Una de las certezas que existen sobre la pandemia del covid-19, es que el aislamiento es fundamental para contener la propagación del virus. Por ello, se ha reiterado el mensaje sobre la importancia que tienen las residencias sanitarias que existen a lo largo del país para mitigar el avance de la enfermedad. Esos establecimientos habilitados especialmente permiten a las personas acceder a un lugar de alojamiento que tiene todas las condiciones necesarias para hacer una cuarentena efectiva.

El Ministerio de Salud cuenta con 138 residencias sanitarias en Chile, las cuales se están habilitando a medida que las circunstancias lo requieren. Diversos hogares, centros de eventos y especialmente hoteles que no estaban ocupados debido a la pandemia, se transformaron en residencias gratuitas, donde las personas pueden contar con seguridad, alimentación y apoyo en salud por parte de equipos de profesionales, con el fin de hacer un aislamiento efectivo, y si el paciente presenta alguna complicación, es trasladado al hospital más cercano.

La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, ha señalado que están dirigidas a las personas que han sido diagnosticadas con la enfermedad y que no pueden realizar una cuarentena efectiva en su domicilio, porque no tienen condiciones adecuadas, o bien porque los contagiados no son residentes de la ciudad donde fueron diagnosticadas y no tienen dónde permanecer mientras dure su período de cuarentena.

Hasta la semana pasada, estos establecimientos de la red eran administrados por la Subsecretaría de Redes Asistenciales, pero hace unos días pasaron a depender de la Subsecretaría de Salud Pública.

Más allá de estos cambios administrativos, es indudable que estos centros tienen una gran importancia con la atención de pacientes infectados pero con síntomas leves, ya que tener un lugar adecuado y con todas las comodidades donde hacer efectivo el aislamiento contribuye a proteger a sus propias familias, cuando viven en condiciones de hacinamiento en sus casas, pero a la vez ayudan a evitar la propagación del virus, que es lo que toda la sociedad necesita.

La cuestionable actitud que habría presentado un médico en el Hospital San José de Melipilla, demuestra el grave nivel de odiosidad presente en nuestra sociedad. Negarse a otorgar atención médica a tres funcionarias, por el simple hecho de pertenecer a Carabineros, nos muestra no solo la falta de respeto a la autoridad e institucionalidad en Chile, sino que también una eventual intolerancia ideológica, la que solo genera más polarización en nuestro país; un cáncer que debe ser extirpado para poder convivir en paz.

En estos últimos meses, en los que hemos tenido que enfrentar una de las peores pandemias de los últimos 100 años, hemos sido testigos de diversas situaciones que dejan en evidencia la falta de cultura, educación cívica y falta de respeto entre nosotros mismos. No obstante, este hecho sobrepasó todo límite, una situación que, sin duda, debe ser ampliamente investigada y sancionada públicamente de comprobarse su veracidad, y esto deben realizarlo todos los estamentos involucrados, incluso el Colegio Médico de Chile, que se rige por un protocolo ético, el cual debe ser respetado por quienes ejercen la medicina.

Por más de 2 mil años, la medicina occidental ha seguido los lineamientos del juramento hipocrático, por el cual todo aquel que practique la profesión de médico, se compromete a dar su vida por salvaguardar la de su paciente. Un juramento que fue actualizado durante la Convención de Ginebra de 1948, donde todo médico se compromete a consagrar su vida al servicio de la humanidad, no permitiendo que ante el deber se interpongan consideraciones de religión, nacionalidad, raza, partido político o clase social.

Durante los últimos días, este hecho de discriminación que habrían sufrido las funcionarias de Carabineras en el Hospital San José de Melipilla, ha generado una batahola de más odio y polarización a través de las redes sociales, donde se ha dado por sentado que la nacionalidad del médico en cuestión, habría sido la causa de la situación vivida por las funcionarias. Ante esta realidad, considero que debemos reflexionar, en un país que aspira a ser líder regional en materia de desarrollo económico, no podemos tolerar tampoco la discriminación a migrantes que aspiran a tener una mejor calidad de vida en Chile.

Tras la denuncia realizada por las funcionarias, surgieron nuevos antecedentes, donde los médicos señalan efectivamente haber pedido la salida de las carabineras, porque no se les podía otorgar una licencia médica electrónica. Sin embargo, la normativa vigente elimina esta imposibilidad, pues a través de la resolución exenta Nº 608 del 6 de octubre del 2006, queda claro que no existe una prohibición expresa en contra de uniformados adscritos a la Dirección de Previsión de Carabineros.

Sinceramente, espero una investigación profunda y responsable de este hecho, el cual, de ser comprobado, no solo mediante un sumario administrativo interno, sino que, también dada la denuncia interpuesta ante el Ministerio Público, debiese ser considerado como un ejemplo para que todos los chilenos, independiente de nuestra ideología y diferencias políticas, seamos capaces de condenar conductas de este tipo.

Debemos dejar de normalizar faltas a la ética profesional, además de eliminar de nuestro lenguaje términos discriminatorios como "los pacos", creo que solo así podremos construir un mejor país.

Carmen Gloria Aravena,

senadora por La Araucanía