Diputados de la Región de La Araucanía se cuadraron para respaldar la validez legislativa de la ya promulgada Ley Juan Barrios, normativa legal que estuvo en la polémica en las últimas horas luego de las declaraciones emitidas por un dirigente gremial de camioneros.

Todo tiene su génesis en declaraciones efectuadas por el presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC), Juan Araya, quien luego de una reunión con el presidente electo Gabriel Boric, en Santiago, declaró que el paro de camioneros desarrollado a mediados del año 2020 habría sido forzado por el Gobierno por intermedio de la Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC).

"En el paro del 2020 nosotros no estuvimos, nos adherimos. (…) Ese paro, por palabras del presidente de ellos (Sergio Pérez), se lo pidió el Gobierno para que hubiera la Ley Juan Barrios, para que hubiera Ley de Armas, todas las leyes que todavía no salen. Y al final, (en) ese paro, el control lo tomaron los choferes. Pero eso es parte de la historia", señaló Araya.

Reacciones

El diputado Jorge Rathgeb (RN) dijo que le quedó la duda respecto a si las declaraciones de Araya fueron "para querer abuenarse o aparecer como simpáticos ante el nuevo gobierno. Tengo las dudas de cuál fue la finalidad de decir aquello".

"De todas maneras, esto no empaña a la Ley Juan Barrios, porque todos sabemos que su fallecimiento no fue ningún montaje ni ninguna orden. Sabemos las circunstancias terribles en las que ocurrió su muerte y nadie podría pensar que declaraciones podrían enlodar el esfuerzo legislativo que se hizo para avanzar en dar justicia al terrible asesinato del camionero Barrios", dijo Rathgeb.

Por otra parte, el diputado Miguel Mellado (RN), enfatizó que "las palabras de Araya no pueden enlodar la legitimidad de una ley que hace justicia a los camioneros de Chile".

"Él debe pedir disculpas, no solo al Presidente de la República, sino que también a sus propios conductores y pequeños transportistas que sufren diariamente por la violencia, por terroristas, y se ven salpicados por sus dichos", insistió Mellado.

Por otra parte, la diputada Andrea Parra (PPD) opinó que las declaraciones de Araya eran "muy graves" y que espera que se aclaren. No obstante, agregó que ella votó a favor de la Ley Juan Barros "sin considerar ningún tipo de presiones, ni tampoco el paro de los camioneros, porque lo relevante de la norma es que se dio una señal política en torno a rechazar la violencia como una forma de conseguir objetivos".

Así también, el diputado Ricardo Celis (ind-exPPD) indicó que los dichos de Araya ratificaron "una sospecha", pero que para la aprobación de la Ley Juan Barrios "no hubo ningún tipo de manipulación y ningún diputado fue sujeto de ningún chantaje".

"Es una deuda que teníamos como país con los camioneros, que son trabajadores como todos", cerró Celis.

"

"Las declaraciones de Araya no empañan la Ley Juan Barrios, que viene a dar una señal de avanzar en justicia sobre el asesinato tan terrible que ocurrió".

Jorge Rathgeb,, diputado RN

Luego de las polémicas declaraciones, el presidente de la CNDC, Juan Araya, moderó sus dichos y dijo que aquel comentario fue uno de los que "escuchó" dentro de su gremio. Pues bien, tras ello, el presidente de la CNTC, Sergio Pérez, dijo a El Mercurio que prefería pensar que Araya estuvo pasando un "día desafortunado". "Jamás, ninguno de nuestros dirigentes o yo personalmente, voy a estar de acuerdo con un gobierno para hacer un paro (...) los verdaderos dirigentes gremiales, y particularmente los de los camioneros, jamás nos vamos a disfrazar de operadores políticos", enfatizó Pérez. Ante todo esto, el ministro del Interior Rodrigo Delgado, comentó que todo parece "una rencilla entre gremios".

El Juzgado de Garantía de Collipulli condenó a un menor de edad que estuvo involucrado en delitos relacionados con el tráfico de drogas, armas y municiones, además de robos violentos y amenazas.

Se trata de un joven de iniciales S.I.P.P., con domicilio en la comunidad de Temucuicui, quien fue condenado por los delitos de tráfico ilícito de drogas, tenencia ilegal de arma de fuego, tenencia ilegal de municiones, robo con violencia agravado, receptación de vehículo motorizado y amenazas, delitos ocurridos entre el año 2018 y el 2021.

Al ser menor de edad, el joven fue condenado a penas que suman dos años de internación en un recinto con régimen semicerrado y otros tres años de libertad vigilada.

De acuerdo con los antecedentes recopilados por la investigación de la Fiscalía, el joven fue posicionado y ubicado en tres hechos. El primero es que formaría parte de un clan familiar dedicado a la siembra, cultivo y comercialización ilegal de marihuana al interior de Temucuicui, en donde también está involucrado el werkén Jorge Huenchullán Cayul, quien sigue prófugo.

El segundo hecho ocurrió el 21 de noviembre del 2020, en donde el menor habría participado en un robo con intimidación en las cercanías de la ciudad de Victoria, en donde un hombre fue intimidado y golpeado para robarle su camioneta.

El tercer hecho ocurrió el 15 de noviembre del 2020, en donde el individuo, junto a otro sujeto, amenazó de muerte a un cabo segundo de Carabineros, con quien se encontró en el sector urbano de Ercilla y le exigió un arma de fuego "tipo Uzi" y le manifestó que lo matarían.