Las enfermedades cardiovasculares son la causa de casi un tercio de las defunciones en nuestro país. Y cada año en el mundo fallecen poco más de 17 millones de personas debido a enfermedades cerebro o cardiovasculares, lo que habla de la importancia que tiene la atención oportuna de las causas de estos males. Por eso, agosto ha sido declarado como el Mes del Corazón, con el fin de que las personas se preocupen de su cuidado y de la prevención de las enfermedades asociadas a ese importante órgano.

El principal riesgo de la enfermedad cardiovascular es que usualmente no presenta síntomas y que los hábitos cada vez más sedentarios de las personas, así como la mala alimentación y estimulantes adquieren relevancia en las causas de esas patologías. Las enfermedades al corazón y al sistema circulatorio se han convertido en trastornos silenciosos pero claramente mortales. Solo en el caso de la hipertensión, uno de los principales factores de riesgo se presenta como uno de los desafíos de salud pública más importante del país y eje para programas que buscan evitar muertes prematuras, debido a su difícil diagnóstico y a la prevalencia creciente en la población.

Se estima que en Chile mueren 45 personas al día por estas causas.

Es necesario insistir en crear conciencia sobre las enfermedades cardiovasculares, sus causas, efectos y prevención. En general, los médicos destacan tres aspectos que son fundamentales para cuidar este órgano: una alimentación sana, realizar actividad física adecuada y llevar una vida que controle especialmente el estrés y la presión que tiene cada día, cuestión que es difícil en momentos de confinamiento o cuarentena. Cada uno de estos puntos plantea desafíos en términos de salud y en políticas que ayuden a promover la vida sana. El Estado aprobó hace unos años la legislación de control y rotulación de alimentos, poniendo especial atención en el sodio y la venta de alimentos saludables en los colegios. Pero también en el hogar, los padres tienen una gran labor por cumplir y si allí no mejoran las conductas alimenticias en esta pandemia, los avances serán escasos.

El conflicto en La Araucanía tiene su origen en la decisión del Estado de tomar el control de lo que eran los territorios de la nación mapuche reconocida primero por la Corona española en el parlamento de Quillín en 1641 y después por el propio gobierno de Chile en Tapihue 1825, que constituyen el histórico testimonio de ello, donde se reconocían los ríos Biobío y Calle Calle como límite de frontera.

Después ocurrió el despojo de sus tierras, animales, viviendas y alimentación; diezmaron su población y los confinaron en "reducciones". Hasta nuestros días los mapuches concentran la mayor proporción de pobreza en nuestro país.

Sin perjuicio de que también han sido parte del desarrollo y cambios en la sociedad y del avance logrado en la ley indígena vigente, aún estamos lejos de compensar el sufrimiento y pérdida patrimonial vivida durante generaciones por el pueblo mapuche. La violencia rural y urbana, invocando una legítima demanda por justicia para el pueblo mapuche, no tiene nunca ninguna justificación moral ni ética, ni siquiera como respuesta a la violencia de las acciones cometidas por el Estado, cuestión que no significa dejar las cosas como están, sin dar respuesta en más de dos siglos a sus peticiones.

Es esta entonces la raíz de un conflicto de nunca acabar si todos los gobiernos continúan con una política de persecución solo a los efectos de la causal ya descrita. Los graves hechos de violencia de civiles en contra de los comuneros en ocupación del municipio de Curacautín es la respuesta de parte de la población al clima de beligerancia y de inseguridad que se expande sin control en la Región, actos que tampoco tienen justificación y deben ser condenados y rechazados, más aún si tienen expresiones de carácter racista.

El inicio del fin de violencia en La Araucania tiene como punto de partida la raíz del conflicto sobre la base de "Un Nuevo Trato " entre el Estado de Chile y el Pueblo Mapuche, pero hoy la dificultad radica en la legítima representación indígena, la que se subsana con el pronto despacho del proyecto de ley que crea el "Consejo de Pueblos", el que permitirá, entre otros, al pueblo mapuche elegir su representación y ella acordar con el Estado de Chile materias tan importantes como el reconocimiento constitucional, la participación política, los grados de autonomía, el plan de reparación por la ocupación territorial, la estructura del Estado para su relación con el mundo mapuche, el presupuesto y los instrumentos destinados a atender sus requerimientos, el modo de respetar su cosmovisión y su relación con la naturaleza entre otras cuestiones necesarias para que se sientan plenamente incluidos en el desarrollo del país. Dicho esto, entonces la primera responsabilidad en los hechos de violencia es del gobierno de turno si de verdad se desea avanzar hacia una paz duradera que merece nuestra Región y su gente, quienes son también acreedores de un Estado en deuda con los mapuches y no mapuches. Es la única salida de este callejón.

Eugenio Tuma,

exsenador de La Araucanía