Los estudios dan cuenta del deterioro que ha sufrido la Tierra en el último siglo. El aumento de gases de efecto invernadero y el alza de las temperaturas son una bomba de tiempo que amenaza con el derretimiento de los casquetes polares y, con ello, representa un enorme riesgo sobre países y zonas costeras densamente pobladas.

Una proyección realizada en Estados Unidos estima que el nivel del mar habrá crecido dos metros para el año 2100. Las nuevas estimaciones, más pesimistas que otras, se basan en una mejor comprensión de cómo se ha comportado en el pasado la capa de hielo de la Antártida y en un análisis de cómo se verá afectada por el cambio climático en el futuro.

No es la primera vez que se alerta que el aumento de las temperaturas está teniendo efectos desastrosos en las zonas con hielo, tanto en los polos, como en lugares altos del planeta. El cambio climático también se ha hecho sentir con notoriedad en Chile. Así lo refleja el Informe Anual 2020 de Medio Ambiente publicado hace unos días por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), dando cuenta de que el número total de olas de calor en el país aumentó fuertemente en las temporadas de noviembre a marzo de los años 2010-2011 y 2019-2020, al pasar de 9 a 62. A su vez, las lluvias disminuyeron en catorce estaciones de medición, entre 2015 y 2019, coincidiendo con los episodios de sequía que vive Chile desde hace poco más de una década.

El discurso medioambientalista ha calado hondo en la discusión mundial, por los efectos nocivos que la acción del hombre está ejerciendo sobre el planeta, que pueden llevarlo incluso a una situación extrema de poner en peligro la vida humana y de otras especies.

En nuestro país se han dado pasos importantes con el fin de mitigar los daños que se producen a la naturaleza y al cambio climático, como la ley que eliminó la entrega de bolsas plásticas en las tiendas y supermercados, ya que muchas de ellas terminaban en los ríos o en el mar. O el programa de descarbonización de la matriz energética, de manera que ya se ha iniciado el cierre de plantas termoeléctricas a carbón por el daño ambiental que producen.

El año pasado los presidentes de los países que conforman la Alianza del Pacífico suscribieron una Declaración Presidencial sobre el desarrollo del Mercado Digital Regional (MDR) y el impulso hacia la transformación de la región, donde se estableció la necesidad de elaborar e implementar una Hoja de Ruta que permita tener acciones coordinadas para enfrentar los desafíos que nos impone el mundo digital actual y la necesaria recuperación económica postpandemia.

Como sabemos, las tecnologías de la información y la comunicación, en general, tienden a generar un impacto que va más allá de nuestras propias fronteras. Por eso es fundamental contar con un conjunto común de leyes, instituciones y normas armonizadas en áreas estratégicas tales como ciberseguridad, protección de datos personales, derecho del consumo y propiedad intelectual, por solo mencionar algunas.

En este último punto, la hoja de ruta en desarrollo propone: identificar y promover el rol de la propiedad intelectual (propiedad industrial y derecho de autor) en la economía digital; lo que se alinea con el contenido del informe de la CEPAL "Hacia una estrategia de Mercado Digital Regional en la Alianza del Pacífico", en el que se advierte la necesidad de la facilitación del comercio en el entorno digital.

La experiencia de la Unión Europea nos muestra que una de las principales medidas en la materia que se tomaron para la construcción del Mercado Único Digital, fue la revisión de las limitaciones y excepciones al derecho de autor, y muy especialmente, la creación de nuevas excepciones relacionadas con la minería de textos y datos.

A pesar de que algunos expertos han sido críticos, en los últimos años se ha reconocido a nivel mundial la necesidad de actualizar la normativa de derecho de autor para favorecer la innovación responsable, esto es, la creación de más y mejores avances tecnológicos que a su vez pueden contribuir con el desarrollo económico.

Así, se considera conveniente evaluar la viabilidad o necesidad de crear nuevas excepciones para la minería de textos y datos; analizar la normativa de los países de la Alianza para determinar si corresponde o no hacer modificaciones a las limitaciones y excepciones al derecho de autor y evaluar el impacto que tendría permitirla incluso para investigaciones privadas con fines comerciales, esto en búsqueda de nuevos equilibrios.

En ese orden, se recomienda la generación de estrategias para la ampliación de acceso a los programas informáticos y bases de datos de código abierto, así como la elaboración de estrategias para la comprensión y promoción de las licencias open source.

La Hoja de Ruta se encuentra actualmente en proceso de implementación y busca ser la brújula que guíe las acciones de los 14 Grupos de Trabajo y Comités, autoridades y actores involucrados en la implementación del MDR durante los próximos meses ya que en ella se fijan los objetivos y acciones que se han de emprender por lo que luce como una oportunidad que no debemos desaprovechar.

Michelle Azuaje Pirela,

coordinadora de Propiedad Intelectual,

Universidad Autónoma de Chile