"Tenemos que aprender a escucharnos y respetarnos para buscar soluciones por la vía del diálogo, nunca utilizando la violencia". Según el ministro de Justicia, Hernán Larraín, esta es la lección que queda luego de las intensas negociaciones que realizó su cartera con el machi Celestino Córdova, único condenado del delito de incendio con resultado de muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay ocurrido en enero de 2013.

Las negociaciones terminaron ayer, gracias a que ambas partes flexibilizaron sus posturas, sin que se hiciera efectiva finalmente la amenaza de huelga de hambre seca del machi, y siendo garantes del proceso el Indh, Acnud, Colmed y algunos parlamentarios. (Ver nota inferior).

UNA SEÑAL

"Acabo de terminar una conversación con el machi Celestino Córdova, quien me manifestó que aprobó la propuesta que le hizo el Gobierno para resolver esta situación y así deponer la huelga de hambre. Para el Estado es un deber preocuparse de que estas personas cuiden su vida como corresponde", sentenció Larraín de entrada.

Asimismo, el titular de Justicia valoró el acuerdo, reconociendo que el desenlace es motivo de "satisfacción para el Gobierno" y que en el marco de la violencia rural "es una señal, aunque sean acuerdos en el ámbito penitenciario", ya que el "diálogo es el único camino posible para alcanzar la paz en un Estado de Derecho democrático".

Larraín resaltó que tras estas negociaciones y las modificaciones con pertinencia cultural realizadas al reglamento penitenciario, "se abrió un camino intercultural que permite el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT. Se están cambiando las reglas del juego para que los pueblos originarios sepan que el Estado respeta y reconoce su condición".

ACUERDO ALCANZADO

El acuerdo alcanzado consta de ocho compromisos, los que por ahora solo son aplicables a Córdova, quedando pendiente la negociación de la huelga de hambre de los otros 26 comuneros presos en Angol y Lebu, quienes pueden acceder a los beneficios una vez que depongan la medida de presión.

En concreto, la DPP revisará las cautelares del machi y una vez que recupere su salud, lo que según Colmed puede tardar varios meses, podrá postular a un Centro de Educación y Trabajo (CET), puesto que tras las modificaciones al reglamento penitenciario, ahora cumple con los requisitos.

Una vez que este traslado se haya hecho efectivo recibirá la autorización para salir por 30 horas a renovar su rehue y no los seis meses que exigía en el marco de la pandemia.

Córdova tampoco recibirá sanciones disciplinarias, puesto que ahora las huelgas de hambre pacíficas no califican, mientras que Justicia se comprometió a crear modulos especiales para los internos de pueblos originarios y seguir profundizando la incorporación de la pertinencia cultural.

"La Lucha no ha parado"

A las 18.30 horas de ayer y pesando 65 kilos, el machi Celestino Córdova puso fin a 107 días de huelga de hambre líquida. Sus voceras leyeron un comunicado en donde Córdova agradeció a las organizaciones nacionales e internacionales que se sumaron a su causa, pidiendo la misma solidaridad con los otros comuneros presos en huelga de hambre.

Agregaron que lo que ha vivido "en su condición de machi y preso político mapuche es un granito de arena a la lucha del pueblo nación mapuche", calificando los avances no del todo satisfactorios y advirtiendo que "el Estado todavía no ha normado la aplicación del Convenio 169".

Por último, envió un mensaje de advertencia, comunicando que "la lucha no ha parado" y que supeditará el no cumplimiento de lo acordado a una eventual nueva huelga de hambre.

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"Se están cambiando las reglas del juego para que los pueblos originarios sepan que el Estado respeta y reconoce su condición".

Hernán Larraín, ministro de Justicia

Los actores garantes del proceso de negociación valoraron el acuerdo alcanzado, "fruto de la buena fe", entre el machi Celestino Córdova y el Gobierno, señalando que mediarán para que se cumpla la palabra acordada.

En el punto de prensa participaron el director del Indh, Sergio Micco; el representante de ONU Derechos Humanos en América del Sur, Jan Jarab; el vicepresidente de Colmed, doctor Patricio Meza, y el presidente de DD.HH. del organismo, doctor Enrique Morales.

"No nos podíamos restar de este llamado, nuestra mediación ha buscado preservar la vida. Queremos valorar la buena fe y la voluntad de las partes. Como actores garantes vamos a velar para que este acuerdo firmado sea respetado. Hay que decir que la brecha en materia de derechos humanos de los pueblos originarios se mantiene, por lo que este acuerdo alcanzado es solo un pequeño paso", sentenció el director del Indh, Sergio Micco, quien sin ambigüedades condenó la violencia que impera en la zona.

"Llamamos a las distintas partes de La Araucanía y a Arauco a que conversen y lleguen a un acuerdo: es posible hacerlo. El Indh quiere la paz y la justicia para el pueblo mapuche y también para todos los habitantes de estas regiones", expuso Micco.

Y dado que todavía hay comuneros en huelga de hambre, el doctor Enrique Morales reiteró que para el Colegio Médico "los procedimientos forzados de alimentación no son compatibles con el ejercicio de la medicina, desde un punto de vista ético. Hay que recordar que la huelga de hambre es un método de protesta pacífico que está reconocido internacionalmente como un derecho".

"No depondré mi huelga de hambre, hasta las últimas consecuencias, o hasta que el Gobierno a nombre del Estado tome las medidas que corresponden para repararnos de manera efectiva". Este es el último párrafo de la carta que le envió al Presidente Piñera, autoridades nacionales y regionales, la agricultora de Victoria en huelga de hambre líquida desde hace 21 días, Roxana Carrut, cuyo predio Santa Adela es objeto de constantes usurpaciones.

En su misiva manifiesta dolores físicos y secuelas de su huelga de hambre, sin embargo, enfatiza que "esta batalla la doy por mis hijos, a quienes aún les queda mucho futuro y quiero sea mejor que el infierno vivido por mí".

Carrut pide "reparación efectiva a las víctimas de terrorismo de La Araucanía y Arauco", denunciando que "la unidad de víctimas vino a ofrecerme programas a los que no puedo postular, ya que debido a mi situación no he podido estar al día ni en las rentas ni en las contribuciones. El año pasado postulamos y no me los dieron, es una ayuda inútil y aunque me las dieran: ¿dónde las hago efectivas?, si el campo de la familia lo toman cada dos minutos: está todo quemado, los cercos rotos y cada vez que voy, soy atacada".