El Informe Cepal-Unesco "La educación en tiempos de la pandemia de covid- 19", ha alertado a la comunidad internacional acerca del incremento de brechas existentes por la emergencia sanitaria, tanto en términos de acceso como de equidad y calidad, situación que afectará especialmente a los más vulnerables.

Si bien es cierto que la interrupción del ciclo escolar presencial y su reemplazo por la educación a distancia ha sido una oportunidad para adaptarse a las nuevas condiciones y para innovar en los sistemas de enseñanza, lo que significa avances, también puede acentuar las brechas educativas que ya existían antes de la pandemia, entre estudiantes en condiciones vulnerables y aquellos más aventajados en resultados de aprendizaje, así como otros indicadores educativos, como la permanencia en la escuela.

Por estos días, algunos países, entre ellos Chile, han comenzado a preparar las condiciones para que se produzca un regreso paulatino a clases, siempre que se cumplan medidas sanitarias esenciales. Los organismos internacionales han planteado que cada país tendrá que tomar las decisiones en virtud de que se cumplan condiciones especiales para que la vuelta paulatina a la normalidad no represente un riesgo para profesores y alumnos. La Unesco, por ejemplo, ha puesto a disposición de los Ministerios de Educación, administradores y directores de centros educativos, guías de orientación que contribuyen a facilitar la planificación e implementación de un proceso de reapertura segura de las instituciones educativas de acuerdo con las normativas y protocolos elaborados por las autoridades de salud de cada país.

El organismo ha recomendado que una vez que la transmisión local del covid-19 esté controlada, los alumnos retornen a la escuela de la manera más segura y rápida posible. Algunas naciones ya han iniciado la preparación de protocolos para el regreso a las aulas, o también han comenzado la reapertura progresiva de las escuelas mediante modalidades mixtas que combinan la actividad presencial con la educación a distancia, iniciativas que gradualmente se van ajustando según la evolución de la pandemia.

Hasta fines de octubre más de 10 millones de afiliados han solicitado el retiro, el total de fondos pagado hasta ahora equivale a USD$17.000 millones, un 6,5% del PIB de Chile. El eventual segundo retiro debiera ser un monto similar o algo menor. En conjunto, ambos retiros implicarán una importante disminución de ahorro, y un significativo shock negativo sobre las pensiones futuras, y pensiones presentes. Dado que retiraron pensionados con modalidad de retiro programado, por lo cual en unos meses más sus pensiones bajarán cuando se les aplique el recalculo. Esto es un daño al corazón de las pensiones y a la seguridad social, que va en camino absolutamente opuesto a lo que se ha estado analizando en los últimos años, donde el diagnóstico de bajas pensiones y de la necesidad de un mayor ahorro es de consenso, incluso se han hecho 2 comisiones asesoras presidenciales en tema de pensiones: Marcel 2006 y Bravo 2014, ambas han propuesto ideas para elevar el ahorro tales como aumentar la edad de jubilación y subir la tasa de cotización; sin embargo, ninguna ha planteado siquiera como idea la posibilidad de hacer retiros.

Hemos visto una discusión irresponsable y con mirada de corto plazo. Sin estudios de impacto o propuestas de cómo se va a subsanar financieramente los retiros a futuro. Por la magnitud del desahorro nacional e impactos negativos en las pensiones, es una de las políticas públicas más dañinas del último tiempo.

Los mismos parlamentarios que enarbolaban la urgente necesidad de una reforma de pensiones que logre elevar las bajas pensiones, son los que hoy aprueban el daño al sistema de pensiones con los retiros. Con los retiros, la idea de mejores pensiones y "pensiones dignas" se aleja cada vez más. Las pensiones son un tema de largo plazo, se requiere una mirada de largo plazo, y no de corto plazo como hoy vemos. Los parlamentarios están llamados a ser responsables y racionales en el diseño y aplicación de políticas públicas, aunque eso signifique decisiones "impopulares" y difíciles, no están para buscar el camino fácil y llenarse de aplausos. Nadie quiere decir algo que no es agradable, que no es popular, pero el costo de no hacerlo será muy alto en el futuro. El costo de los retiros le significará al Estado un enorme gasto fiscal futuro, que, sumado al creciente endeudamiento del país, pone en riesgo cumplir adecuadamente los compromisos sin afectar otros requerimientos.

Además, hay impactos de largo plazo en la economía, verá reducida su capacidad de crecimiento ante un segundo retiro, de acuerdo al Informe de Estabilidad Financiera del Banco Central. Menor ahorro privado significa menor inversión, y la inversión determina la capacidad de crecimiento de la economía.

Patricio Ramírez

coordinador OES-Ufro