El Austral

La urgente necesidad de solucionar el problema que se ha producido con los consejeros regionales, recientemente electos, que permanecerán en sus cargos menos de tres años, contraviniendo incluso la voluntad de los electores, expresó mediante un oficio el presidente de la Asociación Nacional de Consejeros de los Gobiernos Regionales de Chile, Ancore, y consejero de La Araucanía, Marcelo Carrasco.

El citado documento, que explica la génesis del problema así como sus múltiples y negativas consecuencias, fue dirigido a la presidenta del Senado, Ximena Rincón; al presidente de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen; al ministro del Interior, Rodrigo Delgado y al ministro secretario general de la Presidencia, Juan José Ossa.

Sobre la preocupación que existe entre los consejeros regionales a nivel nacional, Carrasco explicó que "siempre, como colectivo, actuamos con la mejor voluntad, suponiendo que las decisiones que se estaban adoptando podrían ayudar y mejorar la participación electoral, sin embargo, aquello no ocurrió".

Por otra parte, agregó que "es necesario señalar que la ciudadanía al momento de votar por sus candidatos, en las elecciones de Presidente de la República, parlamentarios y consejeros regionales lo hizo pensando de buena fe, que el periodo que les correspondería a las autoridades electas, era el plazo legal de 4 años, como siempre había sido, pero desgraciadamente eso no se está cumpliendo".

Afrenta electoral

El problema, sostiene Marcelo Carrasco, es que la situación descrita constituye en la práctica una afrenta a nuestra democracia electoral, toda vez que el disminuir la duración de los cargos electos por sufragio universal, sin una consulta a la ciudadanía, se ve como una política mal implementada, que perjudica, sin mayor razón, a quienes han sido encomendados por los ciudadanos para desempeñarse en cargos de elección popular.

Es más, añadió Carrasco, "son estas las medidas que alejan a la ciudadanía de la actividad política, ya que situaciones como las descritas terminan entendiéndose, por parte de las personas, como un ocultamiento de información que perjudica al que menos reclama". Por otro lado, indicó, "pensamos que se deben perfeccionar las normas y principios que motiven la participación de los ciudadanos en el proceso democrático. Lo que se necesita es una mayor competitividad, derribando inhabilidades y trabas que existen para que diversos actores relevantes puedan presentarse como candidatos".

"La baja participación de los electores, prosiguió el consejero Carrasco, requiere que los distintos partidos y movimientos políticos, puedan llevar a cada elección a sus mejores candidatos y, también, dotar de participación efectiva a los independientes que cumplan con los requisitos para intervenir en los procesos eleccionarios".

Propuesta

Por todo lo expresado anteriormente, manifestó Marcelo Carrasco y considerando que ya se modificó todo el calendario electoral, lo que se propone es que el próximo periodo electoral se regule y uniforme en cuanto a la duración en los cargos de las autoridades electas. En ese sentido, dijo, dado que en noviembre de 2021 se eligieron Presidente de la República, senadores en las circunscripciones donde corresponde, diputados y consejeros regionales, proponemos que en noviembre del año 2025, se realice todo el proceso eleccionario completo, de manera tal, que estas autoridades entreguen el cargo el día 11 de marzo del año 2026 a las nuevas autoridades electas, con el objeto que todas puedan cumplir los cuatro años en el cargo.

Es decir, que concejales, alcaldes, diputados, gobernadores regionales y consejeros regionales, a contar de la elección correspondiente a noviembre de 2021, se mantengan en sus cargos cuatro años. Por último, Carrasco indicó que los consejeros regionales "también proponemos eliminar todas las inhabilidades de quienes ejercen cargos de representación popular, para competir por cualquier otro cargo elegido por la ciudadanía".

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"Pensamos que se deben perfeccionar las normas y principios que motiven la participación de los ciudadanos en el proceso democrático". Son estas las medidas que alejan a la ciudadanía de la actividad política