La Fiscalía informó el cierre de la investigación en contra de Martín Pradenas Dürr (29 años), quien está formalizado por siete delitos de abuso sexual y violación en contra de seis mujeres denunciantes.

Así lo comunicó ayer el fiscal del caso, Miguel Rojas, en una audiencia realizada ante el Juzgado de Garantía de Temuco.

"Esto implica que dentro de los próximos diez días, el Ministerio Público debe presentar acusación fiscal y los querellantes podrían presentar acusaciones particulares respecto de los casos que representan", confirmó el fiscal Rojas.

Aquello significa que, en definitiva, la Fiscalía deberá ingresar la acusación en la que se dará a conocer por cuales y cuantos delitos acusa y la pena que solicitará en contra de Pradenas.

Pendrives encontrados

En la audiencia de ayer, los querellantes -incluyendo la familia de Antonia Barra- estaban solicitado que la investigación no se cerrara, para que así se pudiera periciar el contenido de los cuatro pendrives y las tres tarjetas de memoria que fueron encontradas en la celda en la que Martín Pradenas cumple prisión preventiva, desde julio de 2020, en la cárcel de Valdivia.

Dicha solicitud de ampliación de plazo fue denegada por el tribunal, sin embargo, no obstante aquello, el fiscal Rojas aclaró que la Fiscalía solicitó ejecutar los peritajes para acceder a esa información y "rescatar cada uno de aquellos elementos" que sean de interés criminalístico para el caso.

Mientras, la familia de Antonia dice que es necesario avanzar en solicitar una "reapertura" de la investigación de manera urgente, el abogado Gaspar Calderón, defensor de Martín Pradenas, se declaró conforme con la decisión del cierre de investigación, ya que según él, las familias querellantes están intentando "extender la indagatoria para mantener al imputado en prisión preventiva y seguir intentando encontrar pruebas que no hay".

"El caso se está acabando y no están logrando encontrar nada para confirmar los hechos, entonces por cada hallazgo han pedido extender la prisión preventiva. Primero fue cuando se sumó una nueva víctima, que dijo que había sido abusada y sus tres testigos lo desmintieron; luego fue cuando dijeron que había aparecido el teléfono de Martín Pradenas, aunque no hay nada que lo vincule a los hechos; y ahora que estaba por cerrarse de nuevo, pedían que se revisaran los pendrives que se encontraron en la cárcel", dijo el abogado Calderón.

El defensor particular dijo que Martín Pradenas está "tranquilo y confiado en el trabajo que está haciéndose y que seguro que los antecedentes lo van a absolver".

Durante la jornada de ayer, trascendió que la familia de Antonia Barra solicitará la reapertura de la investigación, para insistir en que se entreguen las diligencias en torno a interceptaciones telefónicas sobre las cuales han tenido acceso. "Existe una buena investigación, pero aparte de ello, que es el deber de las instituciones, el fiscal no cumplió todo, ya que me citó telefónicamente el 6 de agosto para pedirme que lo esperara hasta el martes 10 de agosto con el tema de las interceptaciones, lo que ahora el juez usó para fundar su decisión de cerrar la investigación y no darnos la garantía de acceder a ello", lamentó Alejandro Barra, padre de Antonia.

Una madre y sus dos hijas fueron detenidas en las últimas horas por Carabineros del OS-7 "Araucanía", en el marco de una investigación desarrollada en conjunto con la Fiscalía de Temuco.

Se trata de M.P.G.G., quien tenía antecedentes por tráfico de drogas en pequeñas cantidades; y las hermanas C.B.R.G. y C.A.R.G, de las cuales la última con antecedentes por antecedentes por tráfico de drogas en pequeñas cantidades y, al momento de su detención, incumplía con una medida de arresto domiciliario total.

Mediante diversas técnicas investigativas contempladas en la Ley de Drogas, Carabineros del OS-7 logró dar con este clan familiar que en los años 2018, 2020 y 2021, ya había sido detenido por hechos similares, por lo que cambiaba constantemente de domicilio para dificultar su ubicación y evitar ser detenido por la policía.

La diligencia, que se realizó en cumplimiento de una orden de entrada, registro e incautación, se desarrolló con el apoyo del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (Gope) Araucanía y se decomisaron 130 envoltorios de pasta base de cocaína y $3 millones 966 mil pesos en dinero en efectivo.

Por instrucción de la Fiscalía, las detenidas quedaron a disposición del Juzgado de Garantía de Temuco, donde deberán enfrentar la respectiva audiencia de control de la detención y formalización de investigación por los hechos.

El Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal (TOP) de Temuco emitió veredicto condenatorio en contra de Erwin Aedo Soto (30), el hombre que reconoció haber asesinado a Paola Alvarado Cortez (34), en la noche del 9 de noviembre de 2018.

En la audiencia de lectura de veredicto, realizada ayer por la mañana, los jueces declararon culpable a Aedo, sin embargo, no por el delito de homicidio calificado, sino que por el delito de homicidio simple.

Aquello, en lo concreto, implica que Aedo podría ser condenado a una pena de cárcel efectiva, pero por una cuantía de años menor a la esperada por la Fiscalía y la familia de la mujer, que actuó como querellante en el caso.

En efecto, la Fiscalía acusó al individuo como autor del delito de homicidio calificado y pedía la pena de 20 años de cárcel efectiva. Mientras tanto, la familia acusó al sujeto como autor de los delitos de homicidio calificado y secuestro, pidiendo una pena de 40 años de presidio.

Con la recalificación del delito que constituiría el hecho, ahora Aedo podría ser condenado a cárcel efectiva igualmente, pero no superará los 15 años de presidio.

A pesar de ello, el fiscal jefe de Curacautín, Iván Isla, valoró la condena obtenida, destacando que el fallo constituye un hito jurídico a nivel nacional, considerando que se pudo acreditar el homicidio y la participación del acusado, pese a que todavía no se ha encontrado el cuerpo de la joven mujer.

"El tribunal dio por establecido una circunstancia agravante: el haber actuado de noche y en un despoblado. La Fiscalía estima que concurre una segunda agravante, el haber actuado con una motivación de género, al haber actuado en razón del sexo de la víctima. Por ello, entendemos que la condena debe extenderse hasta los 15 años de privación de libertad, partiendo con un mínimo de 10 años y un día", expresó el fiscal Iván Isla, quien lideró la investigación del caso.