Andrea Arias Vega

Un proceso administrativo penal en contra del sacerdote Christian Ariel Rapimán del Río, acusado de "faltas graves en la administración de bienes eclesiásticos y de diversas conductas ajenas a su estado clerical, que no involucran a menores de edad", inició con fecha 2 de julio de este año el Obispado de Temuco, situación que implica que el sacerdote no puede ejercer dicho cargo mientras dure la investigación.

Así se consigna en un comunicado del Obispado de Temuco en donde explican que "el decreto de inicio de este proceso canónico prolonga las medidas cautelares impuestas al sacerdote, desde el comienzo de la investigación previa, finalizada en enero del 2020, éstas contemplan la suspensión total del ejercicio público del ministerio y la fijación del domicilio canónico en la residencia familiar".

El mismo comunicado señala que "desde el primer momento la autoridad eclesiástica ha acogido y acompañado a la comunidad parroquial Santiago Apóstol de Temuco, de la cual era párroco, informándole acerca del desarrollo de esta investigación".

Feligreses

La comunicación de esta investigación surge luego de que un grupo de feligreses, en donde destacan Iván Guerrero, Ana Collipal y Nelson Salgado, insistieran en su denuncia directamente con el Nuncio Apostólico Alberto Ortega.

Ana Collipal, quien conoció al sacerdote en la parroquia Jesús Obrero, recalca que la conducta que se investiga "es reincidente" y que los hechos se remontan a antes del 2014, cuando estuvo en la parroquia Jesús Obrero. "Nunca respondió por esos 14 millones y la Diócesis tampoco tomó cartas en el asunto, se hizo caso omiso, volviéndose a repetir la situación".

Nelson Salgado, por su parte, señaló que "como feligreses estamos pidiendo transparencia con los dineros y una auditoría interna en la diócesis", añadiendo que "existe mucho malestar en la comunidad con Héctor Vargas (obispo de Temuco), no nos representa, creemos que en estos tiempos los feligreses deberían poder elegir a sus obispos".

A las 9 horas de hoy y de manera remota es la audiencia de formalización en contra del imputado del Caso Antonia, Martín Pradenas Dürr, quien el domingo rompió su silencio recalcando a través de una entrevista audiovisual en golpedigital.cl que es inocente y que la información ha sido manipulada.

La familia de Antonia, por su parte, comunicó que como querellantes pedirán la prisión preventiva como medida cautelar atendiendo a la gravedad de los delitos imputados. Son cinco hechos de connotación sexual a víctimas distintas, incluida Antonia.

En el muro del Facebook Justicia para Antonia, la familia escribió ayer el siguiente mensaje: "Con esperanza esperando el primer paso: La formalización de quien como familia tenemos la convicción que atentó contra la dignidad de Antonia".