Luego que distintos actores gremiales y políticos plantearan que una de las causas de los atentados es la falta de inteligencia y que los camioneros presionen al Gobierno con la aprobación de 13 leyes, siendo una de ellas la que fortalece y moderniza el Sistema de Inteligencia, el senador DC, Francisco Huenchumilla, señaló que es falso que no exista legislación sobre la materia.

Al respecto cuestionó la tarea de las policías y de los organismos responsables, destacando que está disponible para reformas, pero no "entre gallos y medianoche".

La GESTiÓN pOLICIAL

El parlamentario señaló que es un error poner el énfasis en que faltaría legislación para que las policías pudieran actuar. "Eso es falso, lo que ha fallado ha sido la gestión de las policías en el esfuerzo de búsqueda, en orden a hacer un trabajo eficiente y eficaz. Lo que ha fallado es la gestión institucional para anticiparse a la comisión de los hechos", dijo.

Asimismo planteó que otro error es pensar que los Servicios de Inteligencia hacen su tarea como en las películas. "Falso. El 95 % de la información se obtiene de fuentes abiertas y solo el 5% de fuentes cerradas, por lo cual, aunque no hubiera ninguna ley perfectamente podrían hacer su tarea. Y para las operaciones encubiertas pueden utilizar técnicas intrusivas para lo cual hay abundante legislación". (ver recuadro).

Dicho aquello, aseveró que "como toda obra humana se requiere perfeccionamientos, pero de ahí a afirmar que no existe una ley, y bajo ese falso supuesto lanzarse en una aventura por las carreteras de Chile afirmando que esta es la causa de la violencia, denota desconocimiento y propósitos políticos avalados por la actitud cómplice de un pasivo Gobierno".

En esta línea, Huenchumilla pide que el ministro del Interior "le explique a los camioneros cómo funciona el sistema, ya que no sirve hacer leyes en dos o tres días". Y de paso, argumenta que lo que existe es una pérdida de confianza tras la Operación Huracán, siendo necesaria una reforma profunda a las policías. "Hoy día, cuando suceden muchos hechos de violencia, la pregunta es, ¿y quién está detrás de todo esto? ¿No habrá muchas pequeñas, medianas o grandes Operaciones Huracanes a lo largo de estos años? (no necesariamente de Carabineros)", sentenció.

"Hoy día, cuando suceden muchos hechos hechos de violencia, la pregunta es, ¿y quién está detrás de todo esto?¿No habrá muchas pequeñas, medianas o grandes Operaciones Huracanes a lo largo de estos años?". Francisco Huenchumilla, senador DC

El senador Francisco Huenchumilla (DC) detalló que existe abundancia de leyes en materia de inteligencia. "La Ley 19.974 de octubre de 2004 que crea el Sistema de Inteligencia del Estado, y que les da facultades a todas las ramas de las FF.AA. e Investigaciones para poder efectuar técnicas de investigación. La Ley 18.314 sobre conductas terroristas, que viene desde el tiempo de la dictadura, y que en su artículo 14 permite también utilizar técnicas de investigación propias de los servicios de inteligencia. La Ley de Drogas que contiene varios párrafos con técnicas de investigación, esto a propósito de vinculaciones que hacen algunos personeros con la violencia, el narcotráfico y el robo de madera. Además hay normas en el Código Procesal Penal, exactamente en el artículo 226 bis, que también establecen una serie de técnicas de investigación, propias de los servicios de inteligencia, en un conjunto de leyes en las cuales está también la Ley de Control de Armas y otras".

En el marco del rol fiscalizador que deben ejercer los legisladores, los diputados de Renovación Nacional, Miguel Mellado, Jorge Rathgeb, Diego Paulsen y René Manuel García, solicitaron a la Contraloría General de La República, pronunciarse sobre la legalidad de la Resolución Exenta N°3925, que con fecha 29 de julio de 2020, la cual aprobó disposiciones sobre la aplicación del reglamento penitenciario, orientadas a la pertinencia cultural y religiosa de internos.

Las disposiciones fueron aprobadas mientras condenados e imputados por delitos de violencia rural mantenían una huelga de hambre para lograr beneficios carcelarios, permitiendo con estos ajustes, que el gobierno pudiera negociar y entregar beneficios a Celestino Córdova, condenado a 18 años de presidio por el asesinato del matrimonio Luchsinger Mackay.

La presentación indica entre sus puntos, que la resolución de Gendarmería es "una norma de rango inferior, dictada por un jefe de servicio, que pretende fijar el alcance de un reglamento que solo puede dictar el Presidente de la República en base a sus competencias constitucionales y en tanto jerarca de la Administración del Estado".

La resolución establece que la asistencia a actividades educativas no será una exigencia para que la población indígena privada de libertad opte a beneficios. La medida, fue cuestionada por el diputado Miguel Mellado, quien dijo que "nos parece que esto va contra el principio de igualdad y da cuenta de que el Gobierno se pone de rodillas ante asesinos y terroristas".