Córdova regresó al CET de Vilcún luego de realizar la renovación de su rehue en Padre Las Casas
PERMISO. A la luz de los hechos, el abogado Marcos Jaramillo consigna que Chile perdió "la gran oportunidad de salirse del Convenio 169 de la OIT".
Ayer viernes 18 de septiembre y en medio de críticas al Gobierno de parte de las víctimas y fuerzas oficialistas, cerca de las 14 horas, fue trasladado el interno Celestino Córdova Tránsito, desde su comunidad ubicada en la comuna de Padre de Las Casas hasta el Centro de Educación y Trabajo (CET) de Vilcún, luego de realizar su ceremonia religiosa y espiritual, la que se desarrolló por 30 horas (ver recuadro).
De acuerdo a lo informado por Gendarmería, lo anterior se realizó conforme a lo planificado y sin inconvenientes en un operativo que "cumplió con todas las normas sanitarias covid-19".
La institución ligada al ámbito de la seguridad pública, señaló que dicho traslado "se ejecutó luego de la solicitud presentada por Celestino Córdova al Consejo Técnico de Gendarmería, instancia que, luego de analizar los antecedentes de salud y requisitos técnicos, autorizó el permiso requerido, de acuerdo con la normativa penitenciaria (estos fueron cambiados en medio de las negociaciones de la huelga de hambre)".
Córdova está condenado a 18 años de presidio efectivo por el delito de incendio con resultado de muerte del matrimonio Luchsinger Mackay, sentencia dictada por los tribunales y ratificada por el sistema judicial.
Desde el 12 de septiembre de 2020, luego de deponer su huelga de hambre, la que mantuvo por 107 días y llegar a un acuerdo con el Gobierno, Córdova se encuentra dando cumplimiento a su condena en el CET de Vilcún, Colonia Mendoza, lugar al que regresó ayer cerca de las 14.45 horas, una vez finalizada su participación en la ceremonia.
CONVENIO 169
El consejero de la Conadi, José Millalén, valoró la realización de la ceremonia y el permiso otorgado en virtud del Convenio 169. "Aquí no hay una ilegalidad y tampoco es que existan privilegios, lo único que se está pidiendo es la aplicación de un Convenio, donde Chile es parte como Estado, lamento que se haya logrado a punta de presión y eso me preocupa, porque parece que es la forma en que reacciona el Gobierno", señaló Millalén.
A propósito del Convenio 169, herramienta que ha generado las modificaciones al reglamento penitenciario, el pasado 4 de septiembre, el abogado Marcos Jaramillo, junto a organizaciones de víctimas de la Región, envió una carta al Presidente Piñera solicitándole que denunciara (salirse) el Convenio 169, dado que a juicio del experto en Derecho, el plazo vencía el pasado 15 de septiembre. Solo el Ejecutivo puede realizar dicha denuncia, previa una consulta al poder Legislativo, pero que en rigor no es vinculante.
Dado que aquello no ocurrió, Jaramillo lamentó que los gremios de la Región no se movilizaran por esta causa, ya que aunque la OIT fija e interpreta un plazo distinto, esto es septiembre de 2021, Jaramillo estima que en un año electoral, será casi inviable que el Ejecutivo decida denunciar el Convenio 169.
Más aún cuando desde el momento en que se denuncia el Convenio 169 debe pasar un año antes de que la salida se haga efectiva, y en ese tiempo habrá elecciones presidenciales, existiendo la posibilidad cierta de que el próximo mandatario quiera detener dicho proceso.
Por lo mismo, Jaramillo opina que "el Gobierno perdió la gran oportunidad de denunciar el Convenio 169, un convenio ideologizado y una de las piedras de tope respecto del terrorismo. Este convenio fue realizado y es administrado por extranjeros que pasan a llevar nuestra legalidad y poderes del Estado".
Asimismo, Jaramillo añadió que "en el caso de Celestino Córdova lo que hay es un abuso del Convenio 169, ya que si él fue calificado de asesino por los tribunales chilenos, no puede quedar fuera de la legislación nacional ni dejar de asumir las obligaciones que le corresponden por haber asesinado a dos personas y eso lo dice el mismo Convenio 169".
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"En el caso de Córdova lo que hay es un abuso del Convenio 169, ya que si él fue calificado de asesino por los tribunales chilenos, no puede quedar fuera de la legislación nacional, y eso lo dice el mismo convenio".
Marcos Jaramillo,, experto en derecho