La Asociación de Contratistas Forestales (Acoforag) emplazó al Gobierno a elaborar "de manera urgente" un plan de seguridad para proteger a las faenas forestales en la provincia de Arauco, La Araucanía y Los Ríos, que siguen siendo blanco de ataques por parte de encapuchados.

Luego de que esta semana se registrara un nuevo atentado en un sector rural de la comuna de Toltén, y ante la abierta reivindicación en un panfleto por parte de un órgano de resistencia territorial de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), los contratistas forestales alzan la voz y piden que se tomen "medidas concretas y efectivas" para garantizar la integridad de los trabajadores.

"Hay una sensación de desamparo, mucho temor y estrés entre los trabajadores. Es como que no hay voluntad de garantizar seguridad. Por eso llamamos a que se tomen acciones concretas ahora. Necesitamos un plan con medidas serias y efectivas para evitar que se sigan destruyendo puestos de trabajo", declaró René Muñoz, gerente de Acoforag.

¿un nuevo plan cosecha?

Entre los comentarios que han surgido en torno a la idea de brindar más seguridad a los trabajadores del rubro forestal, hay voces políticas que piden "replicar" el Plan Cosecha para dicho sector, bajo la premisa de que -según el Gobierno- funcionó "exitosamente" durante este verano.

Al respecto, el líder de los contratistas forestales plantea que hay múltiples variables que se deben analizar con extrema atención, considerando que el rubro forestal desarrolla labores más extensas y en terrenos más complejos que el agrícola.

"Las labores de cosecha forestal no son como las de cosecha agrícola. Nosotros trabajamos con equipos de grandes proporciones en sectores alejados de las zonas pobladas, en donde normalmente no hay señal telefónica y con acceso muy complicado. También, nuestras operaciones no duran dos semanas, sino que se extienden por sobre los 30 días en mínimo", explica Muñoz.

"La extensión territorial y temporal de nuestro trabajo, de la superficie que abarca una cosecha forestal, hace que sea necesario que el Gobierno se siente a pensar en una serie de acciones policiales exclusivas para nuestro trabajo, a ver más allá del Plan Cosecha que se hizo en el verano", concluye.

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"Vemos que el Gobierno no tiene ni siquiera la intención de generar un plan de trabajo para este flagelo que destruye puestos de trabajo y genera temor".

René Muñoz,, Asoc. Contratistas Forestales

$35 mil millones fue el perjuicio económico que causaron los ataques incendiarios contra empresas que prestan servicios a forestales.

Un total de 197 internos en 14 unidades penales de la Región de La Araucanía elevaron solicitudes para salir en libertad condicional.

Así lo informó el Poder Judicial, desde donde precisan que la Comisión de Libertad Condicional, que es dirigida por la Corte de Apelaciones de Temuco, revisará -entre ayer 8 y hasta el 13 de abril- un total de 197 solicitudes para acceder al beneficio de libertad condicional.

Este semestre, el grupo de comisionados es presidido por la ministra de la Corte de Apelaciones de Temuco María Georgina Gutiérrez e integrada por los jueces Luis Sarmiento y Leonel Torres, del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco; Karina Rubio, del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Angol, y Leticia Rivera, del Juzgado de Garantía de Temuco. En tanto el secretario de la Corte de Apelaciones, Germán Varas, actúa como ministro de fe.

Las sesiones de evaluación se realizan de manera remota debido a la pandemia.

Por la misma razón y para evitar los desplazamientos de personas y los potenciales contagios por covid-19, la Corte de Temuco en conjunto a Gendarmería, digitalizó previamente las 197 carpetas, a fin de que los relatores accedan a su revisión y estudio previos, vía remota, además del resguardo de la salud de todos los funcionarios públicos involucrados en la gestión administrativa.

Un derecho

Desde el Poder Judicial recuerdan que con el fin de garantizar los derechos de los postulantes y otorgar transparencia en el proceso, en octubre de 2019 la Comisión de Libertad Condicional incorporó a defensores penitenciarios de la Defensoría Penal Pública y una dupla sicosocial de Gendarmería de Chile, quienes están presentes durante toda la audiencia y cuando los informes son desfavorables al interno, la ministra Gutiérrez les otorga la palabra, a fin de resolver el otorgamiento de la libertad condicional con todos los antecedentes.

Para postular al beneficio de la libertad condicional, los internos en cárceles deben haber cumplido la mitad de la condena y dos tercios en el caso de condenas por delitos graves; presentar una conducta intachable, además de un informe psicosocial por parte de profesionales de Gendarmería en donde haya un visto bueno favorable para iniciar un proceso de reinserción social.

El alcalde de Traiguén, Ricardo Sanhueza, emitió una declaración pública en la que se refirió a la detención de un funcionario judicial de 38 años por tenencia ilegal de armas de fuego, municiones y explosivos.

El edil traiguenino, que es primo hermano del individuo imputado, lamentó lo ocurrido y expresó su deseo a que se investigue a fondo lo sucedido.

"Condeno este y todo tipo de hechos que puedan revertir el carácter de delito y que implique la vulneración de derechos de quienes habitan nuestra comuna y que afecte nuestro ordenamiento jurídico (...) Lamento la situación de la familia afectada y de todos los vecinos del sector donde se desarrollaron los hechos que hoy son materia de investigación", publicó el edil en Facebook.

Sanhueza expresó su empatía con sus familiares más cercanos con el detenido y también dijo que ve "con preocupación como algunas personas por motivaciones políticas y de manera dolosa e infundada, pretendan relacionarme con los hechos investigados, considerando que las responsabilidades penales son individuales y que yo personalmente nada tengo que ver en ello".