El mercado laboral ha tenido marcados cambios en los últimos años, en buena parte debido a la pandemia de covid 19, que aceleró la entrada del teletrabajo y la actividad híbrida, y porque el empleo asalariado está siendo reemplazado por el trabajo por cuenta propia, acorde a los tiempos. Asimismo, hay una gran rotación de los empleados, a diferencia de lo que ocurría hace décadas, cuando los funcionarios cumplían toda una vida laboral en la misma empresa. Sin duda los cambios más relevantes han ocurrido a partir de marzo de 2020, cuando en todo el mundo se hizo necesaria la vigencia del teletrabajo, como una exigencia para evitar mayores contagios.

Pero desde años anteriores se vislumbraban los cambios, porque lo cierto es que las máquinas -cada vez más inteligentes- están reemplazando muchas de las labores que eran realizadas por personas, lo que hasta hace poco era inimaginable. Basta ver lo que ocurre en las cajas de pago automático en los supermercados, la autoatención en las bencineras, y cómo gran parte de las operaciones bancarias o en servicios públicos es posible realizarlas vía Internet, por computador o celular. El trabajo a distancia y no presencial que están realizando miles de empresas es una prueba de estos acelerados cambios en el mercado laboral. Las empresas que más usaron el teletrabajo el año pasado fueron las de sectores de información y comunicaciones, suministro de electricidad y gas, enseñanza y actividades financieras y de seguros.

Los cambios exigirán mayor especialización, innovación e inteligencia, lo que obliga a tener una nueva visión de la forma en que abordamos nuestro desempeño remunerado.

Estamos en presencia de una transformación de magnitud enorme, mientras la función de los gobiernos es disponer legislaciones que eviten abusos y perjuicios contra los trabajadores. Pero lo importante es prepararnos, porque la flexibilidad laboral, la educación y capacitación permanente de las personas serán vitales en este nuevo escenario.

La tolerancia a la violencia también tiene sus límites. El problema está en que cuando la violencia alcanza los límites de lo tolerable, la respuesta a ella es una reacción igual o más violenta, que puede provenir desde el propio Estado o de la sociedad civil, con ingentes costos para los países.

En Chile llevamos más de dos años y medio tolerando una violencia sostenida que se manifiesta de diferentes formas, desde la que se expresa en la calle, en forma de vandalismo, la que está asociada a la delincuencia común, y la terrorista que está instalada desde hace bastante tiempo en La Macrozona Sur.

Es cierto que la violencia siempre ha estado presente en la sociedad chilena, pero lo que viene ocurriendo en Chile desde 2019 es que esa violencia se institucionalizó. ¿Qué significa esto? Que la violencia fue validada como mecanismo de expresión política para conseguir determinados objetivos y demandas, como respuesta a lo que algunos sectores consideraron 30 años de abusos desde el retorno a la democracia, como parte de una retórica falaz, que solo buscaba dar legitimidad a esa violencia.

En Chile pareciera que estamos frente a una escalada de violencia sin fin, con un agravante adicional: que esa institucionalización de la violencia se vio doblemente reforzada cuando asumieron el gobierno los mismos que desde la oposición validaron la violencia estos últimos años.

Y el resultado de aquello es que siendo el Estado el llamado a resguardar la seguridad de los ciudadanos, la mantención del orden público y el respeto a la ley, utilizando para ello el legítimo uso de la fuerza que le confiere la Constitución y las normas, ese Estado está hoy amordazado por sus actuales administradores, que ya han dado muestras suficientes -a un mes de iniciada su gestión- de que no harán uso de esa coerción legítima para frenar la violencia.

Y si el Estado no es capaz de enfrentar la violencia desatada que exhibe hoy el país, ¿cuáles son las alternativas que quedan? Quizás nadie se atreva a decirlo a viva voz, aunque lo piensen. Pero si el Estado no es capaz de enfrentar institucionalmente la violencia, porque institucionalmente se le ha dado validez, cuando se supere el límite de lo tolerable, se corre el riesgo de que sean sectores de la propia sociedad civil quienes salgan a enfrentarla con sus propios medios por fuera de la vía institucional.

Nadie sensato en Chile quisiera llegar a ese escenario, por eso es fundamental levantar las banderas de alerta, antes de que esta violencia sin límites choque con la frontera de lo tolerable y el torrente de violencia se desborde por los cuatro costados del país.

Carmen Gloria Aravena,

senadora por La Araucanía