Esta semana se dio inicio de manera oficial a las campañas electorales de cara a la próxima Convención Constitucional. No es poco lo que se juegan los pueblos originarios, y también la sociedad chilena, en esta histórica instancia. Quisiera compartir con ustedes algunas de las ideas que pretendo defender allí y referidas a la estructura del Estado. Son ideas que lejos están de ser de mi autoría; tratan más bien de reflexiones colectivas de las cuales me siento tributario.
El movimiento mapuche muy temprano hizo un diagnóstico respecto de las causas del conflicto que nos aqueja en la región. Y entre ellas estaban tres herencias de la dictadura cívico-militar: el modelo económico extractivista que afecta a las comunidades, el modelo de Estado centralista y unitario que no reconoce pueblos originarios; y finalmente la propia Constitución de 1980, el paraguas jurídico-institucional que les da soporte. De allí que avanzar hacia una nueva Constitución, enviando a esta última a la papelera de reciclaje de la historia, sea una tarea ineludible.
La Constitución, para quienes no lo saben, trata básicamente de dos capítulos: uno aborda los derechos y el otro aborda el tema del poder, de cómo se distribuye o reparte el poder. Muchos candidatos se han quedado en el primer capítulo y han centrado sus campañas en los llamados "derechos sociales" como vivienda, salud, seguridad social, educación, etcétera. Pero el capítulo de la distribución del poder es tanto o más relevante, al punto que determina si los derechos sociales se van a garantizar o no.
Los mapuche vemos el poder como algo descentralizado; el poder se reparte, no se concentra. Múltiples jefaturas por territorios, por clanes y linajes familiares, nos caracterizan como sociedad. Ello nos obliga a una constante deliberación interna. Es un tipo de democracia directa y participativa que maravilló a los cronistas hispanos en la Colonia. Esto me hace no comulgar con una estructura estatal centralista y menos con el presidencialismo que tiene Chile. Sueño más bien con un estado federal y una democracia parlamentaria.
Hoy tenemos una Constitución que no reconoce, bajo ningún aspecto, a los pueblos originarios. En el principal pacto social entre los ciudadanos con el Estado, nosotros no existimos. Existimos en leyes menores como la Ley Indígena que tiene características de ley cultural de bajo rango. Eso debe cambiar, debemos avanzar hacia el reconocimiento explícito de las primeras naciones. Debemos avanzar hacia un Estado Plurinacional.
En América Latina, Europa, incluso en España, la "Madre Patria" de muchos chilenos, la plurinacionalidad es reconocida, ya sea de hecho o a nivel constitucional. Esto lleva aparejado el ejercicio de derechos políticos, culturales, económicos y sociales para diversas minorías nacionales como vascos y catalanes. Los mapuche podríamos oficializar el uso y la enseñanza de nuestra lengua, ser beneficiarios del traspaso de competencias de gobierno, administrar nuestros propios recursos, etcétera.
Esto en verdad no es nada novedoso, existe hace medio siglo en el llamado "primer mundo" con el cual la élite chilena gusta compararse. Hacia allá debemos avanzar. Una Constitución plurinacional no resolverá en lo inmediato la conflictividad rural, pero allanará el camino para que este tipo de discusiones sean posibles y mucho más llevaderas en las próximas dos o tres décadas.
La Constitución de 1980, en cambio, es para todo ello una verdadera camisa de fuerza.
"Hoy tenemos una Constitución que no reconoce, bajo ningún aspecto, a los pueblos originarios. En el principal pacto social entre los ciudadanos con el Estado, nosotros no existimos... Eso debe cambiar".