La Contraloría General de la República tomó razón del decreto ingresado por el Presidente Sebastián Piñera que declara Estado de Excepción constitucional en cuatro provincias de la macrozona sur.

Con esto, las Fuerzas Armadas (FF.AA.) podrán colaborar con las policías en el control del orden público en la zona, alterado durante los últimos meses por diversos hechos de violencia.

Labores específicas

En ese sentido, la Contraloría enfatizó que las Fuerzas Armadas solo deberán apoyar con logística, vigilancia, transporte y tecnología, pero que no pueden realizar operativos policiales de forma autónoma. También podrán desplegar unidades aéreas, terrestres y marítimas. Junto con esto -agrega la resolución- las Fuerzas Armadas tendrán derecho a autorizar la celebración de reuniones en lugares de uso público, controlar la entrada y salida en la zona declarada en Estado de Emergencia y el tránsito en ella. Asimismo, podrán "dictar medidas para la protección de las obras de arte y de los servicios de utilidad pública, centros mineros, industriales y otros".

Duración

La declaración del Estado de Excepción tendrá una duración de 15 días desde la publicación en el Diario Oficial, prorrogables por otros 15 días.

Entre otras cosas, contempla el nombramiento de los jefes de Defensa Nacional que estarán a cargo de la zona: en las provincias del Biobío y Arauco estará el contraalmirante de la Armada Jorge Parga Balaresque, mientras que en las provincias de Cautín y Malleco lo hará el general de brigada del Ejército Lionel Curti Santibáñez.

15 días de duración tiene la declaración de Estado de Excepción y será prorrogable por otros 15 días.

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco condenó a M.J.I.Ñ. a la pena única de 12 años de presidio efectivo, en calidad de autor del delito reiterado de violación de menor de 14 años, ilícito perpetrado entre 2015 y 2019, en la capital regional.

En fallo unánime, el tribunal aplicó, además, a M.J.I.Ñ. las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, la inhabilitación absoluta para el ejercicio de profesiones titulares mientras dure la condena y la inhabilitación absoluta perpetua para cargos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren relación directa y habitual con personas menores de edad.

En la causa, el tribunal impuso a M.J.I.Ñ. la pena efectiva de 818 días de presidio, más la accesoria de suspensión para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, como autor del delito tentado de violación de mayor de 14 años.