Las encuestas señalan que la delincuencia es uno de los problemas que más preocupa a la población, porque deja una sensación de inseguridad, que ya no se da solo en puntos específicos, sino en una mayoría de comunas e incluso llega a sectores que tradicionalmente eran considerados como tranquilos. Si bien otros delitos han bajado en medio de la pandemia, los homicidios han ido en aumento. Asimismo, es preocupante que hay comunas donde en los últimos años se han concentrado estas acciones de mayor connotación, algunos de ellos catalogados como ajustes de cuentas.

En la cuenta pública que hace unos días dio a conocer el fiscal nacional Jorge Abbott, detalló algunos de los hechos que durante el año 2020 marcaron la labor del Ministerio Público y ha expresado su preocupación por los homicidios y los delitos violentos.

La autoridad ha revelado que en el último año hubo 895 asesinatos en Chile, lo que representa un aumento de 20% respecto de los casos registrados en 2019. Y en el 45% de esos homicidios se usaron armas de fuego, de acuerdo a las estadísticas de la PDI.

Es innegable el esfuerzo que realizan los organismos dedicados a la persecución de los delitos, pero con frecuencia se dan a conocer informes que muestran el altísimo porcentaje de causas que reciben las fiscalías y que se archivan sin tener un resultado. Por eso, el pensamiento de los ciudadanos que interactúan con estas instituciones es que no le están dando una solución concreta al problema de la delincuencia, que muestra un aumento desmedido y mayores niveles de violencia.

Y mientras se hacen los cambios que permitan un sistema educacional más integrador, que podría tomar años y hasta generaciones, hay que dar respuesta a los problemas que enfrenta hoy la gente: la delincuencia es una realidad que atemoriza a las familias y la percepción ciudadana es que no se hace lo suficiente por resolverla. Por ello, las instituciones y autoridades requieren de nuevos modelos de gestión que fortalezcan las acciones preventivas y de persecución criminal inteligente, que reemplacen una estructura esencialmente reactiva.

En abril de 2021 se publicó en el Diario Oficial el primer listado de solicitudes de reconocimiento de humedales urbanos al alero de la Ley 21.202. En dicho documento notamos que muchos de ellos no fueron incluidos, siendo importante leer estos datos a la luz de un proceso constituyente, al que se han adherido muchas organizaciones que tienen por objeto cuidar su identidad territorial enmarcándose en esta temática, pero que dentro del gran tema de propiedad del agua queda invisibilizada dado a que, supuestamente, ya cuentan con una ley de protección.

Estas organizaciones han notado lo difícil de lograr un reconocimiento, pues las municipalidades no han respondido las solicitudes locales de inscribir estos cuerpos ante la Seremi del Medio Ambiente, para iniciar el proceso que llevará a la protección. ¿Por qué no lo hacen?: por los impedimentos que ello supondría en los proyectos constructivos que desean para esos terrenos, o como indica el artículo 3° de la ley, debido a que la conectividad biológica en los humedales urbanos llevaría a una protección en cadena.

Los datos anteriores deben leerse en medio de un proceso de ebullición social, donde la protección de los cuerpos de agua es parte de una de las solicitudes basales del nuevo tramado social activo, que entiende de manera clara que el agua se está acabando.

Esta ley no cumple con el principio de cooperación, que es un principio del Derecho Ambiental, sino que la traba con el paso burocrático de que el organismo que debe solicitar la inscripción de los humedales urbanos es la Municipalidad.

Por tanto, si un alcalde no quiere solicitarlo, la ciudadanía no tiene forma de iniciar el proceso. La única vía alternativa se encuentra en un reconocimiento de oficio por el ministerio, que tampoco puede ser forzada. Si no se reforma esta ley, o si los municipios no ceden ante la presión, la institucionalidad se verá superada.