El alcalde de Padre Las Casas, el independiente Mario González Rebolledo, está internado en el Hospital Regional y alejado de sus funciones de jefe comunal desde ayer, debido a complicaciones de salud.

El fin de semana comenzó con molestias físicas siendo derivado al principal centro asistencial de la Región con sospecha inicial de hepatitis, pero, finalmente, fue diagnosticado con un cuadro de pancreatitis, cuyo diagnóstico médico es reservado.

Durante la jornada de ayer se encontraba estable y continuaba sometido a una serie de análisis y exámenes para descubrir las causas de la enfermedad, habiéndose descartado de antemano el contagio por covid-19.

El alcalde González se encontraba sin ningún tratamiento médico al momento de su internación o enfermedades de base y además estaba vacunado con su esquema completo contra el coronavirus.

MUNICIPIO

Para darle tranquilidad a los vecinos y a los funcionarios, desde la Unidad de Comunicaciones del municipio se emitió un comunicado dando cuenta de su estado de salud y comunicando que se mantendrá informada a la comunidad, ya que la pancreatitis es potencialmente grave y puede generar complicaciones al paciente.

"Le deseamos que se recupere lo antes posible y sin duda, en su ausencia, seguiremos trabajando por el desarrollo de nuestra comuna y por otorgar una atención de calidad a nuestros vecinos".

Asimismo, añadieron que "esperamos prontamente tener una actualización respecto al estado de salud de la máxima autoridad comunal, el cual comunicaremos oportunamente".

GESTIÓN

Las primeras acciones que ha realizado el alcalde González apuntan a su preocupación por la seguridad de la comuna. Y, de hecho, desde el Gobierno ya le confirmaron que llegarán nuevos vehículos para patrullaje preventivo.

Y como una de sus promesas de campaña y sueño es concretar una feria hortalicera, se ha reunido con autoridades y parlamentarios.

Que retornen las clases presenciales es otra de sus preocupaciones, por lo que realizó los diagnósticos y reuniones con los actores involucrados, así como gestiones en el área de la salud para agilizar las atenciones.

Los apoderados "organizados" del Liceo Camilo Henríquez, agrupación que reúne a más de 700 familias, pero al margen del Centro General de Padres y Apoderados oficial del establecimiento, están solicitando al sostenedor una rebaja en el pago del arancel correspondiente a los años 2020 (por la pandemia) y 2021 (por efecto de la huelga del sindicato de trabajadores que duró más de 5 meses).

Así lo explicó la apoderada y presidenta de cuarto medio, Mariela Fuentes, quien detalló que "nos tuvimos que organizar porque no hubo respaldo del CGPA. No nos podíamos quedar de brazos cruzados, por eso interpusimos un recurso de protección a comienzos de año y luego una demanda colectiva que busca el pago de indemnizaciones por los perjuicios ocasionados y los gastos extras en que debieron incurrir muchos padres contratando profesores particulares y preuniversitario".

La apoderada además acusó que "la corporación introdujo una cláusula abusiva en el contrato, ya que estipularon que ellos no se hacen responsables de desórdenes públicos ni huelgas".

Añadió que existe preocupación porque "hace una semana un alumno que se había ido quiso volver, pero le cobraron todo de nuevo más una matrícula nueva".

El vicepresidente financiero de la corporación, José Ruiz, sin entrar en detalles informó que estos temas se están analizando con los padres.

Retorno

Desde el sindicato de trabajadores y el establecimiento se comunicó que se reanudó el 100% de las clases de manera online esta semana, mientras que el liceo informó que el retorno a la presencialidad, que es voluntario, parte el 23 de agosto, solo con los cuartos y segundos medios por el momento, para continuar prontamente con los siguientes niveles. El semestre culminará el 14 de enero y no será obligatorio el uso de uniforme.

El plan de recuperación de clases está pendiente, ya que debe ser aprobado por el Mineduc.

Por 109 votos a favor y 6 en contra, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó ayer el proyecto del diputado Andrés Molina (Evópoli) que busca aplicar una regulación al uso domiciliario de la leña, y determinar en el proceso las medidas necesarias para su correcta comercialización.

El proyecto apunta a un manejo global de biocombustibles sólidos, determinando reglas para una comercialización más transparente y respetuosa del medio ambiente.

"Nuestra visión ha sido siempre pensando en la gente más vulnerable de La Araucanía que necesita de la leña para trabajar, cocinar, calefaccionarse, y no prohibirles su uso. El Estado tiene la obligación de apoyar el desarrollo de la industria de los biocombustibles, la que tiene un mercado cada vez más amplio, con el desarrollo de una oferta que permita bajar paulatinamente los costos, una necesaria certificación, que más allá de un recargo de los precios, sea un proceso que nos asegure la calidad de los productos, y también con planes de manejo que en definitiva son los que van a salvar al bosque nativo", explico el parlamentario.