Lo concreto es que la licitación del casino en Pucón adjudicada en junio de 2018 y que debía comenzar a operar en junio de 2020, prorrogable por otros 12 meses, aún está en la nebulosa. El 29 de julio el municipio local y el Gobierno Regional debieron recibir más de $3 mil 500 millones como primer pago por la explotación del centro de entretenciones, misma cifra que percibirán anualmente durante los 15 años de la licitación ganada.

No obstante lo anterior, la realidad es diametralmente opuesta. La edificación recién lleva un 40 % de avance y dista mucho del proyecto original que situaba el nuevo casino en el Gran Hotel Pucón, zona que tiene restricciones de edificación por estar ubicada en el borde del lago y la calle que enfrentaba, no da la cabida que exige la ley, lo que obligó a la operadora a proponerle a la Superintendencia de Casinos y Juegos (SCJ) una nueva ubicación. La pregunta que se hacen algunos concejales y gremios es ¿cómo se aprueba un proyecto con semejante nivel de limitantes previas y sabidas?

Para obtener permiso para múltiples modificaciones, entre ellas no construir los estacionamientos subterráneos que están en la licitación, Enjoy prometió a la SCJ edificar un hotel 5 estrellas, el cual ahora no levantarán argumentando que eso no está en la licitación ganada.

Algunos críticos plantean una desatención sobre un tema que marcará la calidad de la infraestructura turística de Pucón por las próximas dos décadas. Esto hizo que la Cámara de Diputados creara una comisión "Investigadora de Casinos". El foco era hacer seguimiento a las licitaciones e investigar por qué se le permitió a Enjoy participar en las licitaciones de los llamados casinos municipales.

Por 111 votos a favor y 5 en contra, la comisión determinó "favoritismo y mano blanda" por parte de la superintendenta Vivien Villagrán hacia Enjoy, hecho dado a conocer por el presidente de la comisión, diputado Rodrigo González.

Finalmente, algunos concejales y la Cámara de Turismo de Pucón alzaron la voz, afirmando que se está construyendo un "casino- galpón" y que el proceso se ha hecho de espalda a la comunidad.

En horas decisivas, apelan a que el Consejo Resolutivo actúe con apego a la ley.

Una gran y buena noticia hemos recibido los científicos al ser aprobada por unanimidad la creación de la Comisión de Conocimiento, Ciencia y Tecnología en la Convención Constitucional. Esto cobra vital importancia ya que en estos últimos casi dos años esos dos temas han copado la agenda noticiosa, la redacción de un proyecto de nueva Constitución y la pandemia por la CoViD.

Parecen dos temáticas alejadas, pero la verdad es que tienen más puntos en común de lo que se pudiera pensar. De hecho, para poder combatir la pandemia se requiere realizar ciencia en nuestro país y, para poder realizar ciencia, se necesita de una institucionalidad que encuentre su raíz en la Constitución. El desarrollo de la ciencia encuentra su base en el número 10 del artículo 19 de nuestra Constitución, al establecer que al Estado le corresponde estimular el desarrollo de la investigación científica y tecnológica, algo que se ve plasmado en la creación de instituciones como ANID y constituye una de las áreas en las que mejor se manifiesta el rol subsidiario del Estado.

Por una cuestión de tipo histórica, Ciencia y Tecnología (CyT) en Chile casi siempre han estado vinculadas a educación y las universidades, por lo que no extraña que este rol de estimular la investigación que la Constitución asigna al Estado, se encuentre en un numeral que, en lo principal, trata sobre el derecho a la educación. Esto hace que el incentivo a la ciencia se diluya dentro de otro tema de altísima importancia como es educación, algo que queda de manifiesto si se examina cualquier texto de Derecho Constitucional en el apartado que estudia el artículo 19 Nº 10.

No cabe duda que desde la creación de la Conicyt en 1967 y la implementación de programas como Fondecyt y Fondef en 1981, el desarrollo de la ciencia ha avanzando en ciencias exactas, naturales, sociales y, también, en humanidades. Basta comparar el número de proyectos, montos, tipo de investigadores y variedad de convocatorias en el intervalo 1981-2021 los que, evidentemente, han dado saltos gigantescos.

Sin embargo, 50% de la inversión en CyT en el país la realiza el Estado, 20% las universidades y 30% las empresas, números que se encuentran invertidos comparados con los de Corea del Sur, donde la mayor parte de la inversión en CyT la realizan las empresas.

Se debe aprovechar la oportunidad de la propuesta de nueva Constitución, ya que así se puede dar a la investigación en CyT un lugar especial en el texto constitucional, que no es una ley más. Constituye, de acuerdo a Kelsen, la cúspide de una jerarquía gracias a la cual, la investigación científica alcanzaría un rango destacado y un rol fundamental para el desarrollo del país.

Carlos Peña,