Diez comunas con alto nivel de concentración de material particulado 2.5 o con programas de recambio vigentes, entre ellas Temuco y Padre Las Casas, son las beneficiadas en la primera etapa de un plan de reducción de la tarifa eléctrica para calefacción que esta semana dio a conocer el Ministerio de Energía.

El subsecretario de Energía, Francisco López, precisó que "aunque la leña es un energético de bajo costo para quien lo consume, impone enormes costos para el resto de la comunidad. Actualmente, una de cada tres viviendas del país usa leña, que es responsable del 85% del total de las emisiones de material particulado fino (MP2.5), con un costo social de más de 1.000 millones de dólares al año en Chile".

En efecto, la contaminación atmosférica representa un alto costo social, económico, pero sobre todo de salud para los habitantes de las ciudades del sur del país que ven cómo especialmente en la época invernal sus cielos se cubren del humo de la leña, con los graves y todavía insuficientemente estudiados efectos en la salud de la población.

Esto porque se debe considerar también la contaminación intradomiciliaria que se provoca y, por consiguiente, al deterioro de la salud y la calidad de vida, lo que se mezcla con los problemas en el uso de los equipos de calefacción, y deficientes condiciones de aislación térmica de las viviendas.

Se trata de un problema que si bien está en la escena pública al menos hace dos décadas, todavía no cuenta con un avance tan sustancial en su solución, por tratarse de una problemática compleja. En efecto, cortar de un día para otro el suministro de leña para las familias tendría también un grave impacto, pues es sabido que este combustible es muy usado.

El plan incluye el trabajo coordinado con otros ministerios para una transición justa, considerando oportunidades laborales para quienes se dedican al negocio de la leña, el cual se caracteriza por su alta informalidad y hasta ahora inadecuada fiscalización.

Por ahora, se estima que la rebaja anunciada beneficiará a más de 87 mil hogares, aunque será altamente conveniente que para tener un mayor efecto en el control de la contaminación se expanda a más personas y ciudades.

Durante los últimos meses, se han implementado diversas medidas en apoyo a miles de Pymes que, primero lidiaron con el estallido social, y ahora con el covid-19. Estas iniciativas serán reforzadas con un plan de reactivación, para inyectar liquidez, bajar la carga tributaria, recuperar IVA y aplicar la depreciación instantánea. Asimismo, se ha planteado desde el MOP y Vivienda, una agenda pro empleo a través de inversiones en materia de infraestructura.

No obstante, desde La Araucanía miramos con recelo estas medidas, puesto que una serie de hechos de violencia no nos dejan vislumbrar la salida a la crisis económica que nos afecta desde octubre del año pasado. Estos no son hechos aislados, por más de 23 años hemos presenciado permanentes amenazas, ataques incendiarios y usurpaciones violentas, entre otros delitos, que se cometen con total impunidad.

Una situación que se vuelve insostenible, pues es difícil soñar con la anhelada reactivación económica en una región donde se vulnera a diario el Estado de Derecho. En una república soberana como la nuestra, las leyes deben respetarse y aplicarse a todos por igual. El gobierno debe restablecer el orden y la seguridad pública, cada vez que ésta se vea amenazada, si esto no ocurre todas la políticas públicas y agendas pro crecimiento serán en vano.

Si bien, los hechos de violencia en La Araucanía tienen un origen diferente, solo hace un par de meses en todo Chile fuimos testigos de manifestaciones sociales que, en su mayoría, terminaban en destrozos y daños a la propiedad. El Gobierno estimó que el costo en pérdidas a la infraestructura alcanzó los 1.400 millones de dólares, además cerca de 15 mil Pymes se vieron afectadas.

Cifras que debieran preocuparnos, sobretodo, si consideramos que hace unos días la encuesta Criteria arrojó que el 64% cree que las protestas volverán con más fuerza que antes y que el 39% ve en la violencia un método legítimo para presionar cuando se considera que los motivos son justos.

Ante los efectos del conflicto en La Araucanía y la posibilidad de enfrentarnos a un nuevo estallido, considero que como parlamentarios debemos hacernos cargo de las demandas sociales, una responsabilidad que compartimos con el Gobierno, apoyando la tramitación de las reformas que se requieran.

Finalmente, no podemos dejar de preocuparnos por la seguridad ciudadana, la protección de la infraestructura crítica y la necesidad de restablecer el orden público cuando sea necesario. No se pueden exigir mejoras en el ámbito social, sin una voluntad política transversal para realizar una profunda reforma a las instituciones policiales, de manera de poder enfrentar los acontecimientos mencionados.

Carmen Gloria Aravena,

senadora Ind. por La Araucanía