Un total de 7.422 causas ingresadas al Sistema de Mediación Familiar entre los meses de enero y noviembre de 2020, informó la seremi de Justicia y Derechos Humanos, Stephanie Caminondo.

"Como parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, nuestro objetivo es garantizar el acceso a la justicia a todas las personas y la Mediación Familiar, en este sentido, es un servicio que les permite tener la posibilidad de solucionar sus problemas familiares por la vía no judicial, sin la necesidad de contratar abogados o ir a juicios, pero con la ayuda de un profesional imparcial y sin costo", dijo la seremi Caminondo.

En busca de acuerdos

Cuando una familia sufre conflictos y el quiebre en sus relaciones, se enfrenta al problema de buscar el mejor camino para llegar a acuerdos, uno de ellos es la vía judicial, sin embargo, este proceso implica un largo periodo de tiempo, además de ser costoso.

Otra alternativa es buscar un consenso entre las personas involucradas con validez legal, con la ayuda de un profesional del Sistema Nacional Mediación Familiar, quien es un tercero imparcial que ayuda a las partes a alcanzar puntos en común, evitando ir a juicios.

Este Sistema Nacional de Mediación Familiar, que atiende a 500 mil personas al año a nivel nacional, depende directamente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y es totalmente gratuito para el 98% de la ciudadanía. Tiene cobertura en todo el país y entrega soluciones concretas en un plazo de máximo 60 días.

Además, la Mediación Familiar es un proceso totalmente voluntario y confidencial, por lo que las personas que accedan a ella, pueden tener la seguridad de que sus problemas personales serán resguardados y protegidos.

El proceso

Las materias que pueden ser sometidas a Mediación son los conflictos relativos a pensión de alimentos; el régimen de visitas y el cuidado personal de los hijos e hijas (tuición).

Para iniciar una Mediación Familiar, se necesita contar con la nacionalidad, el nombre completo, el RUN, la fecha de nacimiento, la dirección, un correo electrónico personal y el teléfono de contacto de las partes involucradas, para luego solicitar una hora que puede ser a través de la plataforma web https://www.mediacionchile.cl/, ingresando con Clave Única; de forma telefónica; vía correo electrónico o de manera presencial, acudiendo a cualquiera de los 16 Centros de Mediación Familiar que hay en la región de La Araucanía, cuyo listado y datos de contacto se pueden encontrar en la misma plataforma https://www.mediacionchile.cl/.

Hace sólo unos días, delincuentes dispararon armamento de alto calibre en una concurrida feria local en la comuna de Maipú; en nuestra Región durante este año hechos similares han cobrado la vida de personas inocentes. Sin duda hechos como los indicados afectan los derechos más básicos de las personas. Nos sorprendemos, o acostumbramos, a situaciones de tal violencia e insensatez, a que personas con total libertad porten armas de alto calibre y las usen la mayoría de las veces impunemente. Definitivamente algo no está bien en temas de seguridad, y lo que es peor, se percibe un empeoramiento de la situación.

Independientemente del mejor o peor desempeño de un gobierno en particular, pareciera existir un problema sistémico que afecta a las instituciones que participan de la seguridad; Gobierno, Policías, Fiscalías, Justicia y Parlamento. Existe al menos la percepción, de que ocurren muchos delitos graves que quedan impunes.

Para hacer un cambio importante de la situación, se requiere un reforzamiento urgente de la función policial, que apunte a mejorar la eficacia, tanto en relación a la prevención del delito como a entregar responsables y pruebas en las instancias judiciales. Dicho reforzamiento debe considerar un aumento de dotación de personal calificado para operaciones complejas, medios físicos y tecnológicos adecuados para realmente tener ventaja o superioridad sobre los delincuentes y, respaldo político y ciudadano para que las policías operen con propiedad y seguridad. La policía debe tener los medios y el mandato para recuperar el control territorial en áreas donde se ha perdido, y por lo mismo los delitos son más graves y frecuentes.

Por otra parte, es realmente impresentable la excesiva demora en el trámite parlamentario de proyectos de ley en materias de seguridad y las dilaciones o rechazos de algunos por motivos francamente irrisorios, que parecieran favorecer más a quienes cometen delitos que a las víctimas. Casos como Ley de Control de Armas, Ley antiterrorista, Ley de Robo de Madera, Ley de Inteligencia y la misma reforma al código penal, son ejemplos de lo anterior. Se requiere otra velocidad y sintonía parlamentaria con las demandas de la población. Sin duda no es el caso de todos ellos, sin embargo, el resultado final es altamente insatisfactorio.

Patricio Santibáñez

presidente de la Multigremial de La Araucanía