Avances en inclusión
Más de dos millones de chilenos tienen algún grado de discapacidad. Ha habido avances en la materia, pero aún falta mucho. Falta avanzar respecto a la fiscalización de cuotas de contrataciones de personas en empresas y en igualdad de condiciones económicas.
El 10 de febrero de 2010 entró en vigencia la Ley N°20.422 que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad. La normativa modificó la legislación de 1994 y estableció que empresas públicas y privadas con más de cien trabajadores deben reservar el 1% para empleados en condición de discapacidad, o bien optando por alternativas como realizar donaciones o subcontratando personal. Asimismo, eliminó la disposición que establecía que se les pagaría un sueldo menor al mínimo.
Más de dos millones de chilenos tienen algún grado de discapacidad. La mitad tiene una disminución importante de su funcionalidad o graves dificultades para realizar autónomamente actividades esenciales de la vida cotidiana. Por ello, la ley promovió la cooperación público-privada, entendiendo que la discapacidad es un tema que afecta a toda la sociedad y que es por lo tanto deber de todos contribuir a superar las barreras que impiden o dificultan la plena integración de esas personas.
Es necesario reconocer que ha habido avances, pero aún falta mucho. Es posible ver cómo las municipalidades se han preocupado de disponer los rebajes de soleras en las esquinas, para el paso de las sillas de ruedas. Asimismo, los edificios de servicios públicos, edificios habitacionales y centros comerciales han construido accesos desnivelados, aunque son muchas las construcciones particulares que aún no los tienen.
La ley de inclusión laboral ha sido evaluada para medir el real impacto de la cuota en el empleo y la eventual mantención o aumento del porcentaje y esto se seguirá haciendo cada cuatro años.
Es cierto que la legislación sobre inclusión ha ayudado a los discapacitados, pero aún falta mucho por avanzar, en especial respecto a la fiscalización de cuotas de contrataciones de personas en empresas y en igualdad de condiciones económicas. Además, una normativa puede transformarse en letra muerta si no hay un compromiso cultural de la ciudadanía para incluir a ese importante segmento de la población, respetar sus derechos y darle las oportunidades necesarias.