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El Salvador aprueba reelección inmediata de presidentes: Nayib Bukele podrá repostularse

POLÍTICA. Corte Suprema de Justicia ordenó permitir la postulación de mandatarios que aspiren a un segundo periodo. "Democracia está al borde del abismo", dijo HRW.
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El Austral

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador emitió un fallo en el que habilita que el presidente en ejercicio pueda competir por la reelección inmediata, con lo que Nayib Bukele podría buscar un segundo período en tres años más.

En el fallo, los magistrados ordenan al Tribunal Supremo Electoral (TSE) permitir "que una persona que ejerza la Presidencia de la República y no haya sido presidente en el periodo inmediato anterior participe en la contienda electoral por una segunda ocasión".

Es decir, si Bukele hubiera ejercido la presidencia en el periodo 2014-2019, no podría buscar la reelección para el lustro 2024-2029.

Los jueces, nombrados el 1 de mayo después de que el Congreso cesó a los magistrados constitucionalistas en una proceso ampliamente criticado, revirtieron así un fallo de 2014 que prohibía la reelección presidencial en los siguientes 10 años tras dejar el cargo.

La Constitución salvadoreña señala que no puede ser candidato a la presidencia quien haya ejercido el cargo "por más de seis meses, consecutivos o no, durante el período inmediato anterior".

Otra interpretación

Los jueces sostuvieron que la interpretación de 2014 es "errónea" y apuntaron que, a su juicio, la Constitución permite que un ciudadano puede ser presidente por un máximo de 10 años.

Es el mismo artículo que "permite como máximo que una persona ejerza la presidencia por 10 años y de hecho, el Constituyente de 1983 obliga a que esos 10 años se ejerzan, si el pueblo así lo decide, de forma consecutiva", dice la sentencia.

Agrega: "Ilegítimo sería promover la continuidad del presidente o una reelección más allá de los 10 años, es decir, más allá de dos períodos".

Los magistrados también señalan una salvedad en la habilitación a la reelección inmediata y puntualizan que el "presidente que se haya postulado como candidato presidencial para un segundo período, debe solicitar una licencia durante los seis meses previos" al inicio del siguiente período.

Es decir, si Bukele se inscribe para buscar la presidencia en 2024, debe pedir licencia en diciembre de 2023 para respetar la "prohibición de prevalerse del cargo para realizar propaganda electoral".

Derechos ciudadanos

Este cambio de criterio de los jueces es parte de un fallo a raíz de una solicitud para retirar los derechos ciudadanos a una salvadoreña que promovía la reelección de Bukele.

La Sala anterior admitió la demanda bajo el criterio de que el artículo 75 de la Constitución señala que "pierden los derechos de ciudadano" quienes apoyen la "reelección o la continuación del presidente, o empleen medios directos encaminados a ese fin".

En esta ocasión, los magistrados apuntaron que dicho artículo se refiere a los ciudadanos que apoyen una reelección presidencial más allá de dos periodos consecutivos.

Supremo acata orden

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de El Salvador, anunció que acatará la orden de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

Agregó que la inscripción será permitida si quien ejerce la presidencia "lo desea y si un partido político legalmente inscrito lo postula para el cargo".

Ante los cuestionamientos de la oposición , el Supremo, que es presidido por una magistrada propuesta por un partido oficialista, agregó que "reitera su compromiso con el pueblo salvadoreño y su apego irrestricto a las leyes y a la Constitución".

Preocupación exterior

Conocido el dictamen, el director en América de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, dijo que "la democracia en El Salvador está al borde del abismo" después del anuncio constitucional.

"Muchos venimos alertando hace más de un año sobre los riesgos para el Estado de derecho en El Salvador", aseguró Vivanco.

OEA pide que haya acción inmediata de la CPI sobre Venezuela

CRISIS. A raíz de denuncias sobre crímenes de lesa humanidad en el país.
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Un grupo de expertos designados por la Organización de Estados Americanos (OEA) instó a la Corte Penal Internacional (CPI) actuar de inmediato "para promover la justicia y la rendición de cuentas en Venezuela".

El mes pasado, la Fiscalía de la CPI publicó un documento, con fecha 15 de junio y con nota de "documento clasificado" hasta el 10 de agosto, que concluyó que "hay una base razonable para creer que delitos que competen a la jurisdicción de la Corte se han cometido en Venezuela".

En el informe, la exfiscal de la CPI, Fatou Bensouda, considera que, de acuerdo a la información de la que ella dispuso, tiene "una base razonable" para creer que desde abril de 2017 "autoridades civiles, miembros de las Fuerzas Armadas e individuos pro Gobierno han cometido crímenes de lesa humanidad".

El panel de la OEA consideró que es necesario que la CPI actúe lo antes posible, "dado que no se ha realizado ningún progreso significativo desde las conclusiones confidenciales de la fiscal saliente".

Mientras tanto, y tras su segunda jornada, las negociaciones en México entre el Gobierno y la oposición avanzaron sin grandes novedades hasta el cierre de esta edición.