Hace unos días se ha promulgado, con su publicación en el Diario Oficial, la ley que modifica el Código Penal, que desde ahora permite el endurecimiento de penas para quienes no cumplan con la cuarentena durante la pandemia de covid-19. Las autoridades tuvieron que recurrir a la modificación de la normativa legal, con el fin de acentuar la penalidad y a la vez aclarar algunos aspectos que eran de difícil aplicación al momento de sancionar a los infractores.

Claramente, no ha sido fácil lograr que la ciudadanía acate las medidas que se han dispuesto, por lo que regularmente se informa de personas que infringen las cuarentenas, pese a estar contagiados con la enfermedad, o bien burlan los horarios de toque de queda. Han sido los propios alcaldes de diversas comunas del país quienes han pedido en forma insistente al Gobierno aplicar medidas más drásticas para evitar que las personas salgan a las calles cuando no hay razones fundadas para ello. Por ello, se pidió al Congreso agilizar la tramitación del proyecto de ley que endurece las penas a los infractores, que finalmente fue aprobado y promulgado.

En lo fundamental, la ley aumenta la pena de presidio mayor en su grado mínimo -de 61 a 540 días de cárcel- hasta 3 años de cárcel y las multas que podrán fluctuar entre 6 y 200 Unidades Tributarias Mensuales (300 mil a 10 millones de pesos) para quienes incumplan la cuarentena o medidas sanitarias y generen, a sabiendas, riesgo de propagación de agentes patológicos con infracción de una orden de la autoridad sanitaria. En su paso por la Cámara de Diputados, el proyecto planteaba multas de hasta 20 UTM, pero en el Senado se incrementó drásticamente el tope de ellas.

Hay que recordar también que el endurecimiento de penas ha sido parte de la estrategia de la nueva administración del Ministerio de Salud, ya que en paralelo se han tomado otras medidas complementarias, como aumentar las comunas en cuarentena en distintas regiones, restringir los permisos que se otorgan para salir en esas ciudades y disponer una fiscalización más acentuada de parte de las Fuerzas Armadas y de Orden.

El Ministerio de Educación, ante la imposibilidad por parte de las escuelas de llevar adelante la totalidad del currículum, contenido en las bases curriculares, planes y programas de estudio por el covid-, ha tomado la razonable decisión de realizar una priorización curricular. Consiste en discernir cuáles son los objetivos de aprendizaje esenciales en cada asignatura, y el modo de implementarlos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Con esto regresa una vez más una pregunta necesaria: ¿Qué es lo que debemos considerar "esencial" en el currículum, y en base a qué paradigma se lo define como tal?. Ello depende sin duda, de lo que entendamos por "educar".

Es en este sentido que el Estado, en la Ley General de Educación (LGE) del año 2009 consagra que educar consiste en lograr "el desarrollo integral de la persona humana", lo cual "se vive o verifica desde diversas perspectivas: física, afectiva, intelectual, moral y espiritual, de acuerdo con la edad y etapa de desarrollo de los niños, niñas y adolescentes". Por tanto, el desafío actual de "adecuación", consiste en elaborar una propuesta curricular que en su conjunto, en modo orgánico y secuencial, colabore a que los alumnos y alumnas vayan desarrollando una madurez integral en cuanto personas. Es al servicio de esto que están los diversos ámbitos de la formación señalados por la LGE. Ello implica claramente opciones antropológicas, flexibilidad, pertinencia, diálogo interdisciplinario. Pero nuestra educación tiende a ser cuantitativa y no cualitativa. Para no pocos jóvenes, una educación que no responde a sus anhelos más profundos, que les ofrezca razones para vivir y comprometerse, sentido existencial y sueños de futuro. De ahí parte de su malestar.

Tarea no fácil, en cuanto a un estilo de educación muy centralizado, en que la cobertura curricular tiende a ser lo importante, en donde al exceso y gradual aumento de temáticas nos señalan con muchas horas más que los países desarrollados, y con una pedagogía tradicional. En que los espacios curriculares para una educación que se pueda adecuar a la enorme diversidad cultural, social, económica, geográfica, étnica y realidad de alumnos y alumnas, y en concordancia con los principios de los proyectos educativos propios, son mínimos; o donde se aplican evaluaciones estandarizadas nacionalmente desde un concepto único de calidad que mide con la misma vara realidades tan disímiles, donde se corre el riego de limitar un desarrollo más pleno y creativo de la profesión docente.

Pareciera que el ejercicio obligado de priorización en este contexto, nos releva la importancia de pensar qué es lo verdaderamente importante para nuestros niños, niñas y jóvenes, en materia de educación.

Héctor Vargas,

obispo de Temuco

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