Deudas de pensión de alimentos
Nueva legislación establece doce medidas para penalizar a quienes deban tres mensualidades consecutivas o cinco discontinuas. Nueva legislación representa un gran avance y así lo han destacado las autoridades de diversos sectores.
Recientemente se promulgó la ley Nº 21.389 que crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, y cuya finalidad es perfeccionar el sistema de pago en favor de los hijos.
La nueva legislación establece doce medidas para penalizar a quienes deban tres mensualidades consecutivas o cinco discontinuas. El Registro Civil estará a cargo de mantener esos datos, que influirán en la retención obligatoria de fondos, desde créditos otorgados; de las devoluciones de impuestos; de la compraventa de vehículos e inmuebles y remuneraciones; además de establecerse trabas para obtener licencias de conducir y pasaportes. También la norma señala que será considerado un delito de violencia intrafamiliar el no pago reiterado de pensiones alimenticias, pues eso vulnera la autonomía, el patrimonio y la subsistencia de quienes tienen a cargo los niños y niñas.
Entre las nuevas medidas se encuentra la retención de parte de los fondos si el deudor solicita un crédito bancario igual o superior a 50 UF; los deudores no podrán recibir beneficios económicos públicos o bonos del Estado, pues el dinero será traspasado al pago de lo adeudado. Si un deudor es despedido de su trabajo, pagará la pensión alimenticia a través de la indemnización por años de servicios, al igual que si vende un inmueble o vehículo, ya que el Conservador de Bienes Raíces o el Registro Civil, podrá inscribir el traspaso, sólo en la medida que se acredite judicialmente que con las ganancias de la venta se pagará la pensión de alimentos.
Esta nueva legislación representa un gran avance y así lo han destacado las autoridades de diversos sectores, pues se busca poner límite a problemas que muchas familias arrastran durante años y que obligan a las víctimas a exponerse a reiterados trámites legales para que se respeten sus derechos, o a sufrir incluso extorsión de parte de quienes cometen este tipo de agresión económica. Por otra parte, es positivo que haga partícipes a la comunidad y a instituciones frente a una situación de abuso reiterado, sacándola desde la esfera privada en que hoy suele manejarse, a una pública, con sanción social y material real.