Gremio de micros de Temuco apelará para no pagar multa de $720 millones: "Es injusto"
CASO. Tribunal de Libre Competencia dictó sentencia en contra de las empresas que componen las diez líneas de microbuses urbanos de la intercomuna. Dirigente del gremio microbusero asegura que la cifra es "un descriterio".
Indignados y preocupados dicen estar los empresarios de las micros de Temuco, luego de que el Tribunal de Libre Competencia (TDLC) dictara veredicto condenatorio en contra de las diez líneas de micros tras una investigación por "colusión", sentenciándolas a pagar más de 720 millones de pesos.
El caso, que tiene su génesis en acuerdos suscritos a partir de 2003 por las líneas de micros para distribuirse y coordinar entre ellos las frecuencias de sus recorridos, tuvo un fallo en contra de las empresas que componen las diez líneas de transporte urbano mayor que conectan Temuco y Padre Las Casas, además de las localidades de Cajón, Quepe, San Ramón, Pillanlelbún.
Desde la Asociación Gremial de Microbuses expresaron su más profundo rechazo al dictamen del Tribunal de Libre Competencia, calificando la multa como absolutamente injusta" y "totalmente fuera de todo criterio".
"Vamos a apelar y patalear hasta donde sea posible, porque es injusto y desproporcionado que se nos esté ordenando pagar una suma astronómica por haber firmado un acuerdo que tenía como objetivo disminuir la congestión en las calles e intentar contribuir en bajar la contaminación ambiental, que eran los principales problemas que aquejaban a Temuco y Padre Las Casas en esa época", criticó Juan Quilodrán, líder del gremio de los empresarios de micros.
"Estos acuerdos y protocolos fueron firmados con la venia del intendente de la época y el seremi de Transportes de la época, luego de un estudio realizado por la Secretaría de Planificación de Transporte que avaló que esta iba a ser una buena medida. Temuco tenía una sobredotación de buses y esta fue la solución que se adoptó en su minuto y luego se fue ratificando", agregó el dirigente gremial.
Antecedentes del caso
De acuerdo a la acusación de la FNE, en febrero del año 2003, las 10 líneas de buses suscribieron un "protocolo de acuerdo" en el que acordaron "congelar el parque y dotación de buses por cinco años (...) fijando la cantidad de buses que cada línea podría incorporar en los años siguientes".
Ese acuerdo entre las empresas fue prorrogado en 2008 con la firma de otro "protocolo por cinco años" y nuevamente ratificado con un nuevo documento de acuerdo que fue suscrito en diciembre de 2012.
A juicio de la acusación de la FNE, los acuerdos hechos incluso ante notario son "ilícitos" y causan un perjuicio a los usuarios del transporte público de la intercomuna de Temuco y Padre Las Casas porque habrían limitado e impedido el ingreso de nuevas empresas que podrían haber sumado más frecuencias a sus posibles recorridos y pudiendo haber establecido una tarifa más baja.
El líder de los microbuseros, Juan Quilodrán, fue enfático en señalar que van a continuar ejerciendo "todas las acciones que existan" para intentar revertir la condena, que obliga a que cada una de las líneas pague entre 30 y 100 millones de pesos, totalizando más de 700 millones entre las diez líneas.
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"Este acuerdo se tomó con el visto bueno de las autoridades de Gobierno de la época y nunca causó ningún un efecto negativo en la comunidad".
Juan Quilodrán,, dirigente