Ha entrado en vigencia el Pase de Movilidad destinado a personas que hayan completado el proceso de vacunación contra el covid-19, esto es, que hayan pasado más de catorce días después de recibir la segunda dosis. Esta medida, que ha tenido defensores y detractores, pretende dar mayor movilidad a quienes se han inmunizado e ir avanzando en dar mayor libertad de desplazamiento, sobre todo para quienes han cumplido con las exigencias de resguardarse del virus.

Se trata de un pase digital, certificado que puede descargarse desde la página web de la campaña de vacunación y funciona asociado a un código QR, para las comunas que están en fase 1 y 2 del plan Paso a Paso, mientras que para los adultos mayores de 70 años se ha señalado que bastará con que porten el carnet de vacunación que indique que han cumplido con recibir las dos dosis, por lo que no será necesario sacar los permisos en comisariavirtual. Este pase permitirá realizar viajes entre regiones o comunas que estén en transición, y será previo al pasaporte verde que se trabaja con gobiernos de otros países, para iniciar la movilidad internacional, una vez que se reabran las fronteras y las condiciones sean adecuadas para ponerlo en práctica.

Es evidente que luego de más de catorce meses de medidas restrictivas, la población ha demandado comenzar a levantarlas, al menos para quienes se han inmunizado, con el fin de retomar en forma paulatina una relativa normalidad.

Este paso podrá incentivar a las personas reticentes a acudir a vacunarse, también contribuirá a reactivar la deprimida economía y, sobre todo, a comenzar a recuperar los empleos que se han perdido en la pandemia. Sin embargo, es necesario recalcar que la implementación del Pase de Movilidad exigirá de la población una gran cuota de responsabilidad. Como toda medida que se aplique, será exitosa si los beneficiarios actúan tomando todos los resguardos sanitarios, como el uso de mascarillas, mantener la distancia física y, sobre todo, cumplir con los aforos. Pero de no ser así, podría tener negativas consecuencias y hacernos retroceder nuevamente en la lucha contra el coronavirus.

El proceso electoral del 15 y 16 de mayo de 2021 quedará en la historia republicana de nuestro país. Debíamos elegir a 155 Convencionales Constituyentes, con la selecta misión de redactar una nueva Constitución. Junto con destacar la sorpresiva irrupción de constituyentes independientes, llama la atención la gran cantidad de candidatos abanderados con la causa ambiental, motivo por el cual es interesante reflexionar en torno a una posible carta fundamental "ecologizada o verde", y sus efectos en el mediano y largo plazo en nuestra economía.

Desde el año 2010 nuestro país, respondiendo a las exigencias de la OCDE, ha puesto en marcha una política ambiental seria y moderna, lo que se ve reflejado con la dictación de la ley 20.417 que creó el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente. Posteriormente, el año 2012 se crearon los Tribunales Ambientales mediante ley 20.600.

En esta ocasión las principales consignas de los candidatos electos decían relación con consagrar el derecho humano al agua, la protección de la biodiversidad, los derechos de la naturaleza, la equidad intergeneracional y los derechos de acceso a la justicia ambiental, información y participación, entre otros.

Este escenario, a la vista de algunos, supuestamente catastrofista para nuestra economía, es absolutamente coherente con las políticas públicas que se han venido diseñando desde largo tiempo, e incluso el comportamiento judicial así lo demuestra, como por ejemplo con la reciente sentencia de la Corte Suprema de enero de 2021 (caso Municipalidad de Nogales), que acogiendo un recurso de protección reconoció la existencia del derecho humano al agua. Luego, es sabido que el último paso de la institucionalidad ambiental es la creación del Servicio Nacional de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas, actualmente en tramitación legislativa. Por su parte, Chile es parte activa en el Acuerdo de París sobre cambio climático y actualmente se discute en el Congreso la ley marco de Cambio Climático. Por si fuera poco, nuestro país es líder a nivel mundial en política energética estratégica, principalmente a través del hidrógeno verde, el combustible del futuro.

Desde el punto de vista del financista, la situación no es muy distinta. Tanto el Banco Mundial, como el BID han impulsado una serie de iniciativas con el objeto de incluir el cambio climático en las políticas económicas. Nuestro país, entre tanto, fue el primero (2019) en Sudamérica en emitir bonos verdes soberanos. Finalmente, en diciembre de 2019, las principales instituciones financieras de Chile suscribieron una declaración conjunta, por la cual asumían el compromiso de patrocinar y fiscalizar proyectos sustentables, incluyendo a las AFP, quienes deberán ajustarse a las regulaciones de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), específicamente a la Norma de Carácter General Nº386.

El escenario actual demuestra que la lectura de quienes se abanderaron en la lógica del medio ambiente fue la correcta; y que por otro lado, quienes vaticinaron con un desplome de la economía, al menos por esta causa, adolecen de falta de visión y contexto internacional.

Juan Carlos Cisternas Friz,

abogado y académico Facultad de Derecho Universidad Autónoma de Chile