El robo de vehículos es uno de los delitos que más ha aumentado en la última década en el país, tal vez por el gran crecimiento del parque automotor, porque las bandas los usan para cometer otros ilícitos o porque las sanciones no han sido suficientes. Algunos de estos delitos ocurren por la acción conocida como "portonazo", que se ha acentuado, se ha hecho más violenta, incluso ha dejado víctimas fatales y ha puesto en riesgo la seguridad de adultos y niños.

De acuerdo con cifras de Carabineros, el año 2021 se registraron 5.103 delitos violentos vinculados a automóviles. En ese período ocurrieron en el país 2.863 encerronas y 2.240 portonazos. Hace unos días, la Asociación de Aseguradoras de Chile ha dado a conocer el fuerte aumento que ha tenido este tipo de robos. Entre enero y febrero han sido sustraídos 2.414 automóviles, solo considerando aquellos que están asegurados. En iguales meses del año pasado se reportaron 1.700 casos.

No obstante, se sabe que los robos no violentos son muchos más, porque los autores vulneran las cerraduras de los automóviles, no para llevárselos, sino para sustraer especies fácilmente transables en el comercio ilegal, como vestuario, celulares, notebook, rueda de repuesto, radio o herramientas. Las bandas incluso asignan tareas a sus integrantes.

La policía ha recomendado prevención a los conductores, considerando que algunos no cuentan con elementos de seguridad, que son dejados en lugares oscuros, a veces con las puertas sin seguro y con especies a la vista en el interior, lo que es un incentivo para los ladrones. La mayoría de estos vehículos con encargo por robo son comercializados a través de redes sociales, ferias de las pulgas de cada comuna, y otras plataformas de venta en línea.

Por último, entre las recomendaciones ante este escenario se encuentran el evitar estacionar los vehículos en zonas poco transitadas, oscuras o sin vigilancia; y en la medida que se pueda preferir los estacionamientos pagados o cercanos al lugar donde estará el conductor.

El país vive hoy un momento único, y desde la Corfo, que en estos días celebra sus 83 años, tenemos una importante tarea que cumplir. Es por eso que nuestros esfuerzos se van a desplegar desde diversos frentes, teniendo como ejes transversales la sustentabilidad, la equidad de género y el desarrollo regional.

En primer lugar, seguiremos impulsando la recuperación económica, a través del Plan Chile Apoya y otras iniciativas, poniendo a disposición de las micro, pequeñas y medianas empresas diversos instrumentos de la Corfo para ayudarlas a enfrentar sus problemas más urgentes y generar capacidades o competencias más permanentes que les permitan crecer y mejorar su productividad.

Mantendremos también un fuerte impulso al emprendimiento, la innovación y el fomento productivo, pero con una mirada esencialmente regional, entendiendo las heterogeneidades entre los distintos territorios.

La tercera dimensión, que es más novedosa respecto de lo que ha venido haciendo la Corfo, es lo que, siguiendo los lineamientos de la OCDE, se conoce como nueva política industrial. Este eje incluye desde mesas de coordinación público-privada para la solución de problemas que afectan a diversos sectores productivos, hasta la creación de una nueva Banca Nacional de Desarrollo que permita financiar grandes proyectos de inversión. Para ello vamos a impulsar iniciativas que se derivan de la idea de 'misiones' que va a trabajar el gobierno en función de preocupaciones relevantes de la sociedad, entre las que se pueden contar: soluciones para enfrentar la escasez de agua o la descarbonización para mitigar el cambio climático.

Se trata de aprovechar las ventajas y la vocación productiva de las regiones para potenciar industrias de alto valor que permitan dinamizar sus economías, generar más y mejores empleos e impulsar nuevas y más diversas actividades que vayan fortaleciendo el tejido productivo, las capacidades de desarrollo y la identidad de cada territorio. Todo esto lo haremos fortaleciendo el trabajo y las capacidades de los equipos regionales de Corfo, los vínculos con la academia y el sector privado y, por supuesto, el diálogo con la sociedad civil organizada y la coordinación con los gobiernos regionales.

José Miguel Benavente,

vicepresidente ejecutivo