"Hacemos un llamado especial para que el Gobierno realice todos los esfuerzos de diálogo para buscar las soluciones a la huelga de hambre, con relación a lo que establece el Convenio 169".

Este es el primer punto de la declaración pública que emitieron ayer los exintendentes que asistieron a la convocatoria que realizó el jefe regional, Víctor Manoli, luego del fin de semana pasado y los dolorosos hechos de violencia que dejó la toma de los cinco municipios de Malleco.

Estaban convocados a la cita diez exintendentes de los últimos 15 años. De ellos asistieron solo siete: Eduardo Klein (PPD), Ricardo Celis (PPD), Luis Mayol (RN), Jorge Atton (IND), Andrés Molina (Evópoli), Andrés Jouannet (DC) y Miguel Hernández (DC). Estos dos últimos estuvieron conectados vía Zoom.

El exintendente Óscar Eltit (PPD) no participó por razones de salud, pero envió una carta de excusas con propuestas.

El intendente Víctor Manoli (RN) agradeció a los presentes y aseguró que aunque no todos piensan igual "se condenó la violencia venga de donde venga".

Luis Mayol (RN) aclaró que tras la conversación "nos pusimos de acuerdo en ciertos ejes y bajadas en que todos coincidimos", añadiendo Ricardo Celis (PPD) que lo que se busca "es que todos los poderes del Estado hagan lo que les corresponde para restablecer el Estado de Derecho", recalcando que la actual violencia es transversal.

Ausentes

Los ausentes fueron los exintendentes Francisco Huenchumilla (DC) y Nora Barrientos (PS). En el caso del senador Huenchumilla, declinó por considerar que la instancia "no va a dar ningún resultado concreto para resolver la situación de La Araucanía", además que su postura ya es pública y se relaciona con abordar el tema de la reivindicación territorial.

La situación de la exintendenta Nora Barrientos (PS) fue distinta porque ella en principio dijo que no se podía negar a dialogar, sin embargo, ayer fue a la Intendencia con una polera con el menaje de "Rechazo" solo para explicar que se marginaba. "No somos nosotros, los ex intendentes, quienes debemos entregar recetas. Hoy no estamos en el Chile del 2000, 2010 o 2017. No nos traspasen la responsabilidad de su mala gestión. El pueblo mapuche demanda dialogar con el Estado", argumentó junto con condenar la autotutela y pedir querellas.

ACUERDOS

El segundo acuerdo señala que

"la situación de violencia que hoy existe en La Araucanía es un problema de Estado, debiendo cada uno de los poderes, dentro de sus atribuciones, hacer todos los esfuerzos para garantizar el ejercicio del Estado de Derecho".

Luego, en el tercer punto, solicitan al Presidente y al Parlamento que "se ponga discusión inmediata al conjunto de leyes referentes al reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, escaños reservados en el próximo proceso constituyente, consejo de los pueblos y Ministerio de Asuntos Indígenas, y de los aspectos más relevantes establecidos en la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato; y la Comisión Asesora Presidencial Obispo Vargas".

Los anteriores son compromisos políticos incumplidos de diversas mesas y de larga data, como es el reconocimiento, sin que hasta hoy exista humo blanco.

El cuarto punto busca "empoderar al intendente regional para que lidere el proceso de diálogo, constituyendo una mesa de trabajo transversal que incluya a todos los alcaldes, en especial la Asociación de Alcaldes Mapuches, loncos, rectores, gremios, víctimas de la violencia, cores y exintendentes".

Las principales tareas que tendría esta mesa las sintetizaron en dos: "establecer todos los mecanismos de diálogo que apunten a mejorar la convivencia y la paz en La Araucanía, y propender al desarrollo social y económico de la Región".

El último punto es una interpelación a los gremios de la Región a quienes llaman "a asumir tareas que ayuden a la mejor convivencia con el pueblo mapuche".

Los 165 gremios que agrupa la Multigremial Nacional, desde Arica a Magallanes, manifestaron su rechazo categórico a la violencia y se declaran "en libertad para tomar otro tipo de acciones de manifestación con el objetivo de exigir a los poderes del Estado solucionar el problema, de modo de recuperar la paz social y hacer prevalecer el imperio de la ley en todo el territorio nacional".

Añaden que "el terrorismo existente no permite trabajar ni vivir en paz, atentando contra los derechos humanos de ciudadanos indefensos y destruye progresivamente la democracia, con un Estado ausente que no da garantías a sus ciudadanos".

Por lo mismo, recalcan que siendo ellos una mayoría respecto de quienes cometen los atentados "hemos decidido dejar de ser una gran mayoría silenciosa, ya que el silencio temeroso de las mayorías alimenta a los violentos".

Asimismo, piden con urgencia legislar para mejorar el sistema investigativo y judicial. "Nuestro sistema penal está en jaque. El 1% de los atentados tiene imputado conocido. Hay una falla general en la inteligencia, capacidad investigativa y probatoria de fiscalías, así como excesivas garantías de los jueces".

En lo político, les preocupa que "parlamentarios condenen la violencia por los medios de comunicación, lejos del conflicto, ausentes de la realidad y sin legislar al respecto", siendo mucho más inquietante el que "varios congresistas frente a estos actos ilegales y antidemocráticos callen con un silencio cómplice que parece proteger a terroristas".

Por último, valoran el actuar de las policías y lamentan que no tengan instrucciones claras

ni respaldo político para actuar", recalcando además que "mezclar al pueblo mapuche con los grupos violentistas organizados es un acto repudiable", ya que "conocemos de cerca al verdadero pueblo mapuche".

La directiva regional del PS catalogó la reunión de los exintendentes como "una maniobra comunicacional que en nada aportará a la solución del conflicto histórico".

Añaden que "mientras no exista una real voluntad política del Presidente Piñera y de Interior de sentarse a conversar con los involucrados directos, los espacios como estos, llenos de voluntarismo, no conducirán a ningún lado efectivo".

Informaron, además, que por las acciones del fin de semana presentaron una denuncia en Fiscalía, una presentación ante la ONU y una solicitud a Carabineros para que investigue incumplimiento de deberes.