Juan Carlos Poblete González

La Fiscalía Nacional confirmó a Roberto Garrido Bedwell como nuevo fiscal regional de La Araucanía.

Mediante un comunicado público emitido desde las oficinas de la Fiscalía Nacional, en calle Catedral de la ciudad de Santiago, se informó que el fiscal nacional Jorge Abbott designó al abogado de 45 años para ocupar el cargo de jefe regional del Ministerio Público en La Araucanía, por el periodo 2021-2029.

En el breve comunicado, la Fiscalía informó que Garrido asumirá sus funciones como fiscal regional, el próximo 1 de junio.

Antecedentes

El fiscal Roberto Garrido nació en la ciudad de Concepción, Región del Biobío. Allí cursó sus estudios superiores y se tituló como abogado en la Universidad de Concepción, para posteriormente cursar un Magíster en Derecho Público en la Universidad Autónoma y, más tarde, un diplomado en Derechos Humanos en la Universidad de Chile.

Garrido llegó al Ministerio Público en el año 2002. Ofició, primero, como abogado asistente en la Fiscalía de Purén y posteriormente en la Fiscalía de Loncoche.

Desde la Fiscalía indican que en sus 18 años de carrera ha ejercido diversas labores como fiscal jefe, pasando también a ocupar responsabilidades como jefe regional de unidades especializadas, como la Unidad de Delitos Sexuales, la Unidad de Delitos Económicos y la Unidad Anticorrupción.

Méritos

En 2014, indican desde Fiscalía, Roberto Garrido logró la distinción como el fiscal más destacado de La Araucanía, entregada tras recibir positivas evaluaciones por "su vocación profesional, cercanía con las víctimas, eficiencia en la persecución criminal, relación con la comunidad y valores institucionales".

En enero del año 2018, el fiscal Roberto Garrido comandó las primeras diligencias cuando se descubrió que la "Operación Huracán" había sido un operativo de manipulación de pruebas y evidencias por parte de la Unidad de Inteligencia Operativa Especial (Uioe) de Carabineros, encabezando el allanamiento a la casa-cuartel de Avenida Pablo Neruda.

Tras asumir como jefe de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Regional, en el mes de noviembre de 2018 asumió la investigación del crimen de Camilo Catrillanca (24), herido de muerte por un efectivo de Carabineros en Ercilla, caso que se cerró el pasado 5 de mayo, confirmándose la sentencia contra ocho exfuncionarios de la institución policial.

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"Me siento afortunado de haber escogido esta Región para mi desarrollo profesional (...) estoy orgulloso de ser fiscal, no por el cargo, sino por el sentido y la esencia que esta labor supone".

Roberto Garrido,, nuevo fiscal regional, en su presentación para la terna

Cuatro abogados se presentaron para la audiencia como interesados en el cargo de fiscal regional por los próximos ocho años: el fiscal Roberto Garrido, el fiscal César Schibar, el abogado Diego Bizama Tiznado (que trabaja en la Fiscalía) y el abogado Sergio Arévalo (que trabaja en Intendencia). Tres quedaron en la terna como finalistas: el fiscal Garrido, el fiscal Schibar y el abogado Arévalo. Tras seis días desde que la Corte de Apelaciones de Temuco enviara la terna con los tres finalistas, el fiscal Jorge Abbott dio a conocer su decisión, eligiendo a Garrido.

La Fiscalía y la Defensoría solicitaron que el Hospital de Villarrica remita todos los antecedentes médicos existentes para confirmar o descartar una presunta enfermedad psicológica que sufriría la joven madre que fue detenida por el crimen de su hijo, de cuatro años, en el sector Molco Bajo, de la comuna de Villarrica.

El caso quedó al descubierto en horas de la tarde de este lunes, en circunstancias en que una mujer llamó al teléfono 133 de Carabineros, relatando que había matado a su hijo y que quería atentar contra su vida.

El operador de la Central de Comunicaciones (Cenco) de Carabineros brindó contención a la mujer, al mismo tiempo que solicitó más antecedentes de la ubicación de lo ocurrido. Entre sollozos, llanto y gritos, la mujer dijo que estaba afuera de su casa, en la villa Iturrieta-Mardones, a la altura del kilómetro 12 de la ruta Villarrica-Pucón.

Al llegar la patrulla policial al lugar, los efectivos verificaron que el menor estaba en su dormitorio, ya sin vida, y que en las afueras había un cordel con un nudo. Luego de tranquilizar a la mujer, se le informó que quedaba detenida como sospechosa del delito de parricidio.

En el lugar de los hechos, el abuelo del niño fallecido dijo que la mujer había dejado de recibir tratamiento para lo que fue mencionado -preliminarmente- como un trastorno de bipolaridad.

En tribunal

En la audiencia de control de detención, la Fiscalía informó que requiere más antecedentes, incluyendo los antecedentes médicos, por lo que solicitó posponer la audiencia de formalización para el viernes.

Desde la Defensoría pidieron que los antecedentes médicos sean enviados de manera "urgente", antes de esa audiencia.

"En la entrevista que desarrollamos pudimos obtener información relativa a antecedentes de salud mental, cuyos detalles fueron requeridos en la audiencia de control de detención (...) esperamos contar con dichos elementos para plantear las cuestiones que permitan establecer si ella tiene antecedentes que puedan establecer alguna inimputabilidad o alguna imputabilidad disminuida", confirmó el defensor Rigoberto Ortiz, de la Defensoría Penal Pública.

"La inimputabilidad o imputabilidad disminuida significa que, en base a los antecedentes médicos, en caso de que tuviese algún tipo de participación, esta fue (...) influenciada por alguna enfermedad que pueda disminuir su responsabilidad o que incluso pueda disminuirla completamente", complementó el defensor de la Defensoría Penal Pública.

Para el jueves 3 de junio quedó postergado el juicio oral en contra del imputado por el crimen de Felisa González Pichipillán, la mujer de 42 años que fue brutalmente asesinada con más de una veintena de puñaladas el 21 de mayo del 2018, en una cabaña ubicada en el sector Coinco, en el camino Villarrica-Pucón.

El juicio contra el hombre acusado por el asesinato debía comenzar este lunes 17, sin embargo, el sujeto informó que requería un cambio de abogados defensores.

La Fiscalía se opuso a que el juicio se pospusiera, sin embargo, el tribunal acogió aplazarlo unas semanas.