Gobernación de Cautín, organismo que debe proceder a la petición.
Desde la Gobernación indicaron que tras el ingreso de solicitud se hace una revisión de la documentación y posteriormente la redacción de una resolución exenta y despacho al servicio solicitante. Posteriormente, afirmaron, el solicitante es el que se encarga de coordinar con Carabineros y ejecutar la resolución.
Crítica
El pasado miércoles 26 de febrero, un piquete de Fuerzas Especiales de Carabineros, desalojaron por la fuerza a un grupo de vecinos que se tomaron el sector Pichicautín de Temuco, terreno baldío ubicado a un costado de la Avenida Los Poetas.
Pese a que el desalojo se desarrolló con vehemencia por parte de la policía uniformada, posteriormente se conoció que tal desocupación tendría al menos irregularidades ya que el municipio, entidad que solicitó la medida, no es propietario del terreno.
Tal error fue criticado duramente por los vecinos que fueron desalojados por la fuerza y que están organizados bajo el comité "Ampliación Pichicautín".
Una de sus dirigentas, Eliana Tolosa, afirmó que "tanto el municipio como la Gobernación tienen mucha responsabilidad. Ellos son los que tienen que saber quién dio la orden. Para nosotros esto no es un juego, somos seres humanos y solicitamos respeto. Con el desalojo se vulneró todo tipo de derechos en contra de nosotros".
A contraloría
Es por eso que los dirigentes del comité ingresaron un requerimiento a la Contraloría para que se investigue la responsabilidad que tienen tanto la Municipalidad como la Gobernación en el fallido desalojo del pasado 26 de febrero en el sector Pichicautín.
"Acompañamos todos los antecedentes junto al Instituto de Derechos Humanos, las fotos del desalojo, los videos y las imágenes de cómo quedaron las casas que habíamos levantado", señaló la dirigenta que representa en total a 52 familias del campamento.
Tolosa además precisó que como comité ya están adjuntando toda la documentación para constituirse como tal y que incluso han iniciado conversaciones con el Serviu para ser parte de una solución habitacional.
"Nuestro interés es poder construir nuestras viviendas en el terreno donde está la toma, que según el plano regulador es un sitio que está apto para la construcción de casas", señaló la dirigenta, quien aseguró que durante todo este tiempo han sido asesorados por abogados.