Debido a las festividades de Navidad y de Año Nuevo, tradicionalmente en diciembre se registra un gran aumento en las compras que realizan las familias. Las estimaciones de los gremios del comercio nacional indican que en diciembre se concentra más del 12% de sus ventas anuales. No obstante, debido a la pandemia de covid-19 que azota al mundo por más de nueve meses, se espera que este año tenga características muy especiales, y con grandes desafíos, como es dar seguridad a los clientes, a los colaboradores, y potenciar los canales digitales sin colapsar los sistemas de logística.

Los comerciantes tienen claro que deben mantener protocolos especiales durante esta temporada de ventas navideñas, y entre los desafíos se encuentran respetar las disposiciones sanitarias de las autoridades de salud, dar seguridad a los cliente y a los trabajadores, cumplir con los aforos y la logística dentro del local. La libertad con la que se solía concurrir a las tiendas, sin ningún tipo de restricciones, ya no existe, y en cambio hay que respetar una serie de medidas para evitar los contagios.

También los trabajadores y el comercio en particular, en esta fecha esperan el pago del bono de fin de año en las empresas, así como los que otorga el Fisco a los pensionados, porque ayuda a enfrentar los gastos de mejor manera. El aguinaldo ha sido por años un beneficio arraigado en la cultura nacional, como una forma de fidelización de las empresas con sus colaboradores. Como consecuencia de ello, ha sido valorado porque contribuye a dar mayor movimiento a la actividad comercial, ya que son dineros que se canalizan mayoritariamente al consumo. Este año, con tiempos difíciles, con bajas en las ventas y especialmente pequeñas y medianas empresas que han cerrado por la crisis sanitaria, las condiciones son muy distintas a las de temporadas anteriores.

Sin duda que lo ocurrido en estos meses creó un panorama distinto. Pero este período navideño será la oportunidad para reflexionar acerca de los efectos que generó la pandemia, lo que obligará a mantener la prudencia en las celebraciones para evitar lo que todos temen: una segunda ola de contagios.

Recientemente se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y uno de los fenómenos complejos en este escenario, es la violencia sufrida por personas mayores, situación que se ha visibilizado aún más en tiempos de pandemia. Según estudios, las víctimas de este flagelo son primordialmente mujeres, con dependencia y socialmente aisladas.

El rápido y creciente aumento de personas mayores, en especial de 65 años o más, ha despertado atención y preocupación por el maltrato del que son objeto, mayoritariamente de su núcleo familiar. Esto se traduce en maltrato físico, psicológico, abuso sexual, abuso patrimonial (referido al mal uso, explotación o apropiación de los bienes por parte de terceros, sin consentimiento o con consentimiento viciado, fraude o estafa, engaño o robo de su dinero o patrimonio), negligencia y abandono, pero también existe el maltrato estructural o societario, aquel que ocurre desde y en las estructuras de la sociedad mediante normas legales, sociales, culturales y económicas que actúan como trasfondo de todas las otras formas de maltrato existente.

Uno de los tantos aspectos que contribuyen a estas conductas de maltrato, son las actitudes y estereotipos negativos hacia las personas mayores que permiten, en cierta forma, se les deshumanice. Algunas de las ideas sobre este grupo etario, mencionan que con la edad pierden poder y control sobre sus vidas, así como la percepción de que se vuelven frágiles, débiles y dependientes.

Nuestro país, en el año 2017, ratifica y promulga la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, donde adquiere las obligaciones establecidas en este documento y asume como Estado, en sus políticas, planes y programas, el reconocimiento de los derechos de las personas mayores, identificando y dando mayor visibilidad a los problemas que los afectan.

En este sentido, como sociedad debemos hacer nuestras estas obligaciones y, tal como se señala en ella, contribuir a cambiar la vida de las personas mayores, porque eso permite que puedan vivir una vida digna; ayudar a cambiar la imagen, para que sean vistas como personas con conocimiento, poder y experiencia, no solo destinatarias de la beneficencia; proporcionarles la protección necesaria y jurídicamente vinculante de los derechos de las personas de edad, en el ámbito nacional e internacional; establecer sus derechos, así como las normas mínimas y acciones necesarias para protegerlos; y hacer visibles las responsabilidades de los Estados y otros actores para con ellos.

Sandra Acuña,

académica Escuela Trabajo Social Universidad de Las Américas