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El próximo 14 de julio asumirá la nueva figura del gobernador regional, autoridad de elección popular que será el órgano ejecutivo del Gobierno Regional y además presidirá el Consejo Regional aportando un voto más al órgano colegiado.

Al asumir la nueva autoridad deberá designar a los jefes de las seis divisiones del Gore (tres fueron creadas en el marco del fortalecimiento de los Gobiernos Regionales) y también al administrador regional, esto significa que los profesionales que ejercen estas funciones de confianza deben poner sus cargos a disposición el 14 de julio.

Así lo explicó Mauricio Fuentes, funcionario y presidente de la Asociación de Funcionarios del Gore, quien además es director de la Federación Nacional de Asociaciones de Gobiernos Regionales.

A estos siete nombramientos de confianza se suma el cargo del auditor interno de control, única designación que el gobernador debe someter a una postulación similar al sistema de Alta Dirección Pública.

Fuentes confirmó que la mayoría de los funcionarios del Gobierno Regional están a contrata y que son profesionales de carrera, por lo que sus contrataciones no están en riesgo en virtud de la entrada en vigencia del cargo de gobernador regional.

Por otro lado, desaparecen las actuales intendencias regionales, las que pasarán a denominarse delegaciones presidenciales regionales (DPR), cuyos delegados representarán al Presidente de la República en cada región.

Esto significa que el intendente Víctor Manoli, a partir del 14 de julio, será el delegado presidencial de La Araucanía y la Gobernación de Cautín desaparece como repartición, no así la gobernación de Malleco, cuya autoridad pasará a denominarse delegada provincial.

La gobernadora de Cautín, Constanza Marchant, corroboró la desaparición de su repartición, sin embargo, aseguró que se están realizando los perfiles de los funcionarios para reubicarlos, dejando en claro que nadie quedará cesante.

IMPLEMENTACIÓN

En el marco del proceso de descentralización, es un hecho que la transferencia de competencias de la nueva autoridad todavía no responde a todas las demandas de los regionalistas y de los cores para, efectivamente, "gobernar y no solo administrar el Gobierno Regional", como indica a modo de crítica el presidente de Ancore, Marcelo Carrasco, quien espera que "de manera transitoria los servicios que están en el edificio del Gobierno Regional vayan dejando las instalaciones para que el gobernador junto con el Consejo Regional, puedan funcionar con comodidad. Hoy día tenemos una situación de hacinamiento, la que se arrastra desde hace mucho tiempo, ejemplo de ello es que hay cores que no tienen oficina".

En concreto, y hasta antes de la pandemia, estaba proyectado que algunos servicios salieran del edificio del Gobierno Regional, pero hasta ahora solo lo hizo Sernatur, suspendiéndose la mudanza, por ejemplo, de Desarrollo Social. La seremi de la repartición, Consuelo Gebhard, confirmó a El Austral que "no hay presupuesto para moverse y que la repartición seguirá en el edificio".

El consejero Carrasco añadió que existe una deuda importante respecto del presupuesto que administrará el gobernador regional, ya que hoy esto se acota solo al FNDR que es el 10% del presupuesto regional. "Lo esperable es que el proyecto avance y que tengamos un gobernador con un presupuesto regional sin glosas", dijo el core.

Entre los roles más relevantes del gobernador está el formular políticas de desarrollo de la región, considerando las políticas y planes comunales respectivos; Someter al Core las políticas, estrategias y proyectos de planes regionales de desarrollo y sus modificaciones; Promulgar, previo acuerdo del Core, el plan regional de ordenamiento territorial; Someter al Core la propuesta de territorios como zonas rezagadas y su respectivo plan de desarrollo; Solicitar al Presidente, previo acuerdo del Core, la transferencia de una o más competencias de los ministerios y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa.

Tras el asesinato del sargento de Carabineros Francisco Benavides, la Cámara de Diputados aprobó por 71 votos a favor, el proyecto de resolución impulsado por el diputado Miguel Mellado (RN) y apoyado por los parlamentarios Leopoldo Pérez, Harry Jürgensen, Cristóbal Urruticoechea, Diego Paulsen, Jorge Rathgeb y René Manuel García, el cual manifiesta la preocupación por la ausencia del Estado de Derecho en La Araucanía y la provincia de Arauco, y recalca la ineficacia para hacer frente a la violencia y someter a la acción de la justicia a quienes cometen actos terroristas.

"A través de este proyecto queremos exigirle al Presidente Piñera, que cumpla con su deber constitucional de dar seguridad a los habitantes de nuestra Región, dotando a las policías de respaldo jurídico y todos los recursos humanos y técnicos necesarios, incluido el armamento, para hacer frente a los grupos que actúan fuertemente armados", señaló el diputado Mellado, quien además reparó en la ineficacia para hacer frente a la violencia en la Macrozona Sur.

El proyecto, además, expresa la solidaridad con Carabineros de Chile y la familia del sargento primero Francisco Benavides, quien se enlista como el tercer funcionario policial asesinado en la zona desde octubre del año pasado a la fecha.

Presentan a Contraloría un oficio para que se investigue "la legalidad" de dos licitaciones realizadas por la Junaeb, debido a la preocupación que han manifestado organizaciones de funcionarios del organismo y miembros de la sociedad civil.

La denuncia la hicieron Jaime Aravena, jefe de gabinete del diputado Fernando Meza (Ind) y Francisco Javier Millar, expresidente de la JPR. Ambos calificaron las licitaciones de "indolentes y una vergüenza porque pretenden privatizar las funciones que son propias del Estado".

Concretamente refieren a dos licitaciones de la Junaeb por montos que superan los $1.300 millones y que pretenden externalizar las funciones de control, monitoreo y mantención de datos sensibles de distintos programas del servicio público.

"Cuando las necesidades son muchas y los recursos son escasos, no podemos permitirnos como Estado que se sigan malgastando los recursos de todas y todos los chilenos. Junaeb hoy levanta una licitación para pedirle a un privado que le diga cómo está haciendo la pega: eso es impresentable", señaló Aravena.

Millar, por su parte, acotó que "estamos frente a lo que pareciera ser una tremenda máquina diseñada para sacar recursos del Estado a través de estas indolentes licitaciones que, sin ningún tipo de vergüenza pretenden privatizar las funciones que son propias del Estado".