Con frecuencia, nuestros lectores plantean su preocupación, a través de cartas y fotografías, por los perros que vagan por las calles, muchos de ellos enfermos, invadidos por parásitos y en condiciones lamentables. Se trata de un problema que se ve en casi todas las ciudades, pero de acuerdo con las inquietudes que expresan, esta situación toma más fuerza en Temuco y Padre Las Casas.

Con el fin de hacer frente a ese problema, los gobiernos y municipios han llevado adelante, desde 2014, el Plan Nacional de Esterilización, y como parte de él se realizan cirugías a perros y gatos, lo que permite ir acotando el número de animales en las calles. Es imperativo evitar su proliferación mediante estos programas y la habilitación de caniles para los casos más urgentes. Pero sobre todo, resulta fundamental que la ciudadanía comprenda que debe hacerse responsable de sus mascotas. La proliferación de perros callejeros no existiría si sus dueños fueran más conscientes.

Cuando en julio de 2017 se promulgó la ley Nº 21.020 de tenencia responsable de mascotas y animales de compañía, conocida también como "Ley Cholito", se pensó que sería la solución para el problema que representan los animales abandonados. La iniciativa estipuló que el dueño está obligado a su adecuada identificación e inscripción a través de una plataforma informática a cargo del Ministerio del Interior y se determinó que el propietario es responsable de su alimentación, manejo sanitario y cumplimiento de la norma, a la vez que responderá civilmente por los daños que pueda causar su mascota. Como la especie tiene una identificación de microchip, en los casos de extravío podrá ser devuelta a sus propietarios. Pero, también instruyó a los municipios que las que estén abandonadas y no tengan la identificación podrán entregarlas a las organizaciones que se preocupan de la tenencia responsable.

El microchip es el método seguro para la identificación de un perro callejero y para asociarlo con su propietario, lo que a la vez permite establecer las multas en caso de abandono. Pero aunque se trate de endosar su solución exclusivamente a los municipios, esto es revelador de la falta de compromiso y de humanidad de parte de algunos tenedores de mascotas.

Para las empresas, ya partió la Operación Renta. Y para determinar los impuestos a pagar, tan importantes son los ingresos como los gastos del contribuyente. Mientras mayores son los desembolsos que pueda hacer valer, menor será la renta líquida obtenida y menor el impuesto a pagar.

Por décadas la ley estableció que los gastos deducibles eran, simplemente, los "necesarios" para producir la renta. Y aunque la ley no lo establecía, el SII agregaba que ellos eran los "desembolsos de carácter inevitable y obligatorio", considerándose no solo la naturaleza del gasto, sino que además su monto; interpretación que permitió al SII rechazar reiteradamente gastos significativos, a pesar de su vinculación evidente al giro del negocio y de su necesidad para generar rentas. Muchos de esos casos lograron revertirse solo tras arduos debates judiciales.

A veces los actos de órganos públicos no solo contravienen el texto de la ley, sino que además van en contra de políticas del Estado. Por ejemplo, se busca que los empleadores protejan la salud e integridad de sus colaboradores, pero algunos órganos del Estado, como el SII, rechazan desembolsos dirigidos a mejorar el clima laboral de la empresa, lo que resulta absurdo e incomprensible, porque la mejoría de esas condiciones contribuye a un mayor rendimiento de la empresa y, con ello, un aumento de la renta afecta. Y el gasto en el trabajador es, tal vez, el más necesario para generar ingresos.

Ese panorama cambió. El legislador ha dispuesto que se entiende por gasto "necesario" aquél que tiene la "aptitud" de generar renta, en el mismo o futuros ejercicios y esté asociado al interés, desarrollo o mantención del negocio. Se trata, ahora, de un concepto asociado a la gestión de la empresa y no a su resultado, pudiendo sumarse incluso el desembolso que tenga la "potencialidad" de generar rentas, aunque en definitiva no se produzcan por razones de mercado, competencia u otras, tales como gastos en marketing, por defensas judiciales asociadas al negocio, para celebraciones de Fiestas Patrias y Navidad, aniversarios institucionales, etcétera.

Se trata de un concepto legal, ahora fuertemente asociado a la gestión de la empresa, que nunca debió quedar entregado a la discreción y al arbitrio administrativo, especialmente porque el SII está facultado para interpretar la ley, y no para ampliar, ni para restringir los alcances de sus normas, tal como lo ha declarado expresamente la Corte Suprema.

Luis E. Ulloa Rosas, abogado tributario