Los accidentes de tránsito son un problema recurrente en las rutas de la Región. Prácticamente todos los días los medios de comunicación y las redes sociales dan cuenta de colisiones en las que muchas veces resultan personas lesionadas o incluso fallecidas.

Por ello es que esta materia debe ser puesta constantemente en la discusión, con la finalidad de que cada persona que asume un rol como conductor de un vehículo motorizado o bien como un peatón en la vía pública, asuma las responsabilidades que le competen a fin de adaptar las prevenciones correspondientes que salvaguarden su seguridad y la de otros.

Este 2022 no partió bien en torno este tema, ya que Carabineros informó que en lo que va de este año a nivel nacional ha habido un incremento importante en los accidentes de tránsito, toda vez que los incidentes en las rutas han crecido un 10%, mientras que los lesionados un 11%, y se registra un 56% más de muertes respecto a otros años.

En cuanto a las causas de los siniestros, estas son principalmente por no conducir atento a las condiciones de tránsito, a exceso de velocidad o peatones que cruzan las calles sin precaución. Al respecto, el director nacional de Orden y Seguridad de Carabineros, el general Enrique Monrás, apunta que "lo que más nos preocupa es que en poco más de un mes debemos lamentar cerca de 4.700 lesionados y 178 fallecidos. Son muchos compatriotas con secuelas graves y casi 200 familias de nuestro país que han sufrido pérdidas irreparables. En muchos casos, por situaciones que son absolutamente evitables".

Y si bien en lo que va de este año Carabineros ha realizado 476.377 controles vehiculares, en promedio 12.900 inspecciones a automóviles al día, y ha cursado 93 mil infracciones, de las cuales casi 15 mil corresponden a exceso de velocidad, lo cierto es que si no se genera una real toma de conciencia por parte de quienes se desplazan en el espacio público los accidentes seguirán ocurriendo, ya que más allá de las fiscalizaciones y sanciones que se impongan a los infractores, se requiere una real toma de conciencia la que, por supuesto, debe ser individual.

La organización del Poder Judicial es un tema que desde hace tiempo viene discutiéndose en los grupos de interés ligados al gremio, aunque no figura dentro de los asuntos más vistosos dentro de la actual conversación constitucional. Con todo, varias iniciativas se han presentado sobre la materia en la Convención Constitucional.

Las que han generado mayor ruido dicen relación con los siguientes elementos: el control de constitucionalidad de las leyes, la creación de un organismo autónomo encargado de las funciones que hoy ejercen las cortes y que no están directamente vinculadas con resolver litigios - ascensos, nombramientos, o sanciones, entre otras -, la existencia de los abogados y abogadas integrantes, y la duración en el cargo de magistrados y magistradas.

Respecto del primer punto creo que jueces y juezas de carrera cuentan con mayores competencias para identificar conflictos entre las leyes que cotidianamente aplican y la Constitución. Otro asunto es perfilar este sistema de tal manera que se optimice la protección de la supremacía constitucional. Cabe recordar que la existencia del Tribunal Constitucional en Chile data de 1970 y que fue, paradójicamente, suprimido y repuesto por la dictadura.

El segundo tema no es menos complejo. Se plantea la creación de un órgano que efectúe las funciones no jurisdiccionales del Poder Judicial. Se mira a modelos como el de Argentina, Italia o Colombia y a tal órgano se lo denomina Consejo de la Magistratura, de la Judicatura o rótulos similares. Lo reconozco, tiempo atrás fui un entusiasta de esta idea. Hasta que observé los resultados que en la práctica ocasionaban. En la mayoría de los sistemas mencionados esta institución ha incrementado la politización de la judicatura en lugar de suprimirla.

Los abogados y abogadas integrantes, tercer asunto, son profesionales del Derecho que no provienen de la carrera judicial y que son nombrados para reemplazar magistrados de las Cortes de Apelaciones y Corte Suprema cuando se ven impedidos de asistir a una gestión judicial. Provienen del ejercicio profesional y portan intereses (como todos lo hacemos), tienen un paso transitorio en el poder judicial. Caldo de cultivo para la falta de imparcialidad.

Por la misma razón me parece un contrasentido la idea de establecer un periodo para el ejercicio de la función de magistrados y magistradas, aunque fuere renovable.

Si las juezas y los jueces tuvieran un paso transitorio por el poder judicial, no podrían ser genuinos especialistas en su labor, existirían incentivos para politizar sus nombramientos y expondrían esa importante función a "cantos de sirena" que se empeñen en conquistarlos en sus decisiones cotidianas para ofertarles un buen futuro. Justamente lo que no queremos ni necesitamos en el país que queremos construir un Caballo de Troya.

José Ignacio Núñez Leiva, académico doctorado en Derecho Ucen e

investigador Observatorio Nueva Constitución