Los alcaldes de los municipios de Traiguén, Victoria, Collipulli y Curacautín, cuyos edificios siguen tomados desde el pasado lunes en la Región por comuneros mapuches (Galvarino depuso), anunciaron que no pedirán el desalojo, como instruyó el gobernador de Malleco, Juan Carlos Beltrán.

A cambio, piden que el Ministerio del Interior establezca una mesa de diálogo para destrabar el conflicto que afecta a los territorios, principalmente a Malleco, ya que las tomas son una medida de presión, en el contexto del ayuno de los reos condenados e imputados por distintos delitos de violencia rural en la cárcel de Angol, sumándose Celestino Córdova.

La postura de los jefes comunales fue dada a conocer por el presidente de Amra, el alcalde José Bravo, cuyo documento fue enviado a Interior con copia a las autoridades regionales.

"Para empezar rechazamos todo tipo de violencia, lamentando la afectación de los territorios tomados, ya que no solo se ven afectados los funcionarios, sino que también los vecinos que necesitan hacer uso de las dependencias municipales, sobre todo, en un contexto de pandemia", señaló Bravo.

Puntualmente, respecto del desalojo, el representante de los alcaldes en la Región recalcó que "desde el punto de vista legal y de nuestros asesores, es responsabilidad del Ministerio del Interior el garantizar el orden público y la seguridad, por eso creemos que no deben ser los alcaldes los que deban tomar la decisión del desalojo porque eso significa generar una mayor desavenencia con los propios vecinos a quienes uno se debe y con los que hay que interactuar".

QUERELLAS

El intendente Víctor Manoli, anunció ayer cuatro querellas, en el marco de las tomas a municipios y el Registro Civil de Temuco. Estas son por daños calificados, atentados y amenazas contra la autoridad, desórdenes en despacho público y maltrato de obra a Carabineros causando lesiones graves y leves.

"Hemos tomado acciones legales por los destrozos provocados al Registro Civil. Son hechos inaceptables y como siempre he dicho: no vamos a aceptar presiones. Como Gobierno estamos dispuestos al diálogo, pero no bajo hechos de violencia porque nada justifica este tipo de actos que, finalmente, solo perjudican a la ciudadanía".

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"Es responsabilidad de Interior garantizar el orden público y la seguridad, por eso creemos que no deben ser los alcaldes los que deben tomar la decisión del desalojo".

José Bravo,, presidente de Amra

Antes de que los alcaldes presentaran su postura al Gobierno de no pedir el desalojo, el gobernador de Malleco, Juan Carlos Beltrán, instruyó a los jefes comunales para que ellos actuaran, apelando a su autonomía. "Una vez que tomé conocimiento de la situación, me comuniqué con los alcaldes para saber su opinión, quienes me manifestaron que querían dialogar para buscar una solución pacífica que evitara un desalojo que pudiera provocar más daños. Sin embargo, los alcaldes son autónomos, por ende, a ellos les corresponde la responsabilidad de solicitar el desalojo".

El Tribunal de Garantía de Temuco formalizó ayer en la tarde a 10 personas imputadas por el artículo 264 del Código Penal, el cual sanciona el desorden en el despacho de una autoridad o corporación pública hasta el punto de impedir sus actos, daños y amenazas. La fiscal Adelina Barriga formalizó a tres de estas personas por las lesiones causadas a dos carabineros y a otras tres por lesiones causadas al director del servicio.

En cuanto a las cautelares, el Ministerio Público pidió arraigo nacional, prohibición de acercarse a las víctimas de los delitos y al edificio de la Intendencia y al Registro Civil.

Todas fueron aceptadas por el tribunal, quedando en libertad nueve de los imputados, a excepción de Daniela Sierra quien fue acusada de provocar lesiones graves a un carabinero (fracturarle la nariz con un extintor).

En su caso, la Fiscalía pidió el arresto domiciliario total, situación a la que no accedió y apeló verbalmente el querellante de la Intendencia, Sergio Arévalo.

En vista de aquello, la fiscal Barriga pidió el arresto domiciliario de la imputada, quedando anoche en tránsito en el CDP Femenino, a la espera de que hoy la Corte de Apelaciones resuelva la cautelar en su contra.

Ninguno de los detenidos tiene antecedentes, otorgando el tribunal tres meses para la investigación.

Ante la publicación de las bases para el próximo proceso de licitación de casinos por parte de la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ), la Asociación Chilena de Casinos de Juego declaró que "rechazamos de manera categórica el actuar de la Superintendencia de Casinos de Juego, que persiste en un actuar que atenta contra la ley vigente y que está siendo avalado por la Subsecretaría de Hacienda, pese a que se ha señalado la gravedad en la ilicitud en su proceder".

"Lamentablemente, la SCJ ha insistido en este camino errado, presionando indebidamente al sector. Nos llama la atención que la Subsecretaría de Hacienda, organismo del cual depende la Superintendencia, no haya instruido a la entidad técnica que enmiende el rumbo y, por el contrario, avale un proceso que no respeta la ley vigente", agregan.

"Nos parece inoportuno el llamado al diálogo, que más bien parece querer distraer la atención para ocultar una flagrante violación a nuestros derechos y a la legislación vigente. Por eso, a los operadores de casinos hoy no nos queda otra opción que iniciar acciones legales para defender nuestros derechos, lo que derivará en demandas contra el Estado de Chile ante tribunales internacionales, como el Ciadi, y tribunales nacionales y sus autoridades", finalizan.