Enfermedades "huérfanas"
Mucho se ha hablado sobre lo que debiese abordar la nueva Constitución. Sin embargo, un tema que no puede ser olvidado, y que debe ser prioritario, es el acceso digno a la salud, específicamente de aquellos pacientes que hoy sufren una enfermedad de alto costo.
Actualmente vemos cómo cientos de chilenos no pueden acceder a tratamientos oportunos. Esta situación es aún más dramática para las personas que padecen patologías raras, las cuales se caracterizan por tener una baja prevalencia y, en muchos casos, por ser tremendamente costosas, con pocas opciones terapéuticas. Incluso, hay quienes pertinentemente denominan a estas enfermedades como "huérfanas", ya que parecen estar totalmente abandonadas por parte del Estado.
Por cierto, la Ley Ricarte Soto ha sido un gran aporte para miles de chilenos. No obstante, nadie debería quedar indiferente al sufrimiento de personas que deben poner sus esperanzas en bingos y rifas para poder acceder a un medicamento.
Como Asociación Nacional Chilena de los Amigos de la Infancia apoyamos a niños que padecen Fenilcetonuria, una enfermedad metabólica que impide la ingesta de proteínas y que expone a los pacientes a irreversibles afecciones neurocognitivas y psiquiátricas, que incluyen déficits en la función ejecutiva y síntomas como ansiedad, depresión, fobias, entre otras. Aunque en otros países se ha logrado afrontar con éxito este problema, hoy, en Chile, estamos al debe y nos queda mucho por avanzar.
En el marco de las elecciones más importantes del último tiempo, queremos hacer un llamado a quienes aspiran a redactar la nueva Constitución para que no se olviden de estos pacientes, que consideren el acceso digno a la salud como una prioridad y le entreguen a todos aquellos que sufren una enfermedad poco frecuente la oportunidad de una vida digna.
De las próximas decisiones dependerá que desterremos para siempre la denominación de "huérfanos" que nos ha impuesto esta sociedad.
Eugenio Bruce, director ejecutivo Asociación Nacional Chilena de los Amigos de la Infancia
Colegiatura obligatoria, derechos humanos y nueva Constitución
Lo propuesto recientemente por el Colegio de Abogados -colegiatura obligatoria- resulta del todo problemático. Pues, la "libertad de asociación" es un derecho fundamental tutelado en diversos instrumentos internacionales como: la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 20); el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 22); y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (art. 16).
Si bien el ejercicio de este derecho puede estar sujeto a restricciones, éstas solo pueden fundarse en aquellas necesarias para el resguardo de una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, del orden público, o para proteger la salud o la moral pública o los derechos y libertades de los demás. Evidentemente, no estar colegiado no pone en riesgo ninguna de las anteriores.
Por lo tanto, que la Orden sugiera a los Convencionales Constituyentes establecer la colegiatura obligatoria, es un llamamiento a vulnerar el Acuerdo por la Nueva Constitución, la reformada Constitución actual y lo refrendado ampliamente por la ciudadanía el 25 de octubre de 2020 en el Plebiscito Constitucional, toda vez que el artículo 135, inciso final, del Capítulo XV de nuestra Constitución Política, establece que el respeto a los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, es uno de los límites al texto de Nueva Constitución.
Así, entonces, que el Colegio de Abogados, cuerpo de técnicos por antonomasia en un proceso constituyente, llame a desconocer el derecho es una contradicción vital. Javier A. Labrín Jofré
Educación
"Con la buena educación es el hombre una criatura mansa y divina; pero sin ella es el más feroz de los animales".
Esto, que lo afirmó Platón hace dos mil años, la diputada de los nietitos lo ha demostrado una vez más.
Rodrigo Hernando Díaz
Rol del Estado
Si a causa de la pandemia hemos aprendido que el Estado es incapaz de reemplazar a las personas en la creación de bienestar.
Si hemos sido testigos de lo absurdo que es ver a la clase política definiendo qué trabajo o bien económico es esencial. ¿Por qué pensar que el Estado podría hacerlo mejor si tuviera a su cargo el monopolio de la educación, la salud o la vivienda?
Juan L. Lagos
