La interconexión vial en Temuco se ha posicionado en los últimos años como un problema de complicada solución y que está siendo atendida de forma seria y decidida por las autoridades, toda vez que los inconvenientes que ocasionan las calles saturadas de vehículos redundan en un empeoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la capital regional.

Se trata de una materia compleja, ya que el creciente número de automóviles que circula en Temuco requiere también de un desarrollo vial acorde a esa realidad, que permita contar con calles que den cabida al parque automotor, lo que si bien se está haciendo, no ha permitido acabar con los nudos críticos de congestión, que se han trasladado a otras intersecciones, ya que a pesar del desarrollo de emblemáticos proyectos que han mejorado ostensiblemente la conexión a diversos sectores, el problema aún persiste.

Es así como hoy existen varios nudos críticos en los cuales se hace necesaria una intervención que permita mejorar los flujos y a la vez brindar mayor seguridad a automovilistas y peatones. Entre ellos están el acceso sur a Temuco, Avenida Alemania o la misma calle Caupolicán, que en horas peack se ve superada y muestra atochamientos que dificultan la circulación. Ello además de algunas arterias del centro de la ciudad que se han acotado a una sola vía, lo que claramente genera dificultad de desplazamiento vehicular.

El problema no es ajeno a las autoridades, que han adoptado una serie de medidas para hacer frente a la situación, como la aplicación de vías exclusivas para el transporte público en el centro de la ciudad, o bien la eliminación de estacionamientos en calles de alto tránsito de locomoción colectiva, por nombrar algunas, a las que se agregan obras emblemáticas, como el Tercer Puente entre Temuco y Padre Las Casas y las doble vías hacia Fundo el Carmen y Pedro de Valdivia.

Sin embargo, a pesar de todos estos esfuerzos los problemas continúan y mientras la pandemia siga motivando la utilización del automóvil por sobre el transporte público, lo cierto es que la congestión a ciertas horas y en determinadas arterias, persistirá.

Colaborar para tener un mejor país es tarea de todos. Sin embargo, cuando pensamos en la infancia en dificultad, solo nos atenemos a decir como un mantra: "que el Estado se encargue". En efecto, el Estado sí se ha encargado desde hace más de tres décadas, a partir de 1979, con la creación del Servicio Nacional de Menores - Sename- pero, no lo ha hecho de forma oportuna ni responsable.

Increíble es que en nuestro país aún no se cuente con una ley de infancia, y que la ley de Garantías de la Niñez, destinada a suplir dicho vacío, fuera duramente cuestionada por diversos actores y organismos de la sociedad, que la reputan como inadecuada. Al parecer, los abogados que velan por los cuidados de los menores de edad, aún tendrán que continuar invocando la Convención Internacional de Derechos del Niño, u otros reglamentos foráneos.

Actualmente, se está procediendo a una reforma de este organismo. Tanto es así que se ha modificado su nombre por el de "Mejor Niñez". No obstante, los procedimientos nuevos que se han anunciado y que se empiezan a implementar de a poco, no implican, necesariamente, un cambio en el abordaje de la problemática, dejando irresolubles los grandes nudos críticos. Estos son, por ejemplo, la sobrecarga laboral que experimentan los profesionales al contar con una elevada cantidad de casos a los que se les debe prestar atención mensualmente; la insuficiente cantidad de abogados para tratar los procesos judiciales; la ley de subvenciones que no solo aporta montos insuficientes sino que establece un patrón clientelar distorsionado; sueldos también insuficientes, que generan una mayor rotación del personal, rompiendo los vínculos terapéuticos seguidamente; etc.

En su lugar, el nuevo organismo ha creado una mayor burocracia, con medidas tendientes a favorecer el autocuidado y la supervisión técnica de los procesos, dejando indemnes los problemas de fondo, que propician la ineficiencia del servicio.

Concluimos pues, que el Estado continúa incapacitado para brindar la atención necesaria que requiere la infancia en dificultad. Es la sociedad civil quien debe responder. Agrupaciones sociales, iglesias, fundaciones, son quienes pueden colaborar a un buen nivel, en la superación de este flagelo. Pero para tener una sociedad civil empoderada, preocupada no solo de los problemas, sino comprometida con su resolución, necesitamos que el Estado afloje las cuerdas, y permita a los demás actores cumplir su rol.

No es que el Estado se desentienda del todo. Sino que reconozca su nula capacidad de gestión en esta materia, y permita la participación de los demás actores sociales, permitiéndoles obtener recursos por sí mismos, otorgando también un grado de financiamiento, pero manteniendo todo bajo su observación, principalmente en materias de ilegalidades.

Chile no necesita un "Estado fuerte" que se encargue de todo, pues claramente no lo hace ni puede hacerlo, Chile necesita una sociedad libre y empoderada, o de lo contrario, todo seguirá transcurriendo tal cual como ahora.

Felipe Martínez Reyes,

administrador público

y psicoeducador