Cuando solo habían pasados unas horas desde la invasión de Rusia a Ucrania se hicieron evidentes los efectos iniciales en la economía internacional. Las maniobras militares se manifiesta en un escenario económico ya golpeado por dos años de pandemia. En la actualidad, claramente, la inestabilidad y la incertidumbre por la invasión rusa suman otro obstáculo para la anhelada reactivación .

Este conflicto no sólo golpea económicamente a los vecinos de los países en conflicto y a las grandes economías, sino que también nuestro continente podría sufrir las consecuencias.

Es más, antes de la invasión, Estados Unidos había advertido medidas y sanciones contra Rusia, alcanzando el petróleo su mayor valor en siete años. ¿El motivo? Principalmente el temor a que, en algunos países, se interrumpiera el suministro de crudo generando escasez de petróleo en América Latina.

Según el académico de Ingeniaría Comercial de la Universidad Andrés Bello y Magister en Economía Aplicada, Denis Muñoz, esto se debe a que "Rusia es el segundo país mayor exportador de petróleo después de Arabia Saudita. Además, se ubica en el puesto número tres como el mayor productor de crudo. Por lo tanto, si se cierra el grifo a la distribución de petróleo ruso en todo el mundo, algunas industrias y la población en general podrían ver un impacto inmediato ante la falta de suministro de combustible".

En el caso chileno, según Muñoz, los efectos también se pueden dejar sentir, debido a que la nuestra es una economía abierta y dependiente en términos energéticos del resto mundo. Se espera un alza en el precio del petróleo, una caída en las bolsas internacionales lo que, a su vez, va a generar una caída en el crecimiento mundial. Por lo tanto, caerán los precios de las materias primas, como el cobre y otros, lo que impactará a Chile, donde el cobre representa aproximadamente la mitad de las exportaciones de nuestro país. A su vez, el fuerte incremento en el precio del petróleo generará un incremento en el precio de los combustibles y el transporte, presionando aún más la inflación interna.

De todos modos, hay que estar atentos y ver cómo seguirá desarrollándose este conflicto para dimensionar su alcance y consecuencias.

Durante muchas décadas nuestras regiones han reclamado por el excesivo centralismo de nuestra capital nacional, la que solo en el 2% de todo nuestro territorio aglutina ávidamente a una población de ya casi ocho millones de habitantes y que concentra el 75% de las grandes empresas y por ello se convierte en el lugar donde se paga el doble de los sueldos por el mismo trabajo que realizamos en regiones.

Hay que ser justo y reconocer que en los últimos quince años algo hemos mejorado, sin embargo esta mejoría es aún insuficiente para crecer a un mayor ritmo y avanzar en su desarrollo económico y social ¿qué se debe hacer al respecto?

En la actualidad, por una mayoría soberana, se ha acordado modernizar y hacer una Constitución más justa y equitativa para todo el territorio. Durante estos días hemos sido informados muy tangencialmente de mociones que se han elaborado por algunos constitucionalistas con la finalidad de abrirnos posibilidades de crecimiento: autonomía, elección democrática de sus máximas autoridades regionales, facultades para administrar los aportes fiscales, incluso se habla de un Parlamento Regional que se preocupe en el mismo lugar de las regiones, de institucionalizar la solución de las aspiraciones que presenten autoridades u organizaciones comunitarias o empresariales.

Hay que repetir responsablemente, sobre todo en estos momentos de innovaciones políticas, respecto del desequilibrio que existe y que aún mantiene la ventaja desmedida de que mientras la Región Metropolitana avanza hacia la modernidad, en nuestro caso La Araucanía aparece en medida importante retrasada al respecto.

Por ello es necesario que las regiones en general adquieran mayor autonomía para adoptar sus decisiones y que el Estado entregue mayores aportes y por ende genere condiciones más favorables para el desarrollo a través de políticas públicas adecuadas. Con esto no se propone -como sostienen personajes del centralismo en forma mañosa y artera- que se pretende la creación de un régimen político federado, sino que se trata simplemente de una mayor autonomía para las regiones, lo que en otros países ha traído muchos beneficios.

Pero en un análisis serio y constructivo, el desarrollo no es solo responsabilidad del Estado, también la empresa privada debe ser más creativa y audaz para invertir en regiones, comprometiéndose con proyectos que generen empleo y riqueza.

Entonces, cuidado constitucionalistas de regiones con caer en las redes de quienes pretenden seguir con que "Santiago es Chile". Deben apoyar , respaldar y defender toda innovación que abra de una vez por todas horizontes para quienes elegimos estas patrias chicas que pueden ayudar a construir un país más justo y equitativo.

Roberto Muñoz Barra,

exsenador, presidente Instituto Estudios Públicos Social Demócrata

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